Cuando, a mediados de septiembre del año pasado, el juez que instruye la causa sobre el presunto pucherazo en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio grancanario de Mogán ordenó la entrada y registro en el Ayuntamiento sureño y en la sede del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), ya había apreciado algo más que indicios de la existencia de una “organización criminal” dedicada a la compra y tramitación fraudulenta de votos.
En el auto que autorizó esa intervención, el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger-Vargas define como “objetivos, accesibles y verificables” los hechos detallados en los últimos informes del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, unos pormenores que, según sus propias palabras, sugieren “seriamente” la participación de la alcaldesa, Onalia Bueno, y de los otros dos concejales de ese partido detenidos en la operación, Mencey Navarro y Tania Alonso, en las actuaciones presuntamente delictivas.
Las pesquisas no se limitan al delito electoral y contra la administración de Justicia. La investigación va más allá y relata, según el instructor, hechos que, de ser acreditados durante la fase de juicio, pueden ser constitutivos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Tres delitos que habrían sido cometidos una vez que los integrantes de esa organización accedieron a los cargos públicos en el Consistorio sureño.
Nueve meses después de las detenciones y registros, el juez ha citado a declarar a partir de este miércoles y hasta el próximo 12 de julio a las diez personas que permanecen investigadas en la causa (además de a un representante de Ciuca) y a 18 testigos que desfilarán por la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, el espacio habilitado para estas comparecencias vespertinas (empezarán todas a partir de las 15.00 horas) ante la imposibilidad de hacerlo en las salas de vistas de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, sin aforo suficiente para albergar a más de una decena de abogados.
La ronda de declaraciones se iniciará con Francisco González. El exalcalde de Mogán y compañero de Onalia Bueno en el Partido Popular (PP) hasta la expulsión de la actual regidora de la formación conservadora en 2007, tras el estallido del caso Góndola de presunta corrupción, presentó el 17 de julio de 2015 la denuncia que propició la apertura de unas diligencias previas que fueron archivadas provisionalmente casi de inmediato. Sin embargo, apenas diez meses después Ramón Trujillo, conocido en el pueblo marinero de Arguineguín como el Perraya, contó que en 2015, tras dos años desempleado, trabajó a las órdenes de Onalia Bueno para captar a electores en situación de precariedad a cambio de 50 euros. Después de esos comicios, obtuvo un empleo “suscrito” al Ayuntamiento sureño.
El testimonio de Trujillo dio pie a una investigación de la Guardia Civil que desembocó, ya en junio de 2019, en la reapertura de las actuaciones. El Perraya, que está citado a declarar el miércoles 7 de julio, no solo se ha ratificado en sus declaraciones y ha descrito la mecánica de ejecución de la compra de voluntades, tanto en la modalidad de voto por correo como de voto directo, sino que además ha denunciado haber recibido una oferta de trabajo y 3.000 euros desde el entorno de Onalia Bueno para que cambiara su versión de los hechos, lo que ha dado lugar a otro procedimiento judicial que se tramita en paralelo.
Ese 7 de julio está previsto que comiencen las declaraciones de los imputados. Además de Trujillo (que es denunciante e investigado), comparecerán ante el juez la alcaldesa, Onalia Bueno; los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso; el funcionario Salvador Álvarez, que ha ejercido como persona de confianza de la regidora y coordinador municipal durante los mandatos de Ciuca y tildado como el “intermediario o conseguidor”, y el empresario Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín y considerado por los investigadores como uno de los presuntos financiadores de Ciuca para el fraude electoral.
El lunes siguiente, 12 de julio, será el turno de otros cuatro investigados. Uno de ellos es José Monzón, Pepe el Japonés, un conocido colaborador de Ciuca que en una de las grabaciones que obran en el sumario relata al exalcalde Francisco González cómo era el proceso de compra de votos. Los otros son Marzouk Ghalidi, líder de la comunidad marroquí en la urbanización turística Puerto Rico S.A., y Yasmina Suárez y Carmen Lidia Caballero, simpatizantes de la formación local liderada por Onalia Bueno. Antes, los días 23, 25, 28 y 29 de junio, acudirán a los juzgados más de una decena de testigos que admitieron ante la Guardia Civil haber recibido ofertas para votar a Ciuca a cambio de una cantidad de dinero, de la promesa de un trabajo o de una vivienda de protección oficial.
Aparte del delito electoral y contra la administración de justicia, de los hechos constreñidos a ese pucherazo, las pesquisas se extienden a las contrataciones, concesiones, autorizaciones de licencias, obras o proyectos urbanísticos concedidos por el gobierno municipal durante los mandatos de Bueno. De ahí que se hable de los posibles delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los investigadores tratan de determinar quiénes fueron los financiadores y beneficiarios de las actuaciones presuntamente delictivas de Ciuca y de su lideresa. Y es que el juez instructor ya advirtió en el auto de entrada y registro de que “existe un nexo y continuidad entre la presunta actividad criminal de compra y trámite fraudulento de votos con los delitos contra la administración pública que presuntamente se han producido con posterioridad”. Se trata, en definitiva, de dirimir si el grupo de gobierno concedió favores (empleos, autorizaciones) a quienes colaboraron en esa campaña, ya sea financiando la compra o votando a favor de la organización política.
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