La jueza del caso Mediador ha solicitado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que autorice la entrega a la Policía Nacional de “los efectos depositados en el interior del despacho” del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, investigado en esta trama de presuntas extorsiones a empresarios para lograr beneficios, en la que también está investigado un general retirado de la Guardia Civil, Francisco Navas Espinosa, que sigue en prisión preventiva. En la tarde de este lunes, el Congreso recibía dicho auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife y Meritxell Batet ya ha remitido oficio, dirigido a la Comisaría del Congreso y a la Secretaría General del Congreso, acordando “que se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por el órgano judicial”.
Además, Batet ha comunicado a la magistrada el acuerdo adoptado. En el auto remitido en la mañana de este lunes, la jueza solicitaba en concreto “autorización y colaboración a fin de que la Secretaría Técnica entregue a la Policía Nacional, Grupo de delitos Tecnológicos los efectos depositados en el interior del despacho del Congreso de los Diputados asignado al investigado para realizar sus labores parlamentarias”, es decir, su ordenador y cualquier otro dispositivo que utilizara Fuentes. Además, se aclara que ya se había solicitado a la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados, información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho asignado al investigado.
Así mismo, añade que “en el supuesto de que la presidencia del Congreso colaborara entregando dichos dispositivos, se acuerda que se proceda por la Policía Nacional, Grupo de delitos Tecnológicos a abrir, análisis, estudio y confección del correspondiente informe pericial de todos los equipos informáticos y de otros dispositivos/medios de almacenamiento digital/analógico así como sobre aquellos datos que se hallen disponibles a través de estos ya sea en forma telemática o almacenada en ficheros digitales y/o físicos, equipos y/o soportes informáticos”.
La jueza entiende que se trata de una medida “excepcional” ya que se propone este medio de investigación, “al no existir otros medios de investigación menos gravosos para los derechos fundamentales de los investigados ya que, efectivamente, el desarrollo de la investigación parte de las declaraciones recibidas y de la conversación de WhatsApp aportadas, así como audios y/o fotografías y otros archivos”.
Batet ha sostenido desde el principio que debe ser el Supremo el órgano judicial que solicite la autorización del registro del despacho dada la inviolabilidad de las Cortes.
La pasada semana la Fiscalía Anticorrupción denegaba la petición de la Policía de registrar el despacho que utilizaba en el Congreso el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, investigado en el caso Mediador. El fiscal Jaime Serrano-Jover recordaba en un escrito que el Ministerio Público no puede pronunciarse a favor de lo solicitado porque la Constitución consagra la sede del Congreso como ''inviolable'' y proponía dirigirse al propio Congreso para que sea la Cámara la que autorice a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía a registrar el despacho utilizado por Fuentes Curbelo.
Sobre la cuestión de inviolabilidad, en el auto remitido este lunes por la magistrada del caso, se resalta que, como ha expresado el Supremo, “el fuero va unido al cargo, lo que significa que despliega su eficacia desde el acceso al mismo y hasta el cese. Además, ”consta en las actuaciones que Fuentes ha cesado de sus funciones como diputado del Congreso de Diputados, así se refleja en el correo remitido por la Secretaría técnica de la Cámara de Diputados“.
Cabe recordar que el exdiputado socialista dimitió de su escaño el 14 de febrero, cuando salió a la luz esta trama. Fue detenido pasado el 20 de febrero, seis después que al resto de imputados y una vez se tuvo confirmación de que ya no era miembro del Congreso. Además, compareció ante la magistrada el día 22 y salió en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, una cuestión en la que se mostraron diferencias entre la jueza y la Fiscalía, que no solicitó prisión provisional.
En el auto de este lunes, la jueza expone que “los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal”.
A la búsqueda de documentos y de todo rastro digital
En el auto de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, se recoge también que en el caso de que la presidenta del Congreso entregue esos dispositivos, se intervendrán los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados.
“A tales efectos, se acuerda, si fuere necesario, modificar las claves de acceso a los mismos, si en ellos apareciese hechos relacionados con los delitos investigados, para que, los funcionarios del Grupo de Delitos Tecnológicos (Santa Cruz de Tenerife) pudieran continuar con la investigación de los hechos, procediendo a la entrega de las nuevas claves y control de las cuentas de forma inmediata a la Autoridad Judicial, en caso de llevarse a cabo tal gestión”, resume.
El despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso sigue cerrado desde el día en el que dimitió como diputado. Fuentes de la Cámara consultadas por Europa Press han señalado que no hay inconveniente alguno en facilitar a la jueza del caso Mediador los efectos personales y los ordenadores y también han remarcado que es un exdiputado que ya no ejerce sus funciones parlamentarias y además lo que se requieren son objetos que se dejó en la Cámara.