La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes a la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, que prorrogue la prisión provisional de la familia Kokorev, acusada de blanquear 26,4 millones de dólares para el dictador guineano Teodoro Obiang, ante el riesgo de fuga.
Vega requirió en octubre de 2015 la extradición de los hispano rusos Vladimir Kokorev, Yulia Maleeva y su hijo Igor desde Panamá, donde fueron detenidos y recluidos tras emitir la Interpol una alerta de captura, y decretó su ingreso en prisión en noviembre de ese mismo año.
Prácticamente cumplidos los dos años de encarcelamiento, el Juzgado debe celebrar por ley una vista para dirimir si los sospechosos deben permanecer en la prisión durante un máximo de dos años más, o por el contrario, estimar la libertad provisional hasta que se celebre el juicio.
El Ministerio Público alertó este lunes del riesgo de fuga de los acusados, al tratarse de personas que cuentan con propiedades en diferentes países.
Una solicitud a la que se opusieron tanto José Antonio Choclán, que ejerce la defensa de Vladimir Kokorev, como el presidente de Lemat Abogados, José García Cabrera, que representa legalmente a Yulia Maleeva.
Ambos abogados alegaron que la prolongación de la prisión implica el cumplimiento de la condena por blanqueo de capitales, cuya pena máxima es de seis años de cárcel, a pesar de que todavía no se ha celebrado el juicio. Parte de sus argumentos se han basado en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que decretó la libertad provisional del matrimonio, bajo fianza de dos millones de euros para cada uno.
La Audiencia estimó parcialmente el recurso interpuesto por las Defensas al considerar que cumplir más de un cuarto de la pena atenuaba considerablemente el riesgo de fuga. Por otro lado, fijó la retirada del pasaporte de los investigados, la prohibición de abandonar el territorio español y comparecencias semanales.
La fianza sigue vigente, puesto que la citada sentencia es firme, y razonable según los magistrados de la Sección Segunda, dadas las importantes cifras de dinero que ha manejado la familia.
Aunque los dos años de encarcelamiento de los Kokorev se cumplen el 9 de septiembre, fuentes relacionadas con el caso confían en que la jueza se pronuncie antes de la fecha, teniendo en cuenta el parón vacacional de agosto.
A este intento de liberar a los Kokorev se une el empeño del Consulado de Rusia en identificar al magistrado que ante la grabadora del juez Salvador Alba aseguró que todos los jóvenes rusos “son mafiosos” y todas las rumanas, “putas” . El objetivo es que el juez que hizo estos comentarios en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial sea apartado de todas los casos relacionados con ciudadanos rusos y, en especial, de la causa abierta contra la familia.
Los testaferros de Obiang
Como informó Canarias Ahora en octubre de 2015, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España inició en 2003 una investigación a raíz de un rastreo ordenado por el Senado de Estados Unidos a las cuentas del banco Riggs de Nueva York. En estas pesquisas se descubrieron importantes operaciones en las que aparecían personalidades tan destacadas como las del dictador chileno Augusto Pinochet o la del guineano Teodoro Obiang. Este último figura como firmante de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial, desde la que se movían unos 700 millones de dólares procedentes de petroleras estadounidenses y desde la que se ordenó entre los años 2000 y 2003 un total de 13 transferencias por un montante de 26,4 millones de dolares (23 millones de euros) a la sociedad panameña Kalunga Company SA.
El dinero se ingresó en una cuenta del Banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. En la capital grancanaria, en un apartamento situado en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, residían en ese momento Vladimir Kokorev, profesor de historia de 59 años y extraductor de español del Partido Comunista en la Unión Soviética, y su esposa Julia Kokoreva, de 61, intérprete y periodista. Ellos son los titulares de Kalunga.
Ante la sospecha de blanqueo de capitales mediante la utilización de sociedades pantalla y transferencias a paraísos fiscales, la Asociación de Derechos Humanos de España presentó una querella contra el clan Obiang. El caso recayó en la Audiencia Nacional, que lo remitió a los juzgados de Las Palmas al entender que el presunto delito se habría cometido en esta provincia. La investigación pasó en ese momento a manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y del fiscal Anticorrupción Luis del Río, que solicitó la imputación del matrimonio después de recibir un informe de Hacienda.
La Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial elaboró otro informe en el año 2013, destapado por el diario El País, que señalaba a los Kokorev como testaferros del clan Obiang y los acusaba de blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de “actividades delictivas y de corrupción política” en el país africano. Según estas informaciones, el matrimonio ruso se valía de un conglomerado de diez sociedades para transferir el dinero de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial a cuentas personales del entorno de Obiang, “presidente vitalicio” de la excolonia española desde que en 1979 derrocara con un Golpe de Estado a Francisco Macías Nguema.