La Abogacía del Estado se ha personado en una querella presentada por el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas José Manuel Arnáiz contra el Banco de Santander por un presunto fraude en la contratación de un swap por el que la entidad pública ha pagado cinco millones de euros.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha informado este viernes al Consejo de Administración de la decisión de la Abogacía del Estado, que también tiene preparada una demanda por la vía civil contra el Santander.
La Abogacía del Estado prevé presentar esta demanda cuando se resuelva la querella interpuesta el pasado 4 de diciembre por Arnáiz, que tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
Ibarra ha indicado que desde la Autoridad Portuaria además se pretende evitar el pago de los otros 10 millones de euros que debe abonar aún por la contratación de este producto financiero.
El presidente de la Autoridad Portuaria ha afirmado que Arnáiz sostiene que nunca firmó este producto, del que tampoco tuvieron conocimiento ni el Consejo de Administración ni el departamento económico y financiero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La contratación del swap, que data de junio de 2004 y por el que se empezó a pagar en 2008, tampoco se efectuó ante notario, ha precisado Ibarra, quien ha señalado que, meses antes, Arnáiz lo único que suscribió ante un fedatario fue un contrato marco sobre el producto.
Así mismo, Ibarra ha explicado que Arnáiz mantiene que él solo firmó un préstamo con el Banco de Santander en septiembre de 2004 por un importe de 21,3 millones de euros.
Según Ibarra, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha solicitado al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil que analice el contrato del swap porque los cuatro folios de los que consta supuestamente son de distinta fecha, cuestión que ha sido apuntada por un perito calígrafo que ha estudiado el documento.
Arnáiz sostiene que su firma sólo figura en el último folio del contrato, donde no consta ninguna información acerca del swap, según ha explicado Ibarra, quien también ha recordado que el Banco de Santander, cuando fue requerido judicialmente para que presentara este documento, no lo llegó a aportar.
El expresidente de la Autoridad Portuaria exige en su querella el pago de una indemnización por un importe de 300.000 euros, según Ibarra.