La Justicia ha dado la razón a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) al declarar procedente el despido de un trabajador que participó en una serie de protestas contra la empresa. El empleado formó parte de una protesta en un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2014 junto a otros miembros del comité de empresa con caretas del pequeño Nicolás y camisetas con lemas que atacaban a la honorabilidad de la compañía, con lemas alusivos a la corrupción. Una actuación que fue acordada un mes antes en la sede de Intersindical Canaria, con la presencia del actual concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega (Podemos), que era coordinador regional de Seguridad Privada.
En esta reunión se acordó llevar estas caretas y camisetas con el mensaje: “Donde hay corrupto hay un corruptor. Tanto o más importante que el nombre del político corrupto, es conocer el de la empresa de seguridad corruptora”. Tras este hecho, Jacinto Ortega publicó en su Facebook una foto con el título “Parte del equipo Pequeño Nicolás”, en la que aparecen seis personas, entre ellas el empleado al que se ha ratificado su despido, A.O.A., quien también hizo una serie de publicaciones en esta línea.
Meses después de la celebración del pleno, en marzo de 2015, miembros del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria y trabajadores celebraron una rueda de prensa para anunciar una huelga. En este acto, en el que también intervinieron representantes sindicales, como el actual concejal de Cohesión Social, se vertieron insultos hacia el dueño de la empresa, Miguel Ángel Ramírez. Concretamente, se le llamó “sicario empresarial, explotador, cacique empresarial, corruptor, terrorista empresarial” y se le acusó de practicar una política “de terror y miedo hacia los trabajadores, acosa y amenaza, se beneficia del amiguismo empresarial y de administraciones corruptas”.
Seguridad Integral Canaria consideró que esos hechos eran motivo de un despido disciplinario, puesto que denigraban a la empresa con acusaciones de corrupción ante uno de sus principales clientes, el Consistorio capitalino. Además, incluyó en el expediente abierto al trabajador A.O.A. varios de los comentarios que había publicado en redes sociales con acusaciones contra el propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
El TSJC, a través de esta sentencia firmada por los magistrados Humberto Guadalupe, María Jesús García y Javier Díez, dan la vuelta al fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que había declarado nulo el despido, por entender que las conductas achacadas al trabajador sancionado por Seguridad Integral Canaria estaban amparadas por la libertad sindical y la libertad de expresión.
Los jueces del TSJC entienden que la conducta del despedido “no está amparada por el ejercicio de las libertades sindical y de expresión”, sino que “constituye una grave transgresión del deber de buena fe contractual, pues se viene a acusar de corrupción no sólo a la empresa de seguridad sino al político correspondiente” ya que el Consistorio capitalino es cliente de Seguridad Integral Canaria.
La sala estima el recurso de Seguridad Integral Canaria al considerar que el trabajador incurrió en una conducta de especial gravedad y transcendencia, merecedora del máximo reproche sancionador que supone de despido disciplinario.
Conflicto entre el concejal y el grupo Ralons
Este último episodio no es el único que ha enfrentado recientemente a una empresa de Miguel Ángel Ramírez con el concejal de Cohesión Social del Consistorio de la capital grancanaria, Jacinto Ortega (Podemos). Recientemente, el grupo Ralons se ha querellado contra la mesa de contratación del Consistorio por considerar que se han vulnerado las bases de un concurso en lo relativo a ofertas temerarias.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria concedió a la empresa Clece el pasado mes de septiembre el contrato de servicio de ayuda a domicilio, a pesar de las advertencias de grupo Ralons de oferta temeraria.
Además, Ortega, quien no se presentó en la mesa de Contratación de la que forma parte, ha mostrado públicamente su animadversión personal contra el Grupo Ralons.
Al mismo tiempo, otro hecho relacionado con las empresas de vigilancia y seguridad privadas ha salido a la luz. El organismo regulador CNMC multará a Prosegur con casi 40 millones de euros por concertar precios con su teórico rival Loomis, empresa del Grupo Securitas.
Según avanza El Confidencial, existen indicios de prácticas anticompetitivas llevadas a cabo de manera prolongada entre 2008 y 2015 dentro del negocio del transporte y la manipulación de fondos. Esta noticia coincide con la próxima salida a bolsa de la filial de esta empresa Cash. Por otro lado, el expediente del organismo regulador contempla multas personales por un importe de 50.000 euros para el director de Logística, Valores y Gestión Efectivo de Prosegur, J. L. I., y el director comercial de Loomis, J. M. M.
La CNMC considera además que existe un oligopolio de hecho, derivado del fuerte proceso de consolidación protagonizado por esta industria en los últimos años. La autoridad española de la competencia entiende que Prosegur y Loomis son las dos únicas empresas con capacidad operativa a nivel nacional y que el resto de agentes actúan en sus propias demarcaciones locales (principalmente compañías especializadas en Baleares y Canarias).
El organismo regulador considera que la falta de transparencia en la contratación pública, supone un obstáculo añadido a la hora de ampliar la competencia, ya que buena parte de las empresas que necesitan servicios especializados de seguridad son compañías estatales del sector ferroviario, en especial, Renfe, Metro de Madrid y Metro de Barcelona. Junto a estas, figuran también en la lista de damnificados las principales entidades financieras del país y algunos de los grandes grupos de distribución, como El Corte Inglés, Mercadona, Lidl y Aldi.