El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado las diligencias informativas abiertas contra el magistrado Carlos Vielba por los comentarios xenófobos que profirió en una conversación que mantuvo con sus compañeros en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 23 de septiembre del año pasado. Esa charla fue grabada por el juez Salvador Alba, investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de hasta seis delitos y con una propuesta de expulsión de la carrera judicial en suspenso.
El Consulado de la Federación Rusa en Canarias elevó en mayo un escrito al órgano de gobierno de los jueces para tratar de confirmar la identidad del magistrado que en esa conversación calificaba de “mafiosos” tanto a los rusos “jovencitos” que vivían fuera del país como a los italianos del sur, “de Roma para abajo”, y tildaba de “putas” a las mujeres rumanas.
Según informa este lunes el portal Confilegal, Carlos Vielba admitió ser el autor de esos comentarios xenófobos y machistas y explicó que, aunque habían sido “desafortunadas (o cualquier adjetivo que se quiera utilizar)”, esas expresiones fueron pronunciadas “en tono humorístico” en el marco de una conversación informal mientras tomaba café con sus compañeros de trabajo.
El actual promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, José Sierra Fernández, considera que no existen motivos para abrir un expediente disciplinario a Vielba. El Consulado de la Federación rusa, a través del abogado José Antonio Penichet, entendía que el magistrado había incurrido en un incumplimento de su deber de abstención respecto a casos enjuiciados con ciudadanos rusos debido a los “prejuicios expresados” por Vielba en esa conversación grabada por Alba, a quien el Consulado llegó a proponer en varias ocasiones como testigo.
El promotor no ve infracción disciplinaria en la actuación del juez, “sin perjuicio de que el contenido de las grabaciones pudieran ser relevantes para los órganos de la jurisdicción o pudieran provocar efectos en el ámbito procesal”.
El archivo de estas diligencias supone un nuevo revés en la estrategia de defensa de la familia Kokorev, sospechosa de blanquear 26,4 millones de dólares del dictador guineano Teodoro Obiang. El TSJC ya archivó en abril la queja formulada por el Consulado ruso contra el juez, una queja que pretendía que Vielba no interviniera en los recursos que pudieran derivarse de la causa abierta contra los Kokorev en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
La juez titular de ese juzgado, Ana Isabel Vega, prorrogó la semana pasada la prisión provisional bajo fianza de dos millones de euros para cada miembro de la familia Kokorev. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta medida ante el riesgo de fuga del matrimonio y de uno de sus hijos, al tratarse de personas que cuentan con propiedades en diferentes países. Vladimir Kokorev, Yulia Maleeva e Igor Kokorev llevan casi dos años ya en prisión preventiva.
La defensa de los sospechosos no la lleva sin embargo el abogado del Consulado ruso en Canarias, sino el letrado madrileño José Antonio Choclán.