“Llevaba diez años esperando este momento”. Miguel Ángel Ramírez se ha explayado este miércoles con profusas y apasionadas explicaciones durante la declaración que ha prestado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas como acusado por un presunto fraude fiscal de 36 millones de euros en Seguridad Integral Canaria (SIC). Ante una sala abarrotada y con el apoyo, entre otros, de personas vinculadas a la Unión Deportiva Las Palmas, el empresario ha defendido su inocencia y ha arremetido contra el exjuez Salvador Alba, que instruyó la causa durante seis meses, pero también contra la fiscal Evangelia Ríos, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y el sindicato USO. Es decir, contra las acusaciones (pública, particular y popular) en este proceso.
“Es un atropello, es mentira. Ya está bien de decir que no pago a Hacienda y a la Seguridad Social”, ha manifestado Ramírez al ser cuestionado por la principal acusación en este procedimiento, la de camuflar bajo el concepto de dietas las horas extra y otros complementos salariales con el objetivo de ahorrarse así las cotizaciones a la Seguridad Social y la tributación en el IRPF. “Si nosotros declaramos que un trabajador cobró dietas y kilometraje, es porque cobró dietas y kilometraje”, ha remarcado.
En su extensa comparecencia, Ramírez ha ido recordando determinados hitos por los que, a su juicio, no ha sido investigado “con la independencia y justicia” que merecía. Y ha señalado una fecha: el 3 de noviembre de 2015, día en que asume la instrucción Salvador Alba.
“Esta causa la prostituye el señor Alba con todas sus decisiones”, ha sentenciado el empresario, recordando que el ya exjuez fue condenado por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental precisamente por utilizar este procedimiento para un fin ajeno al de la investigación por fraude fiscal. Ese objetivo, como concluyó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y confirmó el Supremo, no era otro que tratar de acabar con la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
El acusado ha recordado que Alba le impuso una fianza de 35 millones de euros y le reclamó la contabilidad de SIC nada más llegar al juzgado en sustitución de Rosell. Según dijo, esa fianza le costó su “reputación bancaria, empresarial y social”, que en menos de 24 horas perdiera un servicio de seguridad y limpieza en Miami con 150 empleados o que le cancelaran sus cuentas corrientes y las de sus empresas. “(A Alba) no le importaba la fianza ni nada. Lo que menos le importaba era esta causa. Lo que le importaba era la contabilidad de la empresa para ver los contratos que yo tenía con Carlos Sosa, pareja de Rosell. Ahí es donde se prostituye la causa”, ha dicho Ramírez.
En ese momento de la declaración, uno de los más tensos de la jornada, el acusado ha señalado también a la fiscal Ríos, deslizando que actuó en connivencia con Alba.
La conspiración contra Rosell se destapó a través de una conversación que el propio Ramírez grabó en el despacho de Alba. En ella, tal y como ha apuntado el empresario este miércoles, el exjuez cita a la fiscal Ríos, de quien decía que estaba “al corriente de todo” y que “no le importaba” que se le impusiera una fianza al empresario.
Ramírez ha recordado que en la declaración judicial donde Alba pretendía consumar esa operación para perjudicar a Rosell, prestada una semana después de la reunión clandestina, la fiscal Evangelina Ríos hizo 60 preguntas, de las que “52 no tenían nada que ver” con los hechos que se investigaban, con el fraude a Hacienda y la Seguridad Social, sino con los contratos de publicidad de sus empresas con la de Carlos Sosa.
“No es una servilleta”
En relación con el fondo del asunto, Ramírez ha negado que las horas extra se pagaran como dietas y ha defendido que SIC aportó toda la documentación necesaria a Hacienda y a la Seguridad Social para acreditarlo. Dijo que estos organismos tenían a su disposición todos los contratos de la empresa y también un sistema “rudimentario” de cuadrantes, hecho a mano, donde aparecían los trabajadores que tenían que desplazarse a otro municipio para prestar servicio y que, por tanto, tenían derecho a cobrar dietas exentas de cotización y tributación.
“Me merezco que quien me investigue lo haga con independencia y justicia”, ha aseverado Ramírez, que ha recordado que hace unos meses se ha archivado una causa contra otra de sus empresas, Ralons, por hechos que entiende que son análogos a los que se enjuician en la Audiencia Provincial. La diferencia, según ha defendido, es que en aquel procedimiento el inspector investigó y comprobó que esos conceptos eran reales.
También se refirió a otro de los debates que se han generado durante el juicio, la eficacia de un acuerdo de reconocimiento de deuda que SIC firmó con la Seguridad Social en marzo de 2014 para saldar una infracotización de tres millones de euros. El inspector Plácido de Blas admitió durante su declaración que firmó ese acuerdo, pero negó su eficacia, afirmando que dudaba de la empresa y que, por ello, no cerró el acta de liquidación definitiva y decidió prorrogar las actuaciones hasta imputar a la empresa una deuda de 13 millones de euros, diez más de los pactados en un principio.
“No es una servilleta, es un documento oficial del Ministerio de Trabajo”, ha remarcado Ramírez sobre ese acuerdo del que quedó constancia incluso en el libro de visitas del inspector de la Seguridad Social. El empresario ha asegurado que el mismo día en que se firmó ese acuerdo de reconocimiento de deuda, la empresa presentó una liquidación voluntaria ante la Agencia Tributaria para regularizar también esas cantidades ante este organismo por los ejercicios sobre los que existían esas diferencias (de 2010 a 2013).
Un día después, el 1 de abril de 2014, declaró por primera vez por estos hechos en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y aseguró que, en aquel momento, la empresa “no debía nada” tras el acuerdo de reconocimiento de deuda con la Seguridad Social y las liquidaciones presentadas ante Hacienda.
El cambio de la Seguridad Social
Ramírez ha calificado como “la madre del cordero” otros hechos que, en su opinión, demuestran que la Seguridad Social cambió de criterio y fue en contra de sus propios actos. Por un lado, recordó que el mismo inspector Plácido de Blas tuvo conocimiento dos años antes de una denuncia del sindicato USO sobre las mismas prácticas (horas extra disfrazadas de dietas) y resolvió las actuaciones de esos ejercicios con un acuerdo de reconocimiento de deuda.
También hizo referencia a un informe de la Seguridad Social que niega que las dietas declaradas por SIC camuflaran horas extra.
Por otro lado, ha aludido a un certificado de la Dirección Especial de la Seguridad Social de 2012 que concluye, en respuesta a una solicitud de la misma organización, que el acuerdo de reconocimiento de deuda es suficiente para poner fin a la actuación inspectora y que no es necesaria la posterior acta de liquidación. Es decir, lo que defiende la defensa en este procedimiento sobre el acuerdo de 2014.
Ese acuerdo de reconocimiento finalmente no se formalizó en un acta de liquidación y la Seguridad Social amplió la actuación inspectora. Según Ramírez, “cambiando de criterio” e incluso más allá de los plazos estipulados.
Sobre las elevadas cantidades que percibían algunos trabajadores en concepto de dietas, el acusado ha señalado que ese volumen se debía a que era personal de dirección que tenía que viajar por toda España e, incluso, Miami, Cabo Verde o Perú. “A lo mejor hay algo que puede estar mal, pero no teníamos ánimo de defraudar”, ha concluido Ramírez, que ha insistido en que las horas extra se pagaban en la nómina de los trabajadores o bien cuando estos denunciaban y se llegaba a un acuerdo o se dictaba una sentencia en el ámbito laboral. “Todos los que hacían horas extra cobraban horas extra” y no se hacían más que las 80 por año estipuladas en el Estatuto de los Trabajadores, ha subrayado.
Con respecto al hecho de que los trabajadores percibieran dos transferencias, una con la nómina y otra con las dietas, Ramírez ha señalado que se pagaba a mitad de mes los gastos de desplazamiento y manutención para que los vigilantes no tuvieran que hacer frente a esos costes con el dinero de su salario. El empresario ha señalado que el acuerdo verbal sobre el cobro de horas extra como dietas al que se han referido varios testigos en esta causa es “una leyenda urbana que cae por su propio peso”.
Ramírez se ha desmarcado de todas las actuaciones ejecutadas en SIC a partir de agosto de 2011, fecha en la que cedió el testigo como administrador único a Héctor de Armas, de quien ha dicho que tomó decisiones “brillantes”, como la de aprovechar la reforma laboral del Partido Popular (PP) para el descuelgue de 2012 o el convenio de empresa de 2013, aumentando la facturación de la empresa. De no haberse iniciado este procedimiento SIC sería hoy “una de las primeras compañías del país”, pero al sindicato USO “no le interesaba que fuera la quinta del sector” en España, ha dicho.
Ramírez ha contestado a las preguntas de todas las partes a excepción de la acusación popular, ejercida por el sindicato USO, debido, según explicó, a que esta organización presentó un dossier a todos los clientes y administradores de SIC sobre los hechos que ahora se juzgan con el fin de perjudicarla.