El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha prorrogado dos años más la prisión provisional bajo fianza de dos millones de euros para cada miembro de la familia Kokorev, acusada de blanquear 26,4 millones de dólares para el dictador guineano Teodoro Obiang.
La magistrada Ana Vega requirió en octubre de 2015 la extradición de los hispano rusos Vladimir Kokorev, Yulia Maleeva y su hijo Igor desde Panamá, donde fueron detenidos y recluidos tras emitir la Interpol una alerta de captura, y decretó su ingreso en prisión en noviembre de ese mismo año.
Casi cumplidos los dos años de encarcelamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en la vista celebrada el lunes, 31 de julio, la prórroga de la prisión provisional ante el riesgo de fuga, al tratarse de personas que cuentan con propiedades en diferentes países.
Los abogados de los acusados creen desmesurada la resolución judicial y consideran que no hay precedentes de la imposición de una cantidad tan abultada para casos de este tipo. Asimismo, advierten de que el juicio, que todavía no se ha celebrado, no se prevé al menos hasta diciembre o ya los primeros meses del próximo año, según publica La Provincia.
Las defensas, que recurrirán el fallo ante la Audiencia Provincial, alegaron durante la vista que la prolongación de la prisión implica el cumplimiento de la condena por blanqueo de capitales, cuya pena máxima es de seis años de cárcel. Parte de sus argumentos se basaron en una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que decretó la libertad provisional del matrimonio, bajo fianza de dos millones de euros para cada uno.
Por otro lado, fijó la retirada del pasaporte de los investigados, la prohibición de abandonar el territorio español y comparecencias semanales.
Los testaferros de Obiang
Como informó Canarias Ahora en octubre de 2015, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España inició en 2003 una investigación a raíz de un rastreo ordenado por el Senado de Estados Unidos a las cuentas del banco Riggs de Nueva York. En estas pesquisas se descubrieron importantes operaciones en las que aparecían personalidades tan destacadas como las del dictador chileno Augusto Pinochet o la del guineano Teodoro Obiang. Este último figura como firmante de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial, desde la que se movían unos 700 millones de dólares procedentes de petroleras estadounidenses y desde la que se ordenó entre los años 2000 y 2003 un total de 13 transferencias por un montante de 26,4 millones de dolares (23 millones de euros) a la sociedad panameña Kalunga Company SA.
El dinero se ingresó en una cuenta del Banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. En la capital grancanaria, en un apartamento situado en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, residían en ese momento Vladimir Kokorev, profesor de historia de 59 años y extraductor de español del Partido Comunista en la Unión Soviética, y su esposa Julia Kokoreva, de 61, intérprete y periodista. Ellos son los titulares de Kalunga.
Ante la sospecha de blanqueo de capitales mediante la utilización de sociedades pantalla y transferencias a paraísos fiscales, la Asociación de Derechos Humanos de España presentó una querella contra el clan Obiang. El caso recayó en la Audiencia Nacional, que lo remitió a los juzgados de Las Palmas al entender que el presunto delito se habría cometido en esta provincia. La investigación pasó en ese momento a manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y del fiscal Anticorrupción Luis del Río, que solicitó la imputación del matrimonio después de recibir un informe de Hacienda.
La Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial elaboró otro informe en el año 2013, destapado por el diario El País, que señalaba a los Kokorev como testaferros del clan Obiang y los acusaba de blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de “actividades delictivas y de corrupción política” en el país africano. Según estas informaciones, el matrimonio ruso se valía de un conglomerado de diez sociedades para transferir el dinero de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial a cuentas personales del entorno de Obiang, “presidente vitalicio” de la excolonia española desde que en 1979 derrocara con un Golpe de Estado a Francisco Macías Nguema.