No hay causa. Cuando se hizo pública en eldiario.es la grabación de la conversación sostenida entre Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez (11 de mayo de 2016) el magistrado corrió al juzgado de guardia a interponer una denuncia. Ese día correspondía el turno de guardia a Instrucción 4, a cuyo frente está el magistrado Florencio Barrera. Tuvieron que cederle a Alba un ordenador para que fuera él mismo quien plasmara aquel caótico relato que ningún funcionario era capaz de llevar al sistema Atlante. Alba quería denunciar a todo el mundo, empezando por el empresario Miguel Ángel Ramírez, que le habría grabado subrepticiamente en su despacho mientras juntos pactaban una declaración judicial que fuera perjudicial para la magistrada Victoria Rosell, por entonces diputada de Podemos. Estaba muy nervioso, según han relatado testigos presenciales, y decidió meter en aquella denuncia a “otros compañeros” de carrera que, a su entender, le habrían presionado para beneficiar a Ramírez. Eso ocurrió en mayo. Siete meses después su denuncia ha sufrido un archivo provisional que, por su contundencia y por la decisión del propio denunciante de dar marcha atrás en sus encendidas acusaciones, tiene todos los visos de convertirse en definitivo.
El juez Rafael Passaro, de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó la denuncia de Salvador Alba, acaba de decretar el archivo de la causa y de todas sus derivadas. Porque a la denuncia inicial contra Miguel Ángel Ramírez y el abogado Sergio Armario, que acompañó al presidente de Ralons hasta la puerta del despacho de Alba, el magistrado sumó a última hora a su compañero de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial Carlos Vielba, padrino de su hija, por haberle llevado un recado del empresario sobre la posibilidad de no hacerse daño, de retirarse las querellas y las afrentas públicas. Recado que Alba, para no ser menos, grabó con su teléfono móvil en un episodio que ya ha pasado a los anales de la historia de la judicatura canaria por incluir en aquel registro deliberaciones informales de los magistrados de aquella sección sobre asuntos de corrupción empresarial y política y de consideraciones xenófobas sobre rusos, italianos y rumanos. Y rumanas.
Passaro es bastante rotundo cuando aborda el intento de Alba de implicar a su compadre Vielba: “De dichas grabaciones (…) sólo podría deducirse un intento de mediación entre don Miguel Ángel Ramírez Alonso y el denunciante don Salvador Alba, transmitido a través de tercera persona, llegando a decir, tal y como se recoge en la transcripción ”C [Vielba]: Yo creo que él te quiere dar una explicación y decirte lo que él puede haber para ayudarte“.
“Tal comportamiento”, sostiene el juez Passaro, “carece de relevancia penal, por lo que procede inadmitir la ampliación de la denuncia”.
Más jugosos se presentan en el auto de archivo los pasajes referidos a la denuncia de Alba contra Miguel Ángel Ramírez por grabarle. El denunciante acusaba a su interlocutor de los delitos de revelación de secretos, coacciones, injurias y/o calumnias y estafa procesal por haber aportado ante el Juzgado de Instrucción 8 la grabación de la conversación que ambos sostuvieron el 16 de marzo de 2016 en el despacho del juez. Alba había denunciado cuando aún creía que Ramírez había aportado fragmentos “manipulados”, cuando aún desconocía el alcance de lo registrado en aquel dispositivo grabador y, por supuesto, cuando aún ignoraba que meses más tarde aparecería la grabación íntegra, validada por la Guardia Civil y por la magistrada Margarita Varona, que instruye contra él una causa por un ramillete de delitos, algunos de ellos muy parecidos a los que ha tratado de atribuir sin éxito a Miguel Ángel Ramírez.
Ramírez es “denunciante”
Para Passaro, la cuestión está clara: Ramírez es el verdadero denunciante de unos presuntos delitos cometidos por Alba. “El comportamiento de aquel [Miguel Ángel Ramírez] equivale en la práctica a una denuncia dado que estamos ante la puesta en conocimiento de la autoridad judicial de una notitia criminis. A partir de aquí, el delito de revelación de secretos debe quedar necesariamente excluido, no sólo porque el encuentro y lo que en él se dijo entre don Salvador y don Miguel Ángel no era secreto para éste (se comete delito cuando se graba la conversación de otro, pero no cuando se graba la conversación con otro), sino que no se alcanza a comprender el interés público que pueda haber en proteger el secreto de unos hecho que, una vez conocidos, han dado lugar a un proceso penal”.
El instructor, además, rechaza que exista el delito de coacciones por cuanto “en el momento en que se aporta la grabación [11 de mayo] en el Juzgado de Instrucción número 8, don Salvador ya no era juez instructor de la causa que se sigue contra don Miguel Ángel y nada podía ya resolver en la misma por lo que mal se le podía coaccionar en sentido alguno”. Efectivamente, Alba dejó el juzgado el 3 de mayo.
Cuando entra a rechazar los delitos de injurias y calumnias, Passaro sostiene que “para llegar a esa calificación habría que constatar en la causa indicios de que los investigados (los dos o uno de ellos) manipularon la grabación aportada para alterar el sentido de la misma de forma que parezca que los partícipes en la conversación (especialmente don Salvador) dijeran algo que realmente no habían dicho. Y tales indicios no existen”.
Además, recalca el instructor, Alba jamás ha negado que la reunión existió y que lo que recoge la grabación allí se dijo, y si hay diferencia entre la primera versión de la grabación y la segunda (la íntegra) es porque “en la grabación aportada falta parte del contenido de la grabación más larga, pero no [fragmentos] alterados”.
El archivo de esta causa promovida por Salvador Alba se suma a la petición de la Fiscalía de que se archive su querella contra las magistradas Carla Vallejo y Victoria Rosell, así como contra el ex secretario judicial Miguel Juanes, por haber admitido la grabación de Ramírez y formular contra él (por parte de la magistrada Vallejo) exposición motivada para que se abrieran diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El próximo lunes está citado a declarar Salvador Alba en condición de investigado ante la magistrada Margarita Varona, que instruye la causa contra él. Podemos y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, han solicitado personarse como perjudicados esta semana.