CASO JABLE

“Se nos fue la mano”: la confesión de exjefes de Urbaser sobre un viaje a Kenia, un Rolex y otras dádivas a la exalcaldesa de Arrecife

“Desgraciadamente, se nos fue la mano. Con la intención de mantener el contrato, se nos fue la mano”. Manuel Andrés Martínez, directivo hasta el pasado mes de mayo de Urbaser (antes Tecmed), el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basura, ha confesado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas haber sobornado con viajes, joyas y dinero en metálico a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife para garantizarse la adjudicación y mantenimiento de un contrato de 32 millones de euros, el de recogida de residuos sólidos urbanos y transporte al vertedero del municipio. Esas dádivas incluían un viaje para la alcaldesa, el secretario municipal y sus familias o un reloj de la marca Rolex, valorado en 4.750 euros, para la regidora.

“Son 5.000 días de arrepentimiento (la instrucción comenzó en 2008) y los que me quedan de vida”, ha asegurado durante su declaración el que fuera número dos de la empresa, despedido días después de presentar el escrito en el que admitía los hechos.

Martínez es uno de los once acusados en la operación Jable. Es la última pieza de una de las mayores causas de corrupción que se han investigado en Canarias por número de tramas y de imputados, el caso Unión. Juzga una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife entre 2002 y 2007 a cambio de la adjudicación de obras y servicios. La causa se centra en dos contratos: el de limpieza concedido a Urbaser y la construcción del pabellón deportivo de Argana Alta, en la capital, por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Exejecutivos de esas empresas han admitido el pago de dádivas. Según las acusaciones, los perceptores fueron Isabel Déniz, alcaldesa de Arrecife entre 2001 y 2007, primero con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y a partir de 2005 con Coalición Canaria (CC); Dimas Martín, fundador del PIL, condenado en numerosas causas y actualmente en prisión; Felipe Fernández Camero, exsecretario municipal y conocido abogado en la isla, y Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica del Consistorio. Este último ha detallado en esta primera sesión cómo se fraguó el amaño del concurso de Urbaser y ha confesado el cobro de 180.000 euros de la trama.

La exalcaldesa y el exsecretario declararán el próximo viernes, después de que este miércoles lo hayan hecho los otros nueve. Hace poco más de un mes, Déniz presentó un escrito en el que reconocía haber recibido “regalos y detalles” por valor de 45.000 euros. Según su abogado, José María Calero, se trata de un delito de “cohecho impropio” que, en su opinión, ya estaría prescrito. Una cuestión que el letrado deberá defender durante el trámite de conclusiones y de informes finales y sobre la que el tribunal deberá pronunciarse en sentencia.

La declaración de Manuel Andrés Martínez ha sido una de las más contundentes de la sesión inaugural del juicio. El exejecutivo de Urbaser ha dado validez a las anotaciones que el gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, recogía en sus agendas sobre esas dádivas. “Entiendo que las anotaciones que pone, las pone porque son reales”, ha contestado el acusado, que ha reconocido haber autorizado alguno de los pagos, como el del Rolex de 4.750 comprado para la alcaldesa en la joyería Saphyr.

“Dimos a Dimas (Martín) esa cantidad”, señaló sobre los 72.000 euros que el histórico dirigente lanzaroteño también confesó haber recibido por la adjudicación de ese contrato. En septiembre del año pasado, Martín se convirtió en el primer condenado en Canarias por dirigir una asociación ilícita asociada a la corrupción. El Tribunal Supremo destacó entonces la ascendencia que tenía sobre los concejales de Arrecife, que se referían a él como “el jefe”, y que siguió manejando los hilos de la institución incluso desde la cárcel.

Martínez ha señalado que las dádivas se entregaban a través de Jacinto Álvarez, el delegado de la empresa en Lanzarote. “Gozó de mucha libertad, le consentíamos muchas cosas. Conocía la parte técnica y la política”, ha explicado. “Jacinto tenía una magnífica relación con el señor Arrocha (jefe de la Oficina Técnica, encargado de elaborar el informe-propuesta de adjudicación de los contratos)”, ha añadido.

El exejecutivo de Urbaser también ha admitido la entrega de una cantidad de dinero en metálico (unos 14.000 euros) que estaban destinados a pagar un viaje de la exalcaldesa y el exsecretario municipal con sus respectivas familias a Kenia, vía Tanzania. “Los viajes los organizaba (Jacinto) Álvarez. Tenía autorización”, ha dicho Martínez. El delegado de Urbaser en Lanzarote dejó constancia de ello en su agenda. “Hay que darle un viaje al secretario”, recogía una de las anotaciones, atribuyendo esas palabras a la entonces alcaldesa. Una afirmación que Álvarez ha corroborado en su declaración ante el plenario, recordando que fue Déniz quien le dijo que llevara el sobre con esos 14.000 euros al despacho de Fernández Camero, “un cuarto pequeño bajando unas escaleras”.

Al término de su declaración como acusado, Manuel Andrés Martínez, el exnúmero dos de Urbaser, recalcó que fue despedido “casi al día siguiente” de confesar los hechos y que, con esa voluntad de resarcir el orden alterado, ha consignado 110.000 euros en los juzgados en concepto de responsabilidad civil. Se trata de la misma cantidad que ha depositado otro de los exejecutivos de Urbaser que ha mostrado su arrepentimiento, Santiago Alonso, también despedido el pasado mes de mayo tras presentar el escrito de reconocimiento.

Alonso ha explicado que era el director de explotación de Tecmed (luego Urbaser) y que se encargaba de la ejecución de los contratos en toda España. En su declaración de este miércoles como acusado, ha asegurado que no participó en las negociaciones “ni mucho menos en los pagos”, pero que “sí era consciente” de las dádivas. “No era estrictamente necesaria mi autorización, pero no hice nada por evitarlo”.

Según ha comentado, lo que le trasladaba Jacinto Álvarez es que “no había manera de trabajar allí (en Arrecife) si no se hacían esos pagos”. “Era una manera de vivir”, ha redundado después. Sobre el amaño del concurso, ha relatado que Jacinto Álvarez le explicó que había un problema con las ofertas y que se podían resolver, pero que los detalles no se los contó “nunca”.

Un tercer exdirectivo de Urbaser, Francisco José Martínez, ha definido su función como la de “transportador de dinero”. A preguntas del fiscal, ha explicado que era director de la división de construcción de la empresa y que cuando tenía que ir a Lanzarote a supervisar las obras de la nave llevaba sobres con dinero que había que entregar al jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. En total le llevó 180.000 euros, según ha reconocido este exejecutivo, que ha consignado en los juzgados 55.000 euros.

También ha declarado en la primera sesión del juicio Enrique Hernández Martín, directivo de FCC que firmó los pagarés para sufragar un viaje de la exalcaldesa de Arrecife y su familia a Marrakech. Según el acusado, esa dádiva estaba vinculada a la construcción del pabellón de Argana Alta y, en contra de lo manifestado por Isabel Déniz durante la fase de instrucción, esas cantidades “nunca fueron retornadas”.

Las penas serán revisadas

En el escrito de acusación, formulado en diciembre de 2016, la Fiscalía pedía trece años de cárcel y 52 de inhabilitación para Isabel Déniz y para Dimas Martín, además de multas que ascendían a 363.355 y 281.244 euros, respectivamente. Para Felipe Fernández Camero reclamaba once años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación y una multa de 38.183 euros. Para Rafael Arrocha, 19 años y medio de prisión, 62 de inhabilitación y 1,12 millones de euros de multa. Los exdirectivos de Urbaser Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso se enfrentaban, por su parte, a una pena de diez años y dos meses de cárcel y una multa de 600.000 para cada uno de ellos. En cualquier caso, tal y como remarcó el representante del Ministerio Público en el trámite de cuestiones previas, esas peticiones serán revisadas a la baja por las dilaciones indebidas en la causa.