Más de un año después de que el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ingresara en prisión para cumplir su condena de seis años y medio de cárcel por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, todavía delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, el caso regresa a la actualidad. Y lo hace porque la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha utilizado elementos probatorios de aquella condena para recusar nada menos que al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, y a su compañero Carlos Vielba, ambos de la Sección VI, la que compartieron durante años con Salvador Alba.
El Ministerio Público ha utilizado para esta recusación al presidente de la Audiencia de Las Palmas la grabación que en 2016 sirvió para incriminar a Salvador Alba Mesa, aquella que realizó el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en el despacho del entonces juez cuando sustituía a la magistrada Victoria Rosell, en servicios especiales para presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015. En aquella conversación no solo se escucha claramente a Alba pedir a Ramírez declaraciones testificales que comprometieran a la jueza, que investigó hasta ese momento al empresario por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, sino que en un momento de la grabación se escucha al presidente de la Audiencia Provincial irrumpiendo en el despacho y dirigiéndose a los presentes con cierta familiaridad.
Así lo hace constar en su escrito de recusación la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, profunda conocedora de lo que en aquella operación de lawfare se coció por ser precisamente la representante del Ministerio Público encargada de la investigación contra Ramírez y la que participó en la operación contra Rosell, al menos en la fase preliminar participando activamente en el interrogatorio al empresario que fue en la línea de lo pactado entre este y Alba en aquella inmortalizada reunión.
Pero ahora Evangelina Ríos enfoca el asunto desde otra óptica. Sigue teniendo en su objetivo a Miguel Ángel Ramírez, pieza a la que no quiere soltar por nada del mundo a pesar de los contratiempos. Lo tiene encausado en varios juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por diversas diligencias relacionadas con su desaparecida empresa Seguridad Integral Canaria. En el caso que provoca esta recusación, proveniente de Instrucción 3 de la capital grancanaria, Ríos recusa a los magistrados después de que estos, junto a su compañera Inocencia Eugenia Cabello, resolviesen que los delitos que se atribuyen a Ramírez no son de su responsabilidad por no haber sido ni administrador de derecho ni administrador de hecho de la sociedad investigada en el momento en el que se produjeron los hechos investigados.
Es decir, la fiscal sólo recurre a la institución de la recusación y rememora la posible relación de estos dos magistrados con Miguel Ángel Ramírez cuando sus resoluciones le son desfavorables. Hasta la fecha, Evangelina Ríos no consideró pertinente poner en entredicho la imparcialidad de Moya y Vielba a pesar de que ambos han resuelto en media docena de ocasiones recursos referidos al mismo justiciable en causas en las que esa representante del Ministerio Público estaba personada.
Pero lo que cuenta es lo que ha puesto por escrito: la fiscal cree ahora que entre este empresario y los magistrados Emilio Moya y Carlos Vielba existe el suficiente grado de amistad como para que estos últimos vean comprometida su imparcialidad, lo que les obligaría a apartarse voluntariamente (abstención) o a la fuerza (recusación), que es la vía elegida tras no haberse producido la primera.
De hecho, en su escrito de recusación recalca que entre los dos magistrados y el empresario existe “amistad íntima”, exigencia legal para que sean apartados de la causa.
En el caso de Ramírez, la fiscal Ríos toma como referencia la conversación grabada por él en el despacho de Alba y el momento en el que entra en la estancia el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya. En unos instantes es informado por los presentes de qué es lo que allí se está cociendo, a lo que el magistrado no formula ninguna objeción. Al contrario, cuando concluye aquella reunión en el despacho de Alba, el empresario se traslada hasta el de Emilio Moya y allí –recuerda la fiscal- es objeto de un recibimiento muy caluroso, lo que a juicio de Ríos evidencia el grado de amistad y camaradería entre ambos.
Ríos relata así ambos pasajes: “La grabación evidencia la cordialidad con que los Sres. Moya y Ramírez se saludan, a continuación este le dice al Ilmo. Sr. don Emilio Moya que estaba confesándose y buscando soluciones, interviene entonces el Sr. Alba para afirmar que soluciones hay, a lo que respondió el Sr. Moya que si hay soluciones, que sigan debatiendo”.
A continuación incluye la representante del Ministerio Público el relato de lo ocurrido en el despacho de Moya una vez Ramírez se traslada a él tras su reunión con Alba: “Cuando el Sr. Ramírez sale del despacho del Sr. Alba entra en el despacho del Ilmo. Sr. don Emilio Moya, quien lo recibe con una expresión coloquial propia de relaciones distendidas: ”el cloquío...el cloquío“. A continuación el Sr. Ramírez resume al Sr. Moya la conversación que ha tenido con don Salvador, el propósito que persiguen y la forma de hacerlo”.
Sin embargo, la fiscal se salta el resto de la conversación, incorporada íntegramente a la causa en la que resultó condenado Salvador Alba. En ella, el empresario le resume a Moya cuáles son las intenciones del magistrado corrupto para con Victoria Rosell: “Él quiere levantar por el aire a esta tía”, y los pasos que Alba le pidió dar. El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas se muestra conforme con todo y concluye la conversación con un elocuente “Bueno, pues nada, para adelante”.
Este es un fragmento de una de las conversaciones que el empresario grabó al entonces juez:
Una reunión en una piscina
En el caso de Carlos Vielba, la grabación que le comprometería, según la Fiscalía, fue la que mucho después realizó el mismísimo Salvador Alba cuando el proceso contra él ya había cogido cuerpo y la opinión pública conocía sus andanzas. Vielba, padrino de la hija de Alba aunque con las relaciones tensas entre ambos, se prestó a ejercer de mediador con Miguel Ángel Ramírez para que este tratara de retirar las acusaciones más comprometedoras hacia el juez corrupto. Vielva llegó incluso a plantear la celebración de una reunión segura, es decir, en la que los participantes no corrieran el riesgo de que alguno de los presentes la grabara. “La hacemos en una piscina”, sugirió Carlos Vielba.
A juicio de la Fiscalía, esta gestión de intermediación entre Ramírez y Alba comprometería la imparcialidad de Vielba para entender de recursos del empresario ante su sección.
Pero también encuentra motivos de recusación la fiscal Ríos en la conversación entre Alba y Ramírez. Particularmente porque, a su entender, el empresario da muestras de conocer la relación entre los dos jueces, que atravesaría un enfriamiento en ese momento, para tratar de recomponerla.
El incidente de recusación contra Moya y Vielba promovido por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas se produce días después de que la Sección VI emitiera un auto en el que resolvió el archivo de una causa penal contra Miguel Ángel Ramírez por presunto fraude fiscal en Seguridad Integral Canaria entre los años 2014 y 2016. El auto, del que fue ponente Carlos Vielba, estimaba el recurso del empresario contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (la antesala del juicio oral), en una causa que provenía del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Sostiene la fiscal que hasta la emisión de ese auto no tuvo conocimiento ni de la composición de la sala ni de la identidad del ponente.