“¿Que esto es una mierda y no me salpica? Acepto pulpo como animal de compañía”. La frase es del funcionario Salvador Álvarez, coordinador general de cuatro áreas de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, mano derecha de la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio- Ciuca), y una de las diez personas imputadas en la causa que investiga la presunta compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio turístico grancanario. La pronunció el 20 de febrero de 2017, en una conversación grabada con la que aún entonces era formalmente la responsable del área de Servicios Jurídicos. Tres días antes, otro de los investigados, Mencey Navarro, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, había ordenado inhabilitar el correo electrónico de la abogada y cesarla en sus funciones debido a su posición discrepante con un acuerdo que el gobierno municipal pretendía alcanzar con el empresario Luis Oller, señalado por la Guardia Civil como uno de los financiadores de Ciuca en la campaña de 2015 y en la trama del pucherazo. En concreto, con un acuerdo de mediación que, según la policía judicial, fue amañado para beneficiar al dueño de Aguas de Arguineguín y devolver con cargo a las arcas públicas el dinero que dio a ese partido político en los comicios.
En esa conversación, la trabajadora interina expresa a su interlocutor su malestar por el cese y traslado a otras dependencias (el negociado de Patrimonio) y defiende su rectitud y su máxima de respeto al cumplimiento de la legalidad. “Esto es la crónica de una muerte anunciada, lo hemos intentado parar un montón de gente... El siguiente paso es convocarte los exámenes (para la provisión definitiva de la plaza que ocupaba con un contrato temporal). ¿No te preocupa que te pongan en la calle?”, le responde Salvador Álvarez, que incide en que el responsable de su destitución es Mencey Navarro, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en Mogán.
En su último informe, la Guardia Civil considera acreditado que esta trabajadora, Patricia H., sufrió “intimidaciones y coacciones” para que se plegara a las pretensiones de la organización presuntamente delictiva y que tanto ella como la abogada externa que la precedió en el proceso de mediación judicial fueron “eliminadas del tablero”, apartadas de sus funciones en ese procedimiento, porque “no estaban dispuestas a someterse al acuerdo que deseaba Cornisa del Suroeste”, promotora de Luis Oller, por considerar que se situaba al margen del ordenamiento jurídico y contravenía una sentencia judicial.
Ese proceso de mediación judicial se inició por orden de Onalia Bueno al mes de acceder a la Alcaldía. Una de sus primeras decisiones fue resolver el contrato de Ana J., la letrada a quien el Ayuntamiento había encomendado en 2014 el pleito judicial abierto a raíz de una demanda presentada por el presunto financiador de Ciuca, que reclamaba el pago de facturas por un valor superior a los 850.000 euros. Fue Salvador Álvarez quien comunicó a la abogada externa el despido en una reunión en la que, según declaró ante la Guardia Civil la responsable de la Asesoría Jurídica municipal, también presente, se produjo una acalorada discusión porque el coordinador pidió a Ana J. que no contestara a la demanda. “Yo defiendo los intereses del Ayuntamiento, tú estás defendiendo los intereses de Cornisa (del Suroeste, la empresa de Oller)”, respondió la asesora, que antes de ser despedida presentó en plazo la contestación y advirtió de duplicidades y de la improcedencia de algunas facturas reclamadas.
Patricia H. acudió como responsable de los servicios jurídicos municipales a las cuatro primeras reuniones de la mediación. Y en ellas expresó también sus discrepancias. No estaba de acuerdo en que se incluyera en el paquete de la mediación otros asuntos que concernían al mismo empresario, incluso de sociedades distintas, ni tampoco en la fecha que proponía Cornisa del Suroeste para empezar el conteo de las facturas reclamadas ni en que se aceptara sin más el contenido de esas facturas y no se analizara si existían duplicidades o pagos incorrectos. De la documental intervenida en la causa y de las testificales la Guardia Civil desprende que Salvador Álvarez presionó a esta trabajadora para que aceptara los acuerdos que proponían los representantes de la empresa.
En su declaración ante la policía judicial, Patricia H. mencionó alguno de los episodios que vivió durante esa etapa para demostrar que la postura de Álvarez era “coincidente” con la de Oller y recordó que en una de las reuniones el coordinador municipal le dio “dos patadas debajo de la mesa” para que se callara. Dijo, además, haber recibido presiones para que no solicitase informes técnicos a los trabajadores municipales que pudieran cuestionar la rebaja de una deuda que la misma empresa mantenía con la corporación local, una disminución que también acordaron las partes en ese proceso de mediación por otro litigio. La promotora había sido condenada, por sentencia judicial firme, a pagar 1,35 millones de euros al Ayuntamiento por las obras inconclusas de una urbanización. Esa cantidad se redujo en el acuerdo final a poco más de 200.000 euros sin que se explicaran las motivaciones de esa sustancial quita de la deuda.
Siempre según la versión de la abogada, el coordinador general del Consistorio sureño y simpatizante de Ciuca le pidió además que, en otra demanda, se allanara a las pretensiones de Aguas de Arguineguín, entidad también presidida por Luis Oller y explotadora del servicio de abastecimiento de agua en determinadas zonas del municipio, y la amenazó con cesarla y trasladarla de departamento, como finalmente ocurrió, si no accedía a estas exigencias. Tras su cese, la trabajadora fue sustituida en el proceso de mediación por otro funcionario, David Chao, que acabó de perfilar el acuerdo con Cornisa del Suroeste, resuelto con un saldo favorable para la empresa de cerca de 900.000 euros tras la disminución de la deuda y la aceptación del 90% de las facturas reclamada por la promotora de la urbanización.
La funcionaria apartada acabaría llevando el asunto a los juzgados de lo Social. El pasado mes de mayo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó una condena al Ayuntamiento de Mogán por infringir el derecho a la integridad física y moral de la trabajadora por trasladarla a un puesto de trabajo conocido entre el personal de la corporación como “el calabozo” para denigrarla. Se trata de un lugar que se sitúa en el sótano de las oficinas municipales, en un lugar que no reúne condiciones de seguridad y salud, “sin sistema de ventilación, con riesgos de golpes, con una silla no adecuada, falta de iluminación y limpieza o humedades en las paredes”.
En su relato de hechos probados, la sentencia alude a un episodio de gritos de Salvador Álvarez a la abogada en su despacho, una notificación “expresa” a la letrada de que debía abandonar los asuntos relacionados con el empresario Luis Oller, la desactivación de su cuenta de correo electrónico por orden del primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, e irregularidades en los traslados continuos, cinco en total -el último al calabozo-, “sospechosos de un trasiego intencionado para mermar su derecho fundamental a la integridad física y moral”.
El objetivo de todas esas actuaciones, concluye la Guardia Civil en su informe, era “doblegar la voluntad” de la asesora jurídico municipal, que ya había manifestado que no iba a aceptar acuerdos que vulnerasen el ordenamiento jurídico ni a informar favorablemente, en especial en aquellos que estaban vinculados con Luis Oller, el empresario que, según sostiene el equipo de policía judicial, financió de manera ilegal la campaña electoral de Ciuca en 2015 a través del funcionario Salvador Álvarez. Las declaraciones de la abogada, remarcan los investigadores, están avaladas por la documental que obra en la causa y por los sucesos acreditados, algunos de ellos con el valor de “hechos probados” en una sentencia judicial.