El juez Salvador Alba, actualmente suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, ha decidido representarse a sí mismo en el juicio que acaba de dar comienzo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que él es el acusado. Alba se ha habilitado ante el Colegio de Abogados de Las Palmas acogiéndose a ese derecho que tienen los jueces.
Además de Alba, la defensa del magistrado, al que se acusa de cinco delitos, está compuesta por Nicolás González-Cuéllar y Pedro Ayala.
En los estrados de enfrente se sientan Antonio Marrero de Armas, en representación de la magistrada en excedencia Victoria Rosell, actual diputada de Podemos; Sandra Rodríguez, como acusación popular en nombre de ese partido político, y Luis Val, que representa al periodista Carlos Sosa, que también está personado como acción popular.
Ejerce como fiscal Vicente Garrido.
El fiscal Vicente Garrido ha iniciado este viernes el trámite de informes finales en el juicio contra Salvador Alba con un duro alegato contra el magistrado, a quien ha acusado de utilizar el poder que le confería la toga para sacrificar el interés general en la búsqueda de “un interés propio y personal”: perjudicar y desprestigiar a la jueza Victoria Rosell durante los siete meses en los que ocupó en su sustitución el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Nicolás González Cuéllar pide autorización al tribunal para presentar una querella por injurias y calumnias contra Miguel Ángel Ramírez. Además, la defensa del juez Alba da “como un hecho cierto” que el contrato de la radio de la UD Las Palmas se produjo mientras Victoria Rosell investigaba la causa del empresario porque lo dijo “el señor Chavanel” en su radio.
La última vista del juicio contra Salvador Alba, acusado de cinco delitos, ha quedado vista para sentencia.
El juez acusado de cinco delitos señala que “en absoluto” ha querido perjudicar “a la señora Rosell. No se ha relatado ni un solo episodio”.
Salvador Alba además ha asegurado que “hoy por hoy” no está muy contento con la Fiscalía, pero “no se puede poner en tela de juicio la actuación de la Fiscalía investigando a la señora Rosell”, señala.
El abogado de Alba insiste dar como prueba indubitada de la firma del contrato entre la Productora de la UD Las Palmas y la empresa de Carlos Sosa la fecha del 14 de octubre de 2016 porque “lo dice el señor Chanvanel por la radio”.