La Fiscalía pide archivar otro caso contra la alcaldesa de Mogán sin escuchar a la testigo clave, imputada por error

La Fiscalía ha pedido el archivo de una de las causas penales en las que sigue imputada la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria). Se trata de la pieza que investiga, a raíz de un informe elaborado en 2021 por la Guardia Civil, el presunto amaño de un proceso de mediación para beneficiar con dinero público a un empresario con intereses en el municipio como contraprestación a su apoyo económico a Ciuca (el anterior partido de la regidora sureña) en las elecciones municipales de mayo de 2015. 

El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento provisional al entender que no hay indicios de la comisión de los delitos que la policía judicial atribuía a Onalia Bueno y al resto de investigados. La Fiscalía se suma así a la petición de la defensa de la alcaldesa sin escuchar a la testigo principal de la Guardia Civil, Patricia H., que en la época de los hechos era jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que fue apartada de ese proceso de mediación porque “no estaba dispuesta a someterse al acuerdo” entre la administración y la empresa, según recoge el informe policial que dio origen a esta pieza. 

Patricia H. no ha declarado como testigo porque figura por error desde el inicio de las diligencias (año 2022) como investigada, pese a que el atestado de la Guardia Civil la identifica con total claridad como una de las personas que opuso resistencia a ese acuerdo y, en consecuencia, a lo que los investigadores califican como amaño. Su abogado ha solicitado en reiteradas ocasiones al Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana que enmiende el error y le retire la imputación a fin de evitar mayores perjuicios a la ex responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero sigue sin obtener respuesta. 

Esta empleada pública sólo ha sido citada como investigada y se ha negado a declarar como tal, al entender que arrastra esa condición y no la de testigo de manera injustificada desde la apertura del procedimiento. A diferencia de un investigado, un testigo está obligado a declarar y a decir la verdad en una causa judicial, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con penas de cárcel. 

El origen del caso

El informe que da origen a esta pieza está fechado en junio de 2021. Nueve meses antes, el 17 de septiembre de 2020, la Guardia Civil había detenido a la alcaldesa de Mogán y a otros dos concejales del grupo de gobierno (Mencey Navarro y Tania Alonso), todos de Ciuca, en el marco de la causa que investigaba una presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019. Ese mismo día el equipo de la policía judicial registró las dependencias municipales en busca de determinados expedientes. 

La causa original -sobre el presunto pucherazo- fue archivada en marzo de 2022 por haber prescrito los hechos de 2015 y la falta de pruebas en relación con la cita electoral de 2019. Sin embargo, a raíz de las pesquisas realizadas en el marco de ese procedimiento se abrieron cuatro piezas separadas, siendo una de ellas la del presunto amaño de un proceso de mediación judicial para beneficiar al empresario Luis Oller, que administra las empresas Cornisa del Suroeste y Aguas de Arguineguín, con intereses en el municipio de Mogán. 

Ese proceso de mediación se abrió en septiembre de 2015, tan solo tres meses después de la llegada de Bueno a la Alcaldía. El objetivo era tratar de resolver a través de una negociación un litigio en el que la constructora Cornisa del Suroeste reclamaba al Ayuntamiento el pago de facturas de jardinería y limpieza viaria por un importe superior a los 850.000 euros. Sin embargo, el objeto de la mediación se amplió y se incorporó otros litigios entre ambas partes, entre ellos un pleito que ya contaba con sentencia firme y que obligaba a la promotora a pagar a la administración 1,35 millones porque no había concluido las obras que debía realizar (alumbrado, asfaltado, saneamiento...) en virtud del permiso para construir la urbanización.Incluso se añadieron materias de la otra empresa de Oller, Aguas de Arguineguín, adjudicataria del servicio de abastecimiento de aguas en esa localidad. La Guardia Civil destaca que, meses antes de las elecciones de 2015, el pleno municipal había acordado devolver a manos públicas ese servicio municipal. 

La mediación se resolvió cinco años después con un saldo favorable a la empresa. El Ayuntamiento se comprometió a pagar casi el 90% de las facturas que reclamaba Cornisa del Suroeste y redujo la deuda por las deficiencias en la urbanización de los 1,35 millones a los 270.000 euros. En total, la promotora de Oller recibió cerca de medio millón de euros. 

En su informe, la Guardia Civil sostiene que las actuaciones de Onalia Bueno en este caso revelan su voluntad de “devolver las cantidades” con las que Luis Oller habría financiado a Ciuca en las elecciones de 2015 a través de Salvador Álvarez,  un funcionario municipal que colaboró con ese partido en la campaña y que después fue nombrado “coordinador general” con la tarea, según los investigadores, de “dirigir el procedimiento de mediación ficticio en favor” del empresario. La policía judicial descubrió “evidencias físicas y testificales”, entre ellas algunos cheques, que evidenciaban la participación de Oller en la “financiación ilegal”. 

Para iniciar ese proceso de mediación, el gobierno municipal apartó a la asesora jurídica externa que la anterior corporación había contratado para defender los intereses del Ayuntamiento en el pleito contra Cornisa del Suroeste. Antes de irse, esta abogada llegó a presentar un escrito de oposición a la demanda de la empresa pese a que Salvador Álvarez trató de evitarlo.  “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa”, habría espetado la letrada externa al asesor de la alcaldesa en una discusión, según contó a los investigadores su principal testigo, Patricia H. 

Fue precisamente Patricia H. la persona a la que designó el gobierno liderado por Bueno para representar al Ayuntamiento de Mogán en esa mediación, aunque también terminó siendo apartada después de expresar su disconformidad con la evolución del proceso. Entre otras cuestiones, el informe de la Guardia Civil cita la oposición de la abogada a que se introdujeran cuestiones ajenas al litigio objeto de la mediación (las facturas de jardinería y limpieza viaria), su advertencia de la existencia de una sentencia firme que obligaba a la empresa de Oller a pagar obras por valor de 1,35 millones de euros, y su petición para depurar “posibles duplicidades y deficiencias” en las facturas reclamadas por Cornisa. 

En su declaración ante la Guardia Civil, la exresponsable de los servicios jurídicos denunció haber recibido presiones del coordinador general, Salvador Álvarez, para evitar que pidiera informes a los técnicos municipales sobre las deficiencias en las obras de una urbanización construida por la empresa de Oller. Patricia H. declaró, incluso, que el asesor le llegó a dar “patadas bajo la mesa” cuando, en una de las reuniones, pedía una revisión exhaustiva de las facturas y que después le dijo que “había que ser flexibles” con esa constructora. 

Esta testigo, ahora investigada por un error en los juzgados, manifestó a la policía judicial que las discusiones con Álvarez eran continuas puesto que no estaba de acuerdo con sus  propuestas, “no las consideraba legales e iban en contra de los intereses del Ayuntamiento”. Sostuvo que el asesor de la alcaldesa le pidió que se allanara a las pretensiones de Aguas de Arguineguín en una demanda y que la amenazó con cesarla del cargo. 

Al final terminó siendo apartada y trasladada a otro departamento, a unas instalaciones que los empleados públicos llaman “calabozo”. La empleada demandó a la administración por acoso laboral, en un procedimiento en el que el Ayuntamiento de Mogán terminó pagando 30.000 euros de indemnización por su pasividad “cuasi obscena” con la denuncia.

En el informe de la Guardia Civil consta la transcripción de una conversación que mantienen Salvador Álvarez y Patricia H. en las dependencias municipales tres días después de que el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, decidiera inhabilitar el correo de la trabajadora y cesarla de sus funciones. “¿Que esto es una mierda y no me salpica? Acepto pulpo como animal de compañía”, le dice el coordinador general sobre sus divergencias con el concejal. 

A juicio de la policía judicial, el gobierno municipal envolvió el proceso de mediación de una “apariencia de legalidad” que permitió que el acuerdo fuera homologado en sede judicial. Sin embargo, los investigadores sostienen que fue una mediación “ficticia y pactada” y, para ello, se basan, entre otros indicios, en la declaración de Patricia H. “Tras el cruce de sus manifestaciones con la documental y otros elementos que constan en el caso, goza de una credibilidad positiva”, recogía el informe entregado por la Guardia Civil al juzgado. 

La petición de archivo de la Fiscalía 

Después de casi dos años de instrucción, la Fiscalía no aprecia indicios de la comisión de los delitos denunciados por la Guardia Civil (prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación). Insiste el representante del Ministerio Público en que el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mogán y la empresa de Luis Oller fue “tutelado y revisado” por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que lo homologó sin encontrar irregularidades. Además, destaca que la administración “no ocultó documental” y que los técnicos municipales que testificaron durante esta fase declararon que no habían recibido ningún tipo de presión. 

En la instrucción fueron citados a declarar ocho testigos, aunque sólo lo hicieron siete, porque la abogada externa que fue apartada del proceso de mediación se acogió a su dispensa a no declarar precisamente porque había sido contratada como letrada por varios investigados. Por su parte, los técnicos municipales manifestaron que elaboraron sus informes de inspección a petición de Patricia H.. Estos informes hacían constar que en 2016 persistían algunas de las deficiencias por las que la empresa fue condenada a pagar 1,35 millones de euros a la administración, aunque se habían realizado algunas actuaciones. 

Además de Onalia Bueno y de Luis Oller, como investigados declararon Mencey Navarro (primer teniente de alcalde); Salvador Álvarez (coordinador general); David Chao (secretario accidental), y Gonzalo Martínez Lázaro (interventor). Los políticos y funcionarios incidieron en que el acuerdo había sido homologado por la justicia y defendieron que no hubo irregularidad ni trato de favor alguno al empresario, así como que el resultado final no fue lesivo para los intereses del Ayuntamiento. Por su parte, Oller dijo que se arrepentía de haber aceptado este proceso de mediación porque en un juicio “habría obtenido más dinero” y porque ese acuerdo le ha comportado estar investigado en esta causa. 

Bueno declaró en junio del año pasado. En esa comparecencia no estuvieron presentes ni el representante de la Fiscalía ni la abogada de la acción popular, puesto que no había sido resuelta la solicitud de personación de Isabel Santiago, entonces concejala de Nueva Canarias (NC) en Mogán. “La jueza lo tiene claro ya”, se le escuchó decir a la alcaldesa en las puertas de los juzgados a la salida de esa comparecencia.