La fiscal ha mantenido este jueves la pena de 13 años de cárcel para el sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas, Antonio O.B., conocido como El Rubio, por la supuesta violación de un menor de 9 años en su chabola de la localidad grancanaria de El Doctoral en julio de 2012.
La abogada del acusado, por su parte, ha mantenido su petición de absolución, en la tercera sesión del juicio que se sigue contra El Rubio y que concluirá este viernes con la presentación de los informes finales de ambas partes y con la última declaración del procesado, en caso de que quiera ejercer el derecho a la última palabra.
La fiscal, además, ha dejado sin determinar la tarde en que supuestamente ocurrieron los hechos, que en un principio había señalado el 19 de julio, aunque fija que fueron con anterioridad a ese día.
En el juicio, que se inició el pasado lunes en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, han declarado este jueves por videoconferencia dos guardias civiles de la sección de análisis del comportamiento delictivo de la policía judicial, que evaluaron al menor en 2015 y que consideran veraz su relato de los hechos: “Absolutamente y sin ningún género de dudas”.
Así mismo, se han ratificado en sus informes las dos psicólogas forenses que lo evaluaron en 2013 y, posteriormente, cuando se reabrió la causa, un año después, quienes han sostenido que la versión del niño no es “cien por cien creíble”.
Han señalado que en su segundo informe se mantienen en que la versión del niño no es del todo creíble por las contradicciones e incongruencias que advierten y por cómo expresa su relato, “escueto y carente de detalles”, si bien apreciaron que podía sufrir alexitimia.
Se trata de un trastorno psicológico caracterizado por la incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones y sentimientos, según han explicado al tribunal.
Las peritos han considerado que las contradicciones en las que incurre el menor son “importantes” para poder valorar su testimonio y que “pudo haber ocurrido algo, pero no como lo refiere” él.
Su testimonio tampoco es inducido ni presionado, según estas peritos, que consideran probable que por temor a su entorno tampoco contara lo ocurrido.
Las especialistas de la Guardia Civil, sin embargo, entienden que la “fase nuclear” del menor no cambia y que los elementos secundarios los emplea para justificar su comportamiento y que las contradicciones o mentiras que ha podido introducir son en su defensa.
Estas expertas en casos de abusos de menores han hecho hincapié en que se trata de un niño con un entorno familiar disfuncional y desestructurado, por lo que su comportamiento es diferente.
Han explicado que el hecho de que el acusado no amenazara al menor tras supuestamente abusar de él responde al perfil de un pederasta, que ve a su víctima como un instrumento para satisfacer su deseo sexual, sin la preocupación del pedófilo, que trata de ganarse su confianza.
Los médicos forenses que exploraron al menor el 20 de julio de 2012 han señalado que aunque el niño les contó que había sido forzado y que le habían penetrado ocho días antes, no presentaba lesiones genitales, y han dicho que, si las sufrió, fueron de carácter “leve”, si bien como no pudieron descartar que fuera violado recomendaron su examen psicológico.