La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona ha imputado este lunes al juez Salvador Alba el delito de revelación de secretos, que se suma a los de prevaricación judicial, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, delitos contra la Administración de Justicia y falsedad.
La ampliación a ese nuevo delito se produjo en el momento en el que la magistrada leyó al imputado sus derechos y los delitos hasta ahora conocidos, a lo que añadió “lo que resulte de la investigación por revelación de secretos”, delito probablemente vinculado con las filtraciones de información reservada a medios de comunicación sobre la causa de fraude fiscal por la que se investiga al empresario Miguel Ángel Ramírez, así como por los informes que el juez investigado elevó al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial.
De hecho, la magistrada le preguntó por sus relaciones con el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, con quien se vio los primeros días de diciembre de 2015 en Madrid, justo la víspera de que el periódico comenzara a publicar decenas de informaciones relacionadas con las investigaciones de la Fiscalía de Las Palmas que se seguían sobre el desempeño de Victoria Rosell y, posteriormente, por la querella que el ex ministro José Manuel Soria interpuso contra ella. Investigaciones y querella que han resultado archivadas.
Margarita Varona también preguntó a Salvador Alba por su petición a un funcionario del Juzgado de Instrucción 8 de un DVD conteniendo la grabación de la declaración pactada que efectuó Miguel Ángel Ramírez el 23 de abril, así como por los corta y pega de informes reservados suyos que aparecieron en la querella de José Manuel Soria, redactada por el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández.
Durante dos horas y media de declaración, el magistrado se negó a contestar a las preguntas sobre la grabación en la que se le escucha maquinando con el empresario una declaración para perjudicar a la jueza Victoria Rosell.
Fuentes conocedoras del interrogatorio han señalado que Alba aseguró ante la magistrada que su reunión con Ramírez del pasado 16 de marzo se llevó a cabo por petición del empresario y que en ella le trató “como a un imputado más”.
Sobre el hecho de que llamara a declarar a Ramírez tras aquella reunión, aseguró que le pareció “relevante” para el caso que investigaba al querer conocer si el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas habría podido cometer el delito de blanqueo de capitales, que jamás le atribuyó. La declaración de Ramírez se centró única y exclusivamente en las relaciones comerciales entre sus empresas y el periodista Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell, a pesar de que la instrucción, aún abierta, tiene por objeto dilucidar si Ramírez defraudó a Hacienda y a la Seguridad Social al camuflar como dietas las horas extras de sus trabajadores.
La jueza instructora también ha preguntado a Alba por su relación con José Manuel Soria. La grabación del encuentro entre el juez y Ramírez implica al exministro de Industria, Energía y Turismo, que habría estado al tanto de la supuesta operación urdida para acabar con la carrera política de Rosell, rival del expresidente del Partido Popular (PP) en Canarias en las elecciones de diciembre de 2015. Alba ha admitido que conoce a Soria y que ha coincidido con él en dos ocasiones, una de ellas cuando se postulaba a vocal del Consejo General del Poder Judicial, aunque ha negado que mantenga con el exministro una relación de amistad.
Alba ha declinado hacer declaraciones a los periodistas tanto a la entrada como a la salida de la sede del TSJC y se ha limitado a afirmar que estaba “tranquilo”.
También ha declarado este lunes durante cerca de una hora y media el abogado Sergio Armario, que acompañó a Ramírez a la Ciudad de la Justicia el pasado 16 de marzo, aunque no entró en el despacho de Alba. Según han asegurado fuentes conocedoras del interrogatorio, el letrado ha contradicho a Alba al asegurar que el encuentro se produjo a iniciativa del juez, extremo que también sostiene la defensa de Ramírez.
Los interrogatorios sobre esta causa continuarán este martes cuando está previsto que comparezca la fiscal Evangelina Ríos, que representa al Ministerio Público en la investigación sobre presunto fraude fiscal a Miguel Ángel Ramírez.
Así mismo, están citados como testigos el abogado del Estado José Luis Risquete y la letrada de la Seguridad Social Cristina Rodríguez, la abogada del sindicato USO Paloma Amo y el entonces secretario del Juzgado de Instrucción número 8, Miguel Juanes, que ha pedido declarar por videoconferencia al encontrarse en Salamanca.
Todos ellos estuvieron presentes en la declaración que tomó Alba a Ramírez el 20 de marzo, y que se produjo tras la reunión que mantuvieron el magistrado y el empresario en su despacho.