El Gobierno canario acata la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el reglamento con el que intentó poner en marcha su consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas, pero observa en ella margen para desarrollar una normativa sobre estos asuntos dentro de los límites.
El Constitucional estima que la consulta que pretendía convocar el Gobierno de Paulino Rivero equivalía a un referéndum, por más que la denominara de otra manera, por lo que invadía competencias del Estado, transigía los límites previstos en la Carta Magna y también vulneraba lo dispuesto por el propio Estatuto de Canarias.
En un comunicado, el Ejecutivo canario en funciones reconoce que la argumentación del TC es “profusa y detallada”, pero también opina que “deja claras las bases con el fin de mejorar el reglamento para su completo encaje en el marco constitucional”, una tarea en la que anuncia que va a empezar “a trabajar”.
El Gobierno autonómico explica que los artículos del reglamento anulados (del 9 a 26) abordaban la cuestión de cómo plantear “un sistema de consulta a la ciudadanía por pregunta directa”, algo que constituye una materia jurídica “muy novedosa”.
Posibles cambios en el Estatuto
A su juicio, los razonamientos que expresa en Constitucional en su sentencia de este miércoles van a permitir a la comunidad autónoma “profundizar en la búsqueda de una redacción del articulado acorde con los límites constitucionales descritos por el Tribunal”.
El Gobierno canario recuerda, además, que en estos momentos está abierto el proceso de reforma del Estatuto de Canarias, después de que el Parlamento remitiera a la Cortes Generales su nuevo proyecto.
“Este proceso legislativo podría permitir hacer cambios en el Estatuto de Autonomía de Canarias que faciliten el correcto encaje constitucional del sistema de consulta a la ciudadanía en el archipiélago”, asegura el Ejecutivo canario.
Desde su punto de vista, el desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana de Canarias supone “un camino sin retorno”, en el que se debe perseverar en el futuro, “ya que responde a una demanda generalizada de la ciudadanía”.
“En el siglo XXI, la sociedad exige un aumento de su influencia en la toma de decisiones políticas que afectan a sus condiciones de vida individual y colectiva, para lo que es necesario diseñar herramientas y fórmulas jurídicas novedosas que atiendan con garantías jurídicas este creciente interés por la participación”, argumenta.