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Un denunciante del presunto pucherazo electoral en el municipio grancanario de Mogán se siente “constantemente amenazado” por el entorno de la alcaldesa, Onalia Bueno, líder de lo que el equipo judicial de la Guardia Civil denomina “organización criminal para la compra y tramitación fraudulenta de votos” en los comicios de 2015 y 2019. Ramón Trujillo, conocido como el Perraya en la localidad sureña, ha lanzado este viernes desde la radio una llamada de auxilio. Reclama protección judicial frente a las presiones que, según dice, sigue sufriendo por parte de personas “allegadas” a la regidora. “Me quiero retirar de toda esta basura. Ya no puedo más”, ha manifestado en los micrófonos de Cope Canarias.
No es la primera vez que denuncia presiones. En octubre del año pasado, días después de que la alcaldesa y otros concejales de Ciuca fueran detenidos por la policía judicial en una operación en la que fueron registradas las oficinas municipales en busca de pruebas sobre el presunto delito electoral y contra la administración pública, Trujillo se personó en las dependencias de la Guardia Civil para informar de que un edil del grupo de gobierno y un colaborador del partido de Bueno le habían ofrecido 3.000 euros y un puesto de trabajo a cambio de que modificara su versión de los hechos, de que se desdijera de su relato sobre cómo la alcaldesa compró voluntades de vecinos con necesidades económicas y de que inculpara “a otra persona que nada tiene que ver con lo ocurrido”.
En marzo de este año, después de que su declaración en sede judicial fuera suspendida hasta en tres ocasiones, dirigió un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedir que el juzgado que instruye la causa, el número 3 de San Bartolomé de Tirajana, lo citara a testificar cuanto antes y poder así librarse de las presiones que aseguraba padecer. La ronda de declaraciones ante el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger comenzó finalmente en junio, pero su comparecencia, al igual que la del resto de investigados, volvió a ser aplazada hasta octubre, fecha en la que ya habrá transcurrido más de un año desde que la Guardia Civil detuviera a Onalia Bueno y a los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso.
Ramón Trujillo es un testigo clave en la causa. Fue el primero que denunció la trama. “Lo que dije en 2015, lo vuelvo a repetir en antena”, ha dicho este viernes. Hace ya seis años manifestó que la entonces candidata de Ciuca a la Alcaldía de Mogán, Onalia Bueno, le pidió su colaboración en la campaña electoral para captar potenciales votantes entre los vecinos más vulnerables del municipio. “Yo llevaba a la gente donde estaba la sede (del partido) y allí les pagaban”, ha explicado el Perraya, que ha añadido que los votos se compraban “en principio a 50 euros” pero, “en los últimos días, a 150 y hasta 300 euros”. Y no todo en metálico: “Se han pagado operaciones, gafas, luz, agua, a mucha gente neveras...”
Como ya declarara ante la Guardia Civil, Trujillo ha afirmado que consiguió 70 votos para Ciuca en las elecciones de 2015 y que no era el único colaborador. “Había muchos más conseguidores, pero son tan cobardes que no dan la cara”. El Perraya ha recordado que tras su colaboración en la campaña electoral de Onalia Bueno consiguió un trabajo en el punto limpio del municipio. “Me lo dio ella y después me despidió porque la critiqué”.
Cuestionado sobre la identidad de las personas que le estarían presionando para que cambiara la versión, Trujillo ha señalado que se trata de “allegados” a la alcaldesa y miembros de su partido. Afirma que en las paredes de su casa han aparecido pintadas con la palabra “chusma” o la expresión “te vas a arrepentir”, que las amenazas y los insultos “son constantes” y que hace “dos o tres días” tuvo “un tropiezo” con una de las personas del entorno de la alcaldesa que, según dice, ya ha puesto en manos de la justicia. Ha evitado dar nombres y detalles del incidente. “Son familias complicadas y no quiero más problemas. Estoy muy mal”, ha reconocido el excolaborador arrepentido de Ciuca.
“Quiero retirarme de todo esto. Me da igual el abogado, me da igual quien sea. Si la justicia a mí no me pone protección, yo voy a retirar toda la basura que está ahí. No me diga que estamos en un país democrático y por ser del color político del que yo soy me van a matar. Cada uno vota lo que quiera, cada uno hace lo que quiera”, ha asegurado el Perraya, que no teme entrar en prisión. “Cuando el fiscal diga tiene 13 años de cárcel, yo voy a la cárcel. Si me tiene que meter en la cárcel, que me diga hora y día. No hace falta que mande a la Guardia Civil. Pero yo no puedo más. He perdido la moral y todo lo que tengo”, ha concluido Trujillo, que este jueves tenía previsto presentar un escrito en los juzgados.