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El juez procesa por corrupción a los expresidentes del fútbol en Tenerife y Las Palmas

Un agente de Policía Nacional camina frente a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Efe

14 de enero de 2025 12:58 h

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El Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha procesado por delitos de corrupción a los expresidentes de la Federaciones Tinerfeña de Fútbol, Juan Antonio Padrón, e Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez, en dos piezas separadas del caso Soule.

En sendos autos firmados este martes, el magistrado Luis Francisco de Jorge acuerda dar por terminada la instrucción de los dos casos, desgajados de la causa principal que afecta al expresidente de la RFEF Juan María Villar y al propio Juan Antonio Padrón, y emplaza a las partes a pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.

En la resolución que atañe a la Federación Tinerfeña se procesa por delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil al expresidente de la entidad, Juan Antonio Padrón; su secretario general a la fecha de los hechos, Ramón Hernández Massou, y los empresarios Vicente y Fermín Bernard Vico, dueños de la sociedad Estudio 2000.

En el caso de la Federación de Las Palmas, el juez ve indicios de corrupción en los negocios, apropiación indebida, fraude de subvenciones, estafa y falsedad en documento mercantil contra su expresidente, Antonio Suárez; su secretario general entonces, Juan Carlos Naranjo Sintes; y los empresarios Juan Francisco Espino Sánchez-Grande, Daniel Tebar Betegón y Juan Manuel Soria Hurtado.

También involucra en esos mismos hechos al expresidente de la Federación de Las Palmas Valentín Sainz-Rojas, ya fallecido. 

Federación Tinerfeña de Fútbol

El instructor del caso considera que hay base para llevar a juicio a Juan Antonio Padrón, por presuntamente haberse aprovechado de su cargo de vicepresidente de la RFEF y presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol para cobrar comisiones por favorecer la compra de material deportivo a una misma sociedad, Estudio 2000, perteneciente a los hermanos Vicente y Bernard Vico, también imputados.

Siempre según el auto, entre los años 1997 y 2017, la empresa Estudio 2000 habría vendido a la RFEF gracias a Padrón ropa deportiva por valor de 36,53 millones de euros y el dirigente tinerfeño se habría embolsado a cambio una comisión de 1,85 millones, supuestamente cobrada en su mayor parte a través de la empresa Tenerife Sport SL, en cuya gestión participaba Hernández Baussou.

El juez asegura que la RFEF llegó a ser el único cliente de Estudio 2000, al que siguió comprando material incluso cuando esa sociedad perdió la representación exclusiva en España de la marca Puma, hecho este último que llevó a que Padrón rescindiera el contrato de agencia que tenía con la compañía de los hermanos Bernard Vico a través de su propia empresa, Tenerife Sport.

El instructor describe una serie de prácticas que sirvieron para camuflar el pago de comisiones de Estudio 2000 a Padrón a través de Tenerife Sport, entre las que cita la indemnización por la rescisión del contrato de agencia, un préstamo que supuestamente nunca devolvió y la compra de una finca a un precio superior al real.

Asimismo, acusa a Padrón de haber eludido el pago a Hacienda por todas esas operaciones de 406.758 euros.

El Juzgado mantiene, además, que Padrón y Hernández Baussou “detrajeron indebidamente” 868.551 de la Federación Tinerfeña a través Tenerife Sport librando a su favor de esta última empresa cheques con pagos que “no obedecían a relación alguna” y para los que se utilizaba el nombre de clubes que desconocían esa mecánica.

Finalmente, apunta a que el presidente y el secretario general presuntamente se apropiaron de 20.038 euros de la delegación tinerfeña de Mupresfe, la mutualidad de los futbolistas, Mupresfe.

Federación Interinsular de Las Palmas

En cuanto a la Federación Las Palmas, el caso gira en torno al ya fallecido Valentín Sainz Rojas-Blanco, quien se habría aprovechado de que era el responsable de los asuntos económicos de la entidad para adjudicar el suministro de material deportivo y la realización de obras a una empresa de su propiedad en un 90 %, el Instituto Internacional de Ciencias del Deporte (ICD).

Según el juez, Sainz Rojas-Blanco no solo se adjudicaba a sí mismo esos contratos, sino que lo hacía a precios superiores a los reales y lo camuflaba con facturas falsas, todo ello, añade, con la connivencia del entonces secretario general de Federación Interinsular de Las Palmas, Juan Carlos Naranjo-Sintes.

En toda esa mecánica, contaba con la colaboración de las empresas Triton Sport, Tiempo DDSÑO y Doblek, representadas por Juan Francisco Espino-Sánchez Grande, y Tecsport, administrada por Juan Manuel Soria Hurtado, ambos también imputados en esta causa.

Gracias a la sobrefacturación en compra de material deportivo, añade el instructor, la empresa de Sainz Rojas-Blanco se llevó comisiones por valor de 119.049 euros, Espino Sánchez Grande cobró 32.112 euros y Naranjo Sintes ingresó 8.215 euros.

El presidente en aquellas fechas de la Federación de Las Palmas, Antonio Suárez Santana, aparece en esta pieza separada en lo concerniente a la realización de obras de mejora de campos de fútbol contratadas por la entidad, unos trabajos de sustitución del césped artificial que solían adjudicarse a la empresa Intelcons, gestionada por el acusado Daniel Tebar.

El auto cita dos obras incluidas en esas operaciones de presunta corrupción: una realizada para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el estadio Alfonso Silva y otra encargada por el colegio Heidelberg, también en la capital grancanaria.

En ambos casos, detalla el juez, las obras se facturaron con un precio superior al real, con el añadido de que, en lo que afecta al colegio Heidelberg, se ocultó a este centro que los trabajos habían sido subvencionados al 100% por la RFEF y el Consejo Superior de Deportes y le cobraron 96.000 euros, alegando que esa era la parte que le correspondía afrontar.

En cuanto al estadio Alfonso Silva, supuestamente se abonaron 261.496 euros a sociedades ICD y Magein 2012, a pesar de que sabían que “la primera no había prestado ningún servicio y la segunda ni siquiera estaba constituida a la fecha de su ejecución, por lo que en ningún caso podría haber resultado adjudicataria ni contratada”.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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El Juzgado considera que existen indicios de que, por medio de ambas obras, los acusados “detrajeron” fondos de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas por importe de al menos 343.064 euros y del Consejo Superior de Deportes por valor de 145.313 euros.

“De esos fondos, ICD habría obtenido al menos 201.291,11 euros, una parte de los cuales se habrían intervenido el 18 de julio de 2017 en el registro del domicilio de Valentín Sainz-Rozas Ramírez, que hasta abril de 2017 había sido el domicilio de su padre y en el que se encontró numerosa documentación referida a las operaciones referidas, sin que conste que aquél tuviera conocimiento de su origen presuntamente ilícito”, concluye el magistrado. 

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