Una mujer con nietos a su cargo, a prisión por construir en espacio protegido
Una mujer con una hija con un 39% de discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo, Josefa Hernández, de 62 años, entrará este viernes en prisión como autora de un delito contra el medio ambiente tras haber construido una vivienda hace 16 años en el Parque Rural de Betancuria, en Fuerteventura.
Esta vecina de Valle de Santa Inés, en Betancuria, que llegó hace 23 años a Fuerteventura separada y con siete hijos a su cargo, asegura que no le quedó más remedio que construir en un terreno que había heredado de sus padres en la localidad de Aguas Verdes.
En declaraciones a Efe, Josefa explica cómo tuvo que acoger a una de sus hijas, madre soltera, con tres hijos y con una discapacidad mental: “Servicios Sociales alertó de que los niños estaban en riesgo y me dijeron que, si no cambiaba la techumbre de maderas viejas que tenía la vivienda, me quitaban los niños”.
Ante esta situación, Josefa se vio obligada a techar la vivienda, un trabajo para el que contó con la ayuda del Cabildo majorero, y hacer algunas remodelaciones en la casa.
En 2012, una sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario condenaba a esta mujer a pagar 700 euros, demoler la vivienda y cumplir seis meses de prisión. “Ya he pagado la multa, pero no he tirado la casa porque no tengo donde vivir”, se lamenta.
La construcción de una dependencia de madera para guardar unas bicicletas dificultó aún más la situación, después de que las visitas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) constataran que no solo la vivienda seguía en pie en el parque rural, sino que además había construido nuevos habitáculos, lo que le llevó a ser acusada de rebeldía.
Según ha adelantado este miércoles La Provincia, una orden judicial dictada el pasado 11 de agosto le obliga a entrar en prisión, en un plazo de 10 días, una situación que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Fuerteventura consideran “desproporcionada por construir una vivienda para que vivan sus hijos y sus nietos”.
El portavoz de la PAH y consejero de Podemos en el Cabildo, Andrés Briansó, ha explicado que en abril se pidió una solicitud de indulto, pero “no solicitaron la suspensión de ejecución de sentencia, con lo que el procedimiento de entrar en prisión siguió adelante”.
Posteriormente, sí se pidió la suspensión y fue denegada por un juez. Ahora solo queda un recurso y, “si no, acudir al Ministerio Fiscal o al ministro del Interior”, idea que ha empezado a tomar forma en las últimas horas a través de un escrito que desde Podemos se encuentran redactando para enviar a Jorge Fernández Díaz.
Si a última hora no se produce un giro en la historia, Josefa tendrá que ingresar el viernes en la prisión de Tahiche, en Lanzarote. “No me quedará más remedio que ir, pero no me esconderé porque no he cometido ningún delito, eso está en mi propiedad”, defiende.
Josefa cuenta con dos hijos a su cargo, una de ellas con discapacidad mental, y tres nietos de trece, diez y seis años que viven con una paga de 320 euros que recibe como prestación por haber trabajado durante seis meses para el Ayuntamiento, pero esta se acabará en noviembre al igual que la ayuda de 400 euros que recibe su hija.
Esta mujer, con problemas de diabetes y de hipertensión, se muestra preocupada ante su inminente ingreso en prisión por lo que no descarta iniciar una huelga de hambre en las próximas horas, aunque a ello se oponen sus hijos preocupados por las consecuencias que pudiera ocasionar en la salud de su madre.
Desde Podemos, además de intentar paralizar la entrada en la cárcel de Josefa. también luchan por conseguir una vivienda social en la que realojar a la familia. Por su parte Natividad Arnáiz, diputada de Podemos por Fuerteventura, está poniendo en marcha la maquinaria parlamentaria y contactando con el Diputado del Común, para ver qué opciones le quedan a Josefa Hernández para no entrar en prisión y ayudar a la familia.
