Siempre ha sostenido que sólo contaría los entresijos de su conversación con Salvador Alba ante la Justicia, y el momento llegó este lunes por la tarde. El empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del Grupo Ralons (donde se integra Seguridad Integral Canaria) y de la Unión Deportiva Las Palmas, declaró durante dos horas ante la magistrada Margarita Varona en el marco de la investigación que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se sigue contra el magistrado con el que conspiró para perjudicar la carrera política de Victoria Rosell, jueza y ex diputada de Podemos. Y su testimonio no pudo ser más demoledor para los intereses procesales de Alba: “Me coaccionó para acabar con la carrera política y profesional de la señora Rosell”, indicó Ramírez en cuanto le preguntaron por la conversación celebrada el 16 de marzo en el despacho del magistrado investigado.
Salvador Alba, que se había hecho cargo del juzgado de Victoria Rosell cuando la jueza pasó a la política, fue el que solicitó reunirse con Ramírez (según la versión de este y del abogado que la organizó, Sergio Armario), y previamente le había impuesto al empresario la fianza judicial más elevada de cuantas se han decretado en Canarias, 35 millones de euros, “sin que por parte de la Agencia Tributaria se hubiera fijado la cuota defraudada”, según hizo constar en su declaración.
Ramírez, que se encuentra investigado en esta causa por el delito de tráfico de influencias, echó por tierra cualquier posibilidad de complicidad con el otro investigado. Dijo que lo grabó porque se temía que le solicitara cualquier ilícito que luego no pudiera demostrar en caso de ser cometido. Y que ésa ha sido la única vez que ha grabado a un juez porque es la única vez que se ha visto en una situación como esta.
Preguntado por el fiscal Vicente Garrido por el grado de confianza que llegan a alcanzar ambos interlocutores a medida que avanza la conversación, Ramírez respondió: “Don Vicente, no me dedico a vender pipas, chicles y manises; me dejó entrar hasta la cocina y entré hasta la cocina”. El empresario relató cómo fue ganándose su confianza para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Salvador Alba.
De hecho, Ramírez relató ante la magistrada, el fiscal y los abogados personados que él dejó premeditadamente en el dispositivo de grabación el audio íntegro de aquella conversación y que sólo presentó una fragmentada al juzgado “para no perjudicar a terceros”. El registro completo lo encontró luego la Guardia Civil cuando Ramírez entregó la fingida llave de automóvil que en realidad sirvió para registrar aquel encuentro.
La defensa de Salvador Alba, que corre a cargo del abogado Nicolás González-Cuéllar, trató de evitar cuestiones relacionadas con esa grabación por considerar que debe ser invalidada y apartada de las diligencias. De hecho, Alba no respondió a ninguna pregunta sobre la cuestión. Sin embargo, la grabación -limpiada por la Guardia Civil- está incorporada a la causa con su correspondiente transcripción.
En su relato sobre la declaración pactada que días después, el 23 de marzo, prestó ante Alba, Miguel Ángel Ramírez llegó a afirmar que la fiscala Evangelina Ríos “estaba en el ajo” porque, a su entender, no impidió que en aquel interrogatorio se cuestionara por asuntos que nada tenían que ver con la causa por delito fiscal por el que se le investigaba. La declaración se dedicó prácticamente en su integridad a preguntarle por sus relaciones comerciales con la pareja de la jueza Victoria Rosell. Y la fiscal Ríos formuló numerosas preguntas sobre la cuestión.
A la salida del Palacio de Justicia tras comparecer ante Margarita Varona, el empresario aseguró a los periodistas que se encontraba “algo más tranquilo” después de expresarse y “dar las explicaciones oportunas”.
Declaración de Evangelina Ríos
Evangelina Ríos, al igual que los letrados que asistieron a aquel interrogatorio, declararán este martes ante la magistrada Margarita Varona. También lo hará por videoconferencia el secretario judicial Miguel Juanes, ya jubilado, que por entonces prestaba servicio en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria (donde ocurrieron los hechos), aunque no estuvo presente en esa declaración de Miguel Ángel Ramírez por encontrarse de permiso.