La Fiscalía se dirigió este mismo sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto.
El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha revelado este lunes que el Ministerio Público ha pedido en dos ocasiones este verano que esta vecina de Fuerteventura, que mantiene a dos hijos y tres nietos, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después este mismo sábado.
En su dictamen de julio, la Fiscalía explicaba que no se oponía a que la condena de seis meses de prisión de Hernández siguiera suspendida, siempre y cuando hubiera por su parte “un compromiso inequívoco de demolición” de la vivienda que levantó ilegalmente en un espacio natural protegido, el Parque Rural de Betancuria.
El segundo informe recomendaba suspender su ingreso en la cárcel de Tahíche, que se ha producido este lunes, a la espera de que se resuelva la petición de indulto formulada por sus familiares.
La Fiscalía precisa que envió por fax ese segundo informe el sábado y que este lunes ha comprobado que “tuvo entrada efectiva en el Juzgado”, sin que su titular haya dictado hasta el momento “resolución alguna que tenga en cuenta” su dictamen.
Las construcciones que han llevado a prisión a Josefa Hernández (una de 20 metros cuadrados y otra de 70) fueron denunciadas en su día por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Agencia de Protección del Medio Ambiente del Gobierno canario, lo que derivó en una condena por un delito contra la ordenación del territorio declarada firme por la Audiencia de Las Palmas.
La Fiscalía reconoce en su último informe -el del sábado- que Hernández no ha derribado ninguna de esas dos obras y que, de hecho, la Guardia Civil ha comprobado que ha ejecutado “nuevas construcciones de ampliación de la vivienda”, en una actitud que denota una “clara rebeldía”.
Sin embargo, entiende que procedía suspender su ingreso en prisión hasta que se pronuncie sobre el indulto el Consejo de Ministros porque su condena es de corta duración (seis meses) y porque ha satisfecho la multa que también se le impuso (700 euros).
Además, alega en favor de esa medida que la entrada en prisión puede ocasionar a Josefa Hernández “perjuicios irreparables que harían perder al indulto su finalidad” y que esperar a que se resuelva esa solicitud “no ocasiona una lesión específica y grave a los derechos o libertades fundamentales de terceros”.
También recuerda que tiene hijos y nietos su cargo, que han transcurrido ocho años desde que cometió el delito (2007) y que a su favor hay una posición pública del Ayuntamiento de Betancuria y “cierto fervor popular acreditado en la recogida de firmas”.
Sin embargo, el fiscal advierte a Josefa Hernández de que su negativa a derribar la vivienda “no favorecerá la decisión que en su caso haya de informar acerca de la concesión del indulto”.
En los últimos días, Josefa Hernández ha explicado que no ha derribado su casa porque no tiene otro lugar donde vivir con su familia y que, si hizo obras de mejora en ella después de la sentencia, fue porque temía que los Servicios Sociales le quitaran a sus nietos por no tener la vivienda en condiciones.