El delito electoral, la presunta compra de votos por parte del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en los comicios celebrados en 2015 y 2019 en el municipio turístico de Mogán, es el elemento troncal de la causa que se instruye en un juzgado del sur de Gran Canaria desde hace ya seis años y que, hasta la fecha, contabiliza a diez investigados, entre los que se encuentra la actual alcaldesa, Onalia Bueno, junto a otros concejales del grupo de gobierno, simpatizantes de su formación, funcionarios y un empresario con intereses urbanísticos y en el negocio del agua de la localidad. A partir de ese hilo inicial y, sobre todo, del registro practicado el pasado 17 de septiembre en el Ayuntamiento y de la incautación de diversa documental, el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil ha ido extendiendo las ramas de la investigación para tratar de acreditar si alguno de los miembros de lo que califica como “organización criminal” o personas vinculadas a ella se han lucrado o beneficiado ilícitamente de fondos públicos después de que Bueno asumiera el bastón de mando en junio de 2015.
La vertiente de los nombramientos e incrementos salariales a determinados empleados del Ayuntamiento ha sido objeto de un informe específico remitido por la Guardia Civil al juez instructor a finales de mayo, pocas semanas antes de que comenzara la primera ronda de declaraciones de testigos en sede judicial, que no pudo concluir en las fechas señaladas y que continuará en octubre. Los investigadores aprecian indicios suficientes para imputar nuevos delitos (prevaricación, malversación, nombramiento ilegal y tráfico de influencias) a una veintena de personas, entre miembros de la corporación local y empleados públicos, al considerar acreditado que esas designaciones y subidas del complemento específico (destinado a retribuir la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o incompatibilidad de ciertos puestos) fueron aprobadas de forma arbitraria, por “voluntad personal” de la alcaldesa.
Bueno pretendía con estos pluses, que oscilaban entre los 9.000 y los 30.000 euros anuales, “recompensar” a un grupo de funcionarios por su intervención en los trabajos de “captación y tramitación fraudulento del voto” para Ciuca en las elecciones, por su “simpatía” hacia esta formación o por las relaciones personales y familiares con algunos miembros de la trama, señala el informe. De hecho, entre los agraciados figuraba un primo de la regidora al que, además, se le incrementó el complemento específico por partida doble, en 2015 y 2019.
Para lograr este fin y revestir los incrementos retributivos de una “apariencia de legalidad”, el gobierno liderado por Bueno abrió un expediente administrativo que concluyó con la aprobación de un acuerdo que dos años después sería anulado por la justicia tras una demanda presentada por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Fue la Dirección General de Función Pública del Ejecutivo regional quien, en el ejercicio de sus competencias fiscalizadoras de la actividad económica de las administraciones locales, advirtió infracciones al ordenamiento jurídico. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas confirmó en junio de 2017 que la subida salarial acordada por el Ayuntamiento de Mogán a ese grupo de funcionarios con carácter retroactivo era nula de pleno derecho. A pesar de ello y de que han transcurrido más de cuatro años desde que esa sentencia adquirió firmeza, la Guardia Civil no tiene constancia de que las cantidades cobradas indebidamente hayan sido devueltas a las arcas públicas.
Para los investigadores es “indiscutible” la condición de líder y máxima responsable de la organización de Onalia Bueno, que habría contado con la colaboración de otros encartados. Es la alcaldesa la que firma, en octubre de 2015, la propuesta para premiar a los empleados públicos con designaciones “arbitrarias y carentes de legitimidad”, unas modificaciones que llevaban aparejadas una subida de complemento específico. Con posterioridad, un funcionario adscrito al servicio de personal se encargó de realizar la valoración de los puestos de trabajo y de fijar los incrementos, que eran “idénticos” a las que figuraban en las propuestas realizadas por los gestores políticos, los “benefactores” de los empleados públicos favorecidos.
Esa valoración se llevó a la mesa de negociación con los sindicatos el 18 de diciembre de 2015. La convocatoria se realizó el día anterior, sin que a los representantes de los trabajadores les diera tiempo a analizar los términos de una propuesta que sería aprobada con el voto favorable de los miembros de las corporación y la abstención Sepca, CCOO, UGT y CSIF. La Guardia Civil sostiene que se precipitó esa reunión para “investir al procedimiento una apariencia de legalidad” y que la forma y el tiempo de realizar el trámite refuerzan la idea de que el propósito era “cumplir las promesas” con los funcionarios afines a Ciuca.
La subida salarial fue aprobada por el pleno de Mogán apenas diez días después con once votos a favor (de los concejales de Ciuca y de su entonces socio de gobierno local, el PSOE), ocho votos en contra (de los ediles del Partido Popular y de Nueva Canarias) y una abstención, la de Onalia Bueno, puesto que en el listado de beneficiarios figuraba su primo. En esa sesión, la oposición ya advirtió de la desproporcionalidad de esos incrementos y de que la intención era la “contentar” a los simpatizantes del partido liderado por la alcaldesa sureña. También el interventor había alertado de la necesidad de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la valoración de todas la plazas de la corporación antes de adoptar una medida de ese calado. En el desarrollo de ese pleno, el entonces concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, admitió implícitamente en una de sus intervenciones que el informe del funcionario con las valoraciones de los puestos objeto de la modificación retributiva se había limitado a reproducir las cantidades propuestas por los gestores políticos, lo que, a juicio de la policía judicial, demuestra el “fraude” en la tramitación del expediente administrativo.
Impugnado por el Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias examinó ese acuerdo plenario y lo impugnó “en defensa de la legalidad” tras detectar varias irregularidades. No constaban ni los criterios de valoración ni se había acreditado la existencia del presupuesto imprescindible para fijar su cuantía. Tampoco se había realizado mediante RPT, como establece la normativa. Función Pública incidía además en que, a la hora de asignar esos complementos específicos, el Ayuntamiento de Mogán parecía haber incorporado “ciertas predeterminaciones personales”, una percepción que se acentuaba por el hecho de que lo hubiera aplicado de manera retroactiva desde el momento del nombramiento. Una decisión “anómala e incomprensible”, en palabras recogidas en la resolución del TSJC. El Gobierno y el órgano judicial coincidían en que la corporación sureña no había exteriorizado los motivos concretos por los que esos ocho funcionarios y no otros eran merecedores de esa subida salarial, además de reparar en su “elevada cuantía”.
La Guardia Civil explica que, en el momento de dictar su resolución, el TSJC carecía de evidencias que demostrasen que detrás de esos incrementos del complemento específico existiese una “conducta criminal”, pero sostiene que ahora, después de las indagatorias realizadas, sí las hay. La policía judicial ha logrado tejer los vínculos entre los funcionarios agraciados y sus benefactores para llegar a la conclusión de que la finalidad de ese expediente era “sustraer y desviar dinero ocultando la malversación de dinero público” para “recompensar a un número determinado de empleados públicos por razones personales”.
En un interrogatorio practicado el pasado 29 de junio en la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, el juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, instó a una de las testigos, la concejala de Nueva Canarias (NC) Isabel Santiago, a dar “nombres y apellidos” de los funcionarios que se habrían favorecido de estas prácticas. El informe de la Guardia Civil ya detalla esta información y señala como el más beneficiado a Salvador Álvarez, un empleado del grupo A1 con más de veinte años de experiencia en la corporación.
El complemento específico de Álvarez se incrementó en cerca de 30.000 euros anuales. La cifra, remarcan los investigadores, no es producto del azar, pero tampoco de criterios objetivos sobre la dificultad o responsabilidad del puesto, la de coordinador general de cuatro áreas de gobierno del Ayuntamiento de Mogán. Esa cuantía es idéntica a la cobrada por el interventor, el puesto que ocupó este funcionario de manera temporal. Además, en los sucesivos presupuestos, ese plus se había incrementando en la misma medida que lo hacía el de la persona que ejercía esa labor ante la ausencia de funcionario con habilitación nacional.
Los investigadores señalan a Salvador Álvarez como un integrante destacado de la organización que se constituyó en 2015 con el objetivo de que Onalia Bueno accediera a la Alcaldía de Mogán. El informe apunta que este funcionario participó en diferentes tareas para la captación y tramitación fraudulenta del voto par el partido político Ciuca y destacó por su labor en la obtención de financiación para sufragar la campaña electoral a través de un empresario con intereses en el municipio. En concreto, de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, una de las explotadoras del servicio de abastecimiento de agua en la localidad, y administrador de Cornisa del Suroeste, una promotora que arrastraba una serie de litigios judiciales con la corporación de mandatos anteriores que se saldaron con un acuerdo de mediación que, según las pesquisas de la Guardia Civil, fue amañado para beneficiarlo. Otro informe describe las presiones a las que sometió este trabajador vinculado a Ciuca a la responsable de la Asesoría Jurídica para que aceptase ese pacto irregular con el presunto financiador de la trama de compra de votos en el municipio.
Francisco Bueno, primo de la alcaldesa, fue designado responsable de compras. Es funcionario del grupo C2 y se le subió el complemento específico en dos ocasiones. En 2015 en algo más de 9.000 euros y cuatro años después, un 40% hasta casi alcanzar los 15.000. Onalia Bueno se abstuvo en en el pleno que aprobó la primera modificación, pero, sin embargo, firmó el decreto con la resolución donde figuraba su nombramiento, funciones y la propuesta de incremento del plus con carácter retroactivo sin informe jurídico alguno que lo avalara. En 2019, en un escrito en el que reconocía que había un motivo de abstención al ser el beneficiario su primo, la regidora expuso que el incremento del complemento específico a su familiar era “más que merecido”.
Un puesto creado a medida
También fueron beneficiarios de esa decisión de la alcaldesa los empleados públicos Almudena Hernández (C2) y Vicente Bosch (A2). Para la primera se creó un puesto que no existía antes de 2015, que no estaba en el catálogo de la corporación, el de responsable de las unidades administrativas del gabinete de Alcaldía, Prensa y Relaciones Institucionales, remunerado con un complemento específico de 18.000 euros anuales, apenas 1.600 euros menos que los destinados a otra funcionaria del grupo A1, a pesar de tener unas responsabilidades y ocupaciones muy inferiores. A juicio de los investigadores, este hecho pone de manifiesto la “incoherencia” y “arbitrariedad” en la asignación de los pluses. El segundo fue nombrado coordinador de varias áreas de la corporación con un complemento de cerca de 22.000 euros.
El visionado del pleno celebrado el 28 de diciembre de 2015 en el Ayuntamiento de Mogán permitió a la Guardia Civil descubrir la motivación del aumento salarial a esos dos funcionarios: su colaboración en la campaña electoral de Ciuca. Así lo reconoció la propia alcaldesa en una de sus intervenciones. “Aquí no hay ningún trato de favor y son personas que han simpatizado con este partido político. Son funcionarios que ahora quieren trabajar, porque antes los apartaron de sus funciones durante muchísimos años”, dijo Bueno. En el caso de Almudena Hernández, estas palabras se refuerzan con una fotografía que muestra su apoyo a esa formación en 2015.
El informe de la policía judicial remarca que de los otros cuatro empleados públicos a los que se les subió el sueldo (Pilar Sánchez, Manuel Leandro, Juan Viera y Miguel Díaz) no hay constancia de su participación en la campaña, pero sí de que sus nombramientos estuvieron presididos “por la imposición de la voluntad de la alcaldesa” y que los aceptaron “sin reunir los requisitos marcados por la ley”. Algunos de ellos siguen en sus puestos sin que haya habido un proceso ordinario y público de provisión, subraya la Guardia Civil, que baraja la hipótesis de que el funcionario Juan Carlos Alonso, que firmó los informes técnicos de valoración que reproducían las propuestas de los gestores políticos “sin la objetividad y neutralidad obligada”, pudo actuar de esta manera “por temor a las represalias”, ya que cuando Onalia Bueno accedió a la Alcaldía del municipio sureño se produjeron “traslados masivos” de personal en la corporación.
Después de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un informe de la Asesoría Jurídica municipal dictaminó que, al haberse anulado el acuerdo plenario, sus efectos no pueden desplegarse y, por tanto, los funcionarios debían devolver las cantidades indebidamente cobradas de 2015 en adelante. Sin embargo, el secretario accidental del Ayuntamiento, David Chao, propuesto para el cargo por la alcaldesa al no contar con habilitado nacional, concluyó posteriormente que solo se debían reclamar los pluses de 2015. En cualquier caso, a la Guardia Civil no le consta el reintegro de cuantía alguna a las arcas públicas.
La Guardia Civil considera que hay indicios para imputar los delitos de nombramiento ilegal, prevaricación y malversación a Onalia Bueno y al exconcejal Domingo Rodríguez, que permaneció en el área de Recursos Humanos hasta febrero de 2016, cuando fue destituido por “pérdida de confianza” de la alcaldesa y sustituido por Mencey Navarro. En la actuación de los concejales que votaron a favor del acuerdo con las subidas salariales aprecia la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que los beneficiarios de esos incrementos pudieron incurrir, a juicio de los investigadores, en los delitos de nombramiento ilegal y tráfico de influencias.