La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias pagó entre 2008 y 2012 un total de 84.720 euros a los 59 juristas que han participado en el desarrollo y actualización de las plantillas y esquemas del programa de gestión procesal Atlante II. Esta cantidad corresponde a 64 pagos de entre 1.000 y 1.500 euros realizados a jueces, fiscales y secretarios de diferentes órganos jurisdiccionales, informa la Consejería.
A diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, donde es la multinacional Indra la que, a través de un pacto con el Gobierno regional, paga a los jueces por las labores de asesoramiento, en Canarias es directamente el Ejecutivo el que ha creado diferentes grupos de trabajo para “la revisión exhaustiva de plantillas del programa de tramitación”.
El grueso de los encargos corresponde a la legislatura 2007-2011, con José Miguel Ruano (Coalición Canaria) como consejero de Justicia. En esta época, el Gobierno canario pagó 74.720 euros a 51 juristas por 56 trabajos concretos.
En la actual legislatura, con Francisco Hernández Spínola (PSOE) al frente del departamento, han sido ocho los profesionales que han recibido una compensación económica por la labor de asesoramiento, la última de ellas en 2012, hasta computar un gasto total de 10.000 euros.
La Consejería de Justicia no ha facilitado información a este periódico acerca de los nombres y destinos de los profesionales a quienes se les encargó los trabajos, ni sobre la modalidad de contrato empleado, el procedimiento y criterio de pago y la duración de la asistencia, más allá de afirmar que se trató de encomiendas “puntuales”.
El Gobierno defiende que los cargos profesionales de los jueces, fiscales y secretarios son compatibles con “la creación científica y técnica”, según recoge el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
“Resulta obvio que para la implantación de un sistema informático judicial se pueda y deba contar directamente con la indispensable colaboración de los profesionales de ese ámbito, quienes actuarán en la labor técnica, jurídica y procesal conectada con la confección de documentos, plantillas procesales y esquemas de tramitación implantados en el sistema informático de gestión”, agrega la Consejería de Justicia, que remarca que es una labor ajena al mundo judicial y “absolutamente compatible” con la profesional.
El Ejecutivo regional dictó el 10 de enero de 2012 la resolución por la que reguló la actualización de las plantillas y los esquemas de Atlante II en las órdenes jurisdiccionales Social y Mercantil debido a las reformas legislativas que entraron en vigor en octubre de 2011. Para ello, creó dos grupos de trabajo formados cada uno de ellos por cuatro profesionales que reformaron el repertorio documental de estos ámbitos. En este sentido, la Consejería recuerda que el tiempo transcurrido desde la implantación del sistema informático Atlante y “el gran número de reformas legislativas que se han aprobado en los últimos años” ha hecho necesario actualizar las funcionalidades del programa.
Por otra parte, el Decreto 40/2014 creó un grupò de trabajo de seguimiento del Atlante que, entre sus funciones, tiene la de revisión de plantillas y los esquemas de tramitación existentes en el sistema de gestión.