Hay indicios suficientes de un delito de prevaricación continuada como para que el juzgado que investiga al primer teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro (Ciuca), reclame al ayuntamiento todos los contratos firmados con su despacho de abogados desde que accediera al poder en 2015. Y que la titular de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana rechace la petición de otro concejal investigado, el socialista Artemi Artiles, de sobreseimiento de la causa abierta en junio de 2018.
Así lo ha hecho constar la magistrada Pilar Barrado, en una serie de providencias y oficios en las que notifica al ayuntamiento que remita al juzgado, en su integridad, la totalidad de los expedientes de contratación que dieron pie a la denuncia. Hace un año, la Fiscalía presentó querella contra Mencey Navarro, mano derecha de la alcaldesa, Onalia Bueno; Artemi Artiles, concejal socialista de Contratación y David Chao, secretario municipal, por presuntamente beneficiar al despacho del primero.
El caso se ha reactivado este mismo verano, con la vuelta de la titular al Juzgado y esa serie de providencias y oficios fechadas en agosto, entre las que se encuentra otra admitiendo a trámite un recurso de reforma de dos denunciantes ante la Fiscalía, los concejales de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), contra un auto de la jueza sustituta anterior en el que impuso una fianza de 6.000 euros a cada uno para poder ejercer la acusación popular en esta instrucción.
La denuncia original data de 2017 y señala el fraccionamiento de contratos con el despacho del socio de Navarro, Miguel Ángel Rodríguez Ceballos, contratado por el ayuntamiento presidido por Onalia Bueno hasta dieciséis veces, siempre con cantidades inferiores a 18.000 euros, para esquivar la Ley de Contratos.
La Fiscalía apreció en junio pasado la posible existencia de ese delito continuado, según los artículos 74 y 404 del Código Penal. El Ayuntamiento de Mogán, a juicio del Ministerio Fiscal, debió celebrar un contrato global de asistencia jurídica para todos sus pleitos, y no pagar cada uno de ellos de manera individualizada. De haber sido así, se hubiese visto en la obligación de sacar a concurso el contrato.
Los contratos fraccionados para eludir la ley se formalizaron entre noviembre de 2015 y marzo de 2017 con adjudicaciones mediante decreto “a través de la figura del contrato menor, y a sabiendas de su ilegalidad”, recoge la denuncia original de la Fiscalía. Y añade que los concejales, “con el único objetivo de favorecer a Miguel Rodríguez Ceballos, menospreciaron la unidad funcional y de objeto existentes entre los contratos, que globalmente considerados, superaban los 18.000 euros”.
La Fiscalía Provincial aclara que “la defensa jurídica de un ayuntamiento no puede considerarse como un contrato a celebrar para cada uno de los juicios que tenga el ayuntamiento sino que, conforme a lo señalado en el Informe 30/12 de la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, tal defensa es una unidad funcional que exige la celebración de un contrato único, más aún cuando todos los contratos menores se están adjudicando al mismo letrado”.
“Para más inri –continúa-, se da la circunstancia de que Mencey Navarro Romero tiene relación personal y profesional con Miguel Rodríguez Ceballos, participando en la adjudicación de contratos a favor del mismo, infringiendo el deber de abstención establecido en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, con el sólo objeto ya mencionado de beneficiar a esta persona”.