La apertura de diligencias penales contra la mujer y los hijos del empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados a prisión por el caso de Las Teresitas, precipitó el acuerdo dado a conocer este miércoles por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife por el cual la ciudad recupera 95 millones de euros producto de aquella malversación, criada y ensolerada en la etapa más floreciente del poder de Coalición Canaria.
Desde el ingreso en prisión del empresario Antonio Plasencia, sus hijos y su esposa se habían dedicado sigilosamente a opacar las propiedades a su nombre para presuntamente eludir la acción de la justicia. Las empresas fueron desprendiéndose de patrimonio, el empresario formuló concurso personal voluntario de acreedores y las arcas se vaciaron para que ninguna administración pudiera proceder al embargo. Los abogados del Ayuntamiento rastrearon todas las empresas hasta que descubrieron una muy particular, Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., que Antonio Plasencia, ya condenado, había vendido a sus hijos por una cantidad ridícula, 93.000 euros, pagaderos en cómodos plazos durante diez años y previo pago inicial de tan solo 15.000 euros. La operación fue aportada por Plasencia a su concurso personal de acreedores, donde se personó el Ayuntamiento de Santa Cruz para impugnarlo y rastrear todo lo rastreable. De ahí tiraron los servicios jurídicos municipales para formular una querella por alzamiento de bienes contra la esposa y los hijos del acaudalado empresario.
Una jueza de instrucción de la capital tinerfeña admitió a trámite la querella, citó a declarar a la esposa e hijos de Plasencia como imputados y, a partir de ese momento, la estrategia de escamoteo se vino abajo. Nada le apetecía menos al empresario que ver sufrir a su esposa el mismo calvario que él mismo vive en estos momentos por negarse a pagar.
Esa querella y sus consecuencias le obligan a hacer frente a prácticamente toda la deuda generada por la condena de Las Teresitas porque, al tratarse de una responsabilidad solidaria de todos los condenados, el Ayuntamiento puede elegir sobre quién cargar el cobro. De modo que, al haber encontrado la rendija en el entramado empresarial de Plasencia, tanto la familia del otro empresario condenado, Ignacio González, fallecido en prisión sin haber pagado, como el exconcejal Manuel Parejo y los técnicos municipales que corrieron igual suerte procesal, sólo tendrán que hacer frente a cantidades menores. Pero los responsables municipales se han comprometido públicamente a emplearse a fondo hasta conseguir de la familia González Martín los mismos resultados que con la familia Plasencia.
El levantamiento del velo
Puzolana y Áridos de Tenerife, la empresa a partir de la cual se empezó a sospechar el alzamiento de bienes de los Plasencia, era la dueña de un atractivo solar ubicado junto al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, un suelo que el Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Fernando Clavijo, le compró por 5 millones de euros que el empresario, gracias a la venta que hizo a sus hijos, pretendía escaquear del pago por su condena de Las Teresitas. El mismo Gobierno de Coalición Canaria aceptó asimismo un justiprecio de tres millones de euros para otro solar cercano, con lo que la familia Plasencia no sólo velaba las propiedades del patriarca frente a posibles reclamaciones patrimoniales, sino que además se llevaba el dinero de una Administración pública para los fines que le parecieran más pertinentes.
No fue esa la única operación de Coalición Canaria opuesta a la obligación pública de cobrar la deuda por la condena del pelotazo de Las Teresitas. El entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, inició en 2018 un expediente para comprarle a dedo, es decir, sin concurso, a la empresa Carlacand, del conglomerado Plasencia, un atractivo edificio de Cabo Llanos con el que acaba de hacerse el Ayuntamiento de Santa Cruz, vía embargo, para el pago de una parte importante de la deuda. La operación se frustró por las dudas suscitadas por la Intervención y el revuelo político y mediático que se generó. No solo no reclamaba lo que pertenecía a las arcas públicas, lo que en realidad hacía Coalición Canaria era inyectar capital a las empresas de Plasencia sin garantizar de ningún modo que hiciera efectiva la deuda a la ciudad. Al fin y al cabo se trató siempre del empresario del régimen, intocable para Coalición Canaria, presente en todos los negocios de calado, desde Las Teresitas a los áridos de Güímar, que le dejaron extraer sin oposición institucional hasta que otra condena penal lo detuvo.
Coalición Canaria no movió un papel durante los dos años que transcurrieron entre la primera sentencia del caso de Las Teresitas, en 2017, y la resolución definitiva del Tribunal Supremo, en marzo de 2019, en vísperas de las últimas elecciones municipales. Podía haber pedido una ejecución provisional de la sentencia, de manera que las propiedades de los dos empresarios encartados, Antonio Plasencia e Ignacio González, quedaran trabadas a favor de la administración acreedora, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que en los tiempos del alcalde Miguel Zerolo, hoy en prisión, les pagó 52 millones de euros por el frente de la playa que, en realidad, era de propiedad municipal. Y, en cualquier caso, muy por encima de las tasaciones oficiales.
El gobierno municipal de José Manuel Bermúdez, que ahora pretende volver a la alcaldía mediante una moción de censura a través de una concejala de Ciudadanos a punto de tomar posesión, sólo había conseguido recuperar 100 euros de una deuda que con intereses se aproximaba a los 100 millones de euros. Y su única gestión formal para conseguirlo fue la adhesión del Ayuntamiento a la petición de ejecución de la sentencia de 2017 formulada por la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, a la que la nueva alcaldesa quiere distinguir dándole su nombre a la plaza del emblemático edificio de Plasencia en Cabo Llanos. Constan documentos que acreditan la comunicación formal de Bermúdez a los servicios jurídicos municipales, pero no consta nada más.
Todo cambió a partir del cambio en el gobierno municipal, en la primera ocasión en la que Coalición Canaria o su formación antecesora, la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), o los precursores de esta (UCD), abandonaba el poder en democracia. La llegada a la alcaldía de la socialista Patricia Hernández dio un vuelco no sólo al empantanado asunto de Las Teresitas, con casi veinte años de estancamiento, sino a otros muchos que dormían bajo las alfombras y que, en tan solo un año, han logrado mostrar el modo de operar de la anterior mayoría gobernante.
Patricia Hernández fortaleció los servicios jurídicos de la Corporación recuperando al jurista Ruymán Torres, que en 2015 había abandonado voluntariamente la plaza de funcionario interino que ocupaba en el Ayuntamiento ante lo que él consideró un cambio contraproducente de estrategia de la Corporación para recuperar el dinero malversado de Las Teresitas. La nueva alcaldesa lo llamó, lo nombró coordinador de los Servicios Jurídicos municipales, y como asesora externa se hizo con los servicios de la abogada Sandra Rodríguez. Ambos hicieron un estudio minucioso de la causa en busca del dinero público que se había esfumado, y los resultados fueron positivos. Enseguida el Ayuntamiento pidió la liquidación de intereses, y los 52 millones del pelotazo de 2001 pasaron a ser 97; ante la Justicia, el consistorio pidió el levantamiento del velo sobre la titularidad de los dos edificios que pasan ahora a propiedad municipal, y tras la querella, los representantes legales de los Plasencia se sentaron a negociar. Se harán cargo de 95 de los 97 millones mediante la aportación de esos dos inmuebles y el aplazamiento de 14 , avalados por otras propiedades que siguen siendo suyas.
Hasta que aparezca el patrimonio de la familia de Ignacio González.
La alcaldesa de Santa Cruz se anota un tanto político justo en vísperas de que la incorporación de una concejala de Ciudadanos con particulares ambiciones pueda propiciar una moción de censura que devuelva el poder a Coalición Canaria. Justo después de que se coronara con éxito para el interés público el mayor escándalo de corrupción político-empresarial hasta ahora juzgado en Canarias.
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