El magistrado Salvador Alba, que deberá sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados para responder por la presunta comisión de cinco delitos en la operación maquinada contra la también jueza Victoria Rosell para perjudicar su carrera política y profesional, ha aprovechado el voto particular emitido en la sentencia de caso Faycán para criticar el “escarnio” al que, en su opinión, someten los medios de comunicación a los procesados en causas de corrupción como la que se ha enjuiciado, que se ha prolongado, desde la primeras detenciones, más de una década.
“Diez años de publicación en medios de comunicación, de calificativos hacia todos los implicados y de evidente intención de crear una corriente de opinión que, desde luego, no ha debido resultar fácil de soportar o llevar para ninguno de los hoy acusados. Ni para los que reconocieron los hechos ni para aquellos que, sin reconocerlo, se sometieron a un juicio de tres meses y, ante la ausencia de pruebas, hoy son declarados absueltos”, expone el magistrado en el último punto de su voto particular.
Alba sostiene que este tipo de causas no puede tener una duración de diez años, pues “detrás de todo procedimiento, hay personas, justiciables, que gozan de la presunción de inocencia hasta que en un tribunal se demuestre su culpabilidad”.
El polémico juez ha explicado que esta es la razón de haber aplicado a los 21 condenados, los acusados arrepentidos, la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por la que ninguno de ellos deberá ingresar en prisión, “algo que ha sido solicitado por el Ministerio Fiscal y que muestra la sensibilidad de esta imprescindible institución”.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su sesión del pasado 19 de julio la suspensión de funciones del juez Alba como consecuencia del auto de apertura de juicio oral en su contra decretado el pasado 8 de mayo por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Casi cuatro meses después de que la instructora emitiese esa resolución, Alba sigue siendo, a todos los efectos, un magistrado en servicio activo, aunque de baja médica, puesto que aún no se le ha podido notificar la decisión del órgano de gobierno de los jueces.