El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) ha valorado este miércoles la reciente anulación judicial de la Audiencia Nacional del nombramiento de la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Eva M. Hernández.
En un comunicado, el sindicato explica que según ha podido conocer, la sentencia del pasado 26 de diciembre del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 ha anulado el nombramiento de la secretaria de Gobierno del TSJC realizado en abril de 2017 por el Ministerio de Justicia mediante el procedimiento de libre designación.
El Juzgado, en una resolución judicial que no es firme, anula el nombramiento estableciendo que el Ministerio incumplió la ley, en concreto los términos de la convocatoria y los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A juicio del sindicato “se trataba de algo tan obvio como que el puesto requería un mínimo de diez años de antigüedad y la candidata elegida tenía solo cinco años en la categoría”, por lo que la sentencia debe “marcar el inicio del fin de una etapa muy oscura en el Ministerio de Justicia”.
Además, añade que “existían para el puesto otras candidaturas que sí cumplían los requisitos legales y, pese a ello, el gabinete de Rafael Catalá decidió deliberadamente seguir adelante con el nombramiento ahora anulado”.
Esta circunstancia fue denunciada por el SISEJ, que elevó una consulta urgente a la Secretaría General de la Administración de Justicia, pero recalca en su nota “que ni tan siquiera fue contestada”.
Recuerda asimismo que, a pesar de que el Consejo del Secretariado informó de forma previa a favor de dicho nombramiento, el vocal de la plataforma conjunta de Letrados de la Administración de Justicia, que integran las organizaciones SISEJ y UPSJ -Unión Progresista de Secretarios Judiciales-, votó en solitario oponiéndose por el motivo que ahora estima la Audiencia Nacional.
El SISEJ valora la sentencia recaída en este asunto que, en su opinión, debe llamar a una “seria y urgente reflexión” de los poderes públicos y a una “seria denuncia ante la opinión pública sobre la gravedad del uso que está haciendo este Ministerio de Justicia de las instituciones, incluso al margen de la legalidad”.
A pesar de que no se trata de un fallo firme, SISEJ considera que la anulación del nombramiento de la secretaria de Gobierno del TSJC debe “marcar el inicio del fin de una etapa muy oscura en el Ministerio de Justicia, caracterizada por una apropiación de las instituciones públicas que son y deben ser de todos y para todos”.