La sustitución de Antonio Doreste como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) va para largo. Debió haberse producido en noviembre pasado, junto a las presidencias de los TSJ de Navarra, Asturias, Aragón y Extremadura, pero la falta de respaldo suficiente para alguno de los tres candidatos que concurrieron finalmente a la elección la aplazó hasta el próximo día 23. Sin embargo, el bloqueo institucional que sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debió haber sido renovado hace más de un año, ha desembocado en la paralización de cualquier nuevo nombramiento.
La decisión del órgano de gobierno de los jueces, hecha pública a última hora de la tarde de este jueves, coincide con la polémica suscitada en torno a la eternización de su bloqueo, al menos durante los próximos cuatro años, si el Partido Popular -cuyos votos son imprescindibles en el Congreso de los Diputados- se mantiene en su postura de no negociar los nuevos nombramientos pendientes, tanto en el CGPJ como en otros órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional.
La decisión de paralizar nuevos nombramientos la ha tomado el pleno del Poder Judicial a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, que lo es también del Tribunal Supremo. El acuerdo incluye “la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno”. Pero ante la evidencia de que el bloqueo puede persistir, el Poder Judicial incluye en su comunicado la posibilidad de que la cobertura de vacantes vuelva “a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia”.
A ese bloqueo anunciado por el PP, que ha amenazado al Gobierno con paralizar su acción en los tribunales de justicia, se suman las tensiones que el órgano que preside Carlos Lesmes está teniendo con el nuevo Ejecutivo de izquierdas del país, lo que se materializó esta misma semana en un comunicado de reproche a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por sus críticas a lo que consideró “humillaciones” de la justicia europea a la española por las resoluciones sobre el procés revocadas por los órganos de jurisdiccionales comunitarios y de algunos países miembros.
Con este bloqueo, la presidencia de Antonio Doreste, que decidió no concurrir a la reelección al frente del más alto tribunal en Canarias tras no haber detectado apoyos suficientes para conseguirlo, se alargará en el tiempo sin que se pueda estimar hasta cuándo.
A la presidencia del TSJC concurrieron inicialmente una magistrada y cuatro magistrados que cumplían con los requisitos exigidos por la ley. Fueron Auxiliadora Díaz, José Félix Mota, Juan Luis Lorenzo Bragado, Carlos Milán y Pedro Herrera.
En la entrevista previa a la elección de la terna finalista quedaron eliminados Auxiliadora Díaz y Carlos Milán, y en el pleno en el que se sometieron los otros cuatro nombres a la consideración del Poder Judicial, ninguno de los finalistas alcanzó los 13 votos necesarios para la mayoría reforzada en las primeras cuatro votaciones. Esa primera tanda fue ganada por Juan Luis Lorenzo Bragado, decano de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, y quedó en segundo lugar el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Pedro Herrera. No alcanzó ningún voto José Félix Mota, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La votación debía repetirse el próximo día 23, pero ante la decisión de la Permanente del CGPJ de no producir ningún nuevo nombramiento, todos los pendientes quedan pospuestos sin fecha.
En la primera tanda de renovaciones de los tribunales superiores de justicia sí se resolvieron las de Navarra (Joaquín Galve); Asturias, (Jesús María Chamorro), Aragón (Manuel Bellido Aspas), y Extremadura (María Félix Tena).
Además la presidencia del TSJ de Canarias, quedan sin cubrirse tres plazas de magistrados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la presidencia de la Audiencia de Ourense.