De prescripciones y errores a cambios de criterio de Fiscalía: los archivos judiciales de la alcaldesa de Mogán y sus concejales

La actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria), fue detenida por primera vez en enero de 2007, cuando era concejala del Partido Popular (PP) en este municipio turístico de cerca de 20.000 habitantes del sur de Gran Canaria. Ese arresto se produjo en el marco de la operación Góndola, una presunta trama de irregularidades urbanísticas que quedó en nada 17 años después, sin llegar siquiera a juicio. 

La regidora sureña puso su contador de imputaciones a cero antes, en abril de 2017, con el archivo de la última de las piezas en las que estuvo implicada en ese caso. “Mi expediente ya está limpio. No tengo ninguna imputación y tampoco he sido condenada por nada en estos diez años, pero ha sido un calvario personal y familiar por culpa de unos rivales políticos que buscan hacer daño ante sus reiterados fracasos electorales”, dijo entonces. Tres años y medio después, volvía a ser detenida. Esta vez, septiembre de 2020, en plena pandemia, por una presunta trama de compra de votos en las elecciones locales. 

Hasta la fecha, Bueno y otros miembros de su grupo de gobierno han conseguido salir airosos de todas las investigaciones judiciales a las que han estado sometidos. Y otras, aún en curso, van camino del archivo a tenor de la posición adoptada por la Fiscalía. En varias de ellas, sin que se haya llegado a analizar el fondo de los asuntos, los indicios incriminatorios hallados en las pesquisas de la policía judicial. Los carpetazos judiciales de las causas contra la alcaldesa de Mogán y los suyos en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana incluyen instrucciones eternas, baile de jueces, cambios de criterio de la Fiscalía, prórrogas extemporáneas, imputaciones por error o la prescripción de los hechos. 

La operación Góndola 

Cuando Onalia Bueno fue detenida por primera vez, en enero de 2007, era concejala de Presidencia, Vivienda y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Mogán, presidido entonces por su ahora enemigo irreconciliable Francisco González (PP). La denominada operación Góndola (llamada así porque Mogán es conocida como la pequeña Venecia de Canarias) se abrió a raíz de la denuncia presentada por dos exconcejales del PP que habían advertido irregularidades en algunos convenios urbanísticos firmados por el gobierno municipal. 

En esa denuncia inicial no se nombraba a Bueno, que fue incorporada al procedimiento después de la investigación de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y de las intervenciones telefónicas practicadas en el marco de otra causa judicial del PP, el caso Faycán de corrupción en el municipio de Telde. 

Bueno llegó a estar imputada en ocho piezas de una causa que se alargó y se estancó durante años. En un escrito de 2013, la Fiscalía General del Estado achacó la lentitud de la investigación al baile de magistrados que habían instruido la causa, once en ese momento. Todos los procedimientos acabaron siendo archivados. El último en que figuraba la alcaldesa investigaba el presunto amaño de un concurso para la construcción de viviendas públicas en favor de la promotora Grupo Europa a cambio del pago por parte de esta empresa de tres eventos en el municipio: un mitin de Mariano Rajoy en diciembre de 2005 en Arguineguín y los conciertos de Bebe (en carnavales) y Miguel Ríos (en las fiestas del Carmen, en julio).

La jueza instructora, Luz Calvé, llegó a dictar el auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura del juicio oral, al concluir que había indicios de la comisión de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. En esa resolución, la magistrada sostenía que, pese a que finalmente no llegó a materializarse, ese concurso estaba amañado en favor del Grupo Europa y que el Ayuntamiento había aportado suelo, patrimonio municipal, a la empresa. Y señalaba a Onalia Bueno como la persona que había recibido el pliego de condiciones por parte del administrador de esa mercantil, José Manuel Antón. Este empresario, que se introdujo en la isla con la mediación del entonces diputado del PP Jorge Rodríguez, acabaría siendo condenado por maniobras similares en el municipio de Telde, en el marco de la investigación por el denominado caso Faycán. 

Ese auto fue dictado en mayo de 2015, pero el fiscal de esa causa, Jorge Pobre, nunca llegó a formular escrito de acusación. Lo que sí hizo en 2016 fue pedir que se excluyera de la causa a la asociación que había pedido personarse como acusación popular ante la parálisis en la causa, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, que presidía el recientemente fallecido José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El fiscal sostenía que esa asociación debió haber presentado una querella para poder formar parte del procedimiento y acusar a los investigados. 

Ya sin acción popular, el fiscal pidió el archivo de la causa en marzo de 2017, casi dos años después de la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Decía que los eventos pagados por Grupo Europa eran “actos preparatorios impunes” y que no había quedado probado que esos actos estuvieran vinculados con la adjudicación del concurso finalmente anulado. Ante la falta de acusación, el caso fue sobreseído, lo que llevó a la ya entonces alcaldesa de Mogán (había accedido al poder en 2015 con Ciudadanos por el Cambio-Ciuca) a convocar a la prensa para declararse víctima de una conspiración. 

Compra de votos 

En la operación Góndola también se investigó a Onalia Bueno por delito electoral. El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana había abierto una pieza separada a partir de un informe de la Brigada de Información de la Policía que advertía de una presunta manipulación del padrón y del censo municipal de Mogán y atribuía la responsabilidad a la propia Bueno. En las conversaciones interceptadas se escucha a la actual alcaldesa hablar con una funcionaria sobre “los diversos modos y estrategias para lograr y asegurar el mayor número de votos posibles” en las elecciones, lo que incluía “conseguir el empadronamiento” de personas en el municipio, incluso de inquilinos de los apartamentos que explotaba la empleada pública. “Mejor que vayan a votar por correo”, se escucha en uno de esos audios a Bueno. “Yo te voy a dar un censo, ¿oíste? Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta a toda la gente, ¿vale?”, le dice a su interlocutora en otra llamada. 

En septiembre de 2015, el fiscal José Antonio Blanco pidió el archivo de esa pieza. En su informe, mantenía que de las conversaciones interceptadas pudiera deducirse que “se había utilizado a empresas radicadas en el municipio e incluso a las propias empresas municipales para contratar a vecinos del municipio y así obtener su voto”. Sin embargo, concluía que esos hechos “no habían sido corroborados” con otros indicios como para “destruir el principio de presunción de inocencia”.   

La sombra del pucherazo ha estado presente en Mogán durante las dos últimas décadas. Tres años y medio después de que se confirmara el archivo de la pieza del Grupo Europa en el caso Góndola, Onalia Bueno volvía a ser detenida. En esta ocasión, junto a dos de sus concejales, Mencey Navarro y Tania Alonso, por una presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019 (ya con su nuevo partido, Ciuca) y otros delitos contra la administración. La operación de la Guardia Civil, que incluyó la entrada y registro a las dependencias municipales, se produjo en septiembre de 2020. 

Un lustro antes, en abril de 2015, el anterior alcalde de Mogán, Francisco González (PP), había presentado una denuncia al advertir “maniobras sospechosas” en relación con el incremento de las peticiones de voto por correo en esos comicios. La denuncia fue archivada de inmediato, pero un año después el caso se reabrió como consecuencia de la declaración de un colaborador arrepentido de Onalia Bueno, Ramón Trujillo el Perraya, que detalló cómo captaba para Ciuca el voto de vecinos vulnerables del municipio a cambio de dinero o de promesas de trabajo y vivienda. El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción incorporó varias grabaciones y denuncias. Otro de los colaboradores de Ciuca en esa campaña, José Monzón, apodado Pepe el Japonés, afirmaba en uno de esos audios que había conseguido 383 votos por correo para ese partido ofreciendo dinero y favores a habitantes. 

El primer informe de la Guardia Civil no llegaría hasta marzo de 2019. Después elaboró otros dos. El último, en septiembre de 2020, apenas unos días antes de la detención de Bueno y de los dos concejales y del registro al Ayuntamiento. Esos informes incorporaban testimonios de personas que confirmaban haber votado a Ciuca a cambio de 50 euros o de un trabajo y también grabaciones en las que se explicaba cómo se hacía, siendo el procedimiento del voto por correo uno de los predilectos de esta presunta trama. 

También en esta ocasión el juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger, apreció hechos “objetivos, accesibles y verificables” sobre el pucherazo en el relato incorporado en el informe de los investigadores. Sin embargo, en febrero de 2022 el fiscal de esta causa, Jorge López Tineo, pidió su archivo, alineándose así con la defensa de la alcaldesa de Mogán, que había contratado para este menester a un prestigioso despacho de abogados, el que encabeza el penalista José Antonio Choclán, exjuez de la Audiencia Nacional. 

Los indicios de delito electoral que el equipo de la policía judicial recabó durante su investigación nunca fueron juzgados por una cuestión formal. Y es que tanto el abogado de la alcaldesa, como después el fiscal, y posteriormente el juez, concluyeron que los hechos referidos a 2015 habían prescrito. Para ello, establecían como fecha de inicio del cómputo la celebración de las elecciones (24 de mayo de 2015) y como la primera resolución contra Bueno y sus concejales el 12 de septiembre de 2020 (días antes de las detenciones), por lo que entendían que ya habían transcurrido los cinco años de plazo que la ley estipula. Con respecto a las elecciones de 2019 no se encontraron pruebas suficientes de delito. 

También en aquella ocasión Onalia Bueno ofreció una rueda de prensa en la que volvió a decir que todo se limitaba a una “persecución personal” por parte de los concejales de Nueva Canarias (NC) en el municipio. “Seguramente el juez lo habría archivado”, dijo al ser preguntada sobre el fondo del asunto. Nunca se sabrá porque, debido a esa cuestión formal, no hubo opción de que se dirimiera si los indicios que encontró la Guardia Civil en esa investigación eran suficientes para llevar a juicio a la regidora. En el sumario figuraban varias grabaciones, entre ellas una en que la alcaldesa de Mogán explica a un colaborador cómo maniobrar con el voto por correo. “Lo importante es que cuando el sobre llegue a la casa te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo”, se le oía decir. 

Piezas separadas 

La causa original del delito electoral se cerró en marzo de 2022, pero siguió adelante la tramitación de las cuatro piezas separadas que se habían abierto a partir de la documentación intervenida en el registro practicado en septiembre de 2020. Tres de ellas continúan en fase de instrucción. Son las que investigan el presunto amaño de un proceso de mediación para favorecer con dinero público a un empresario que había financiado la campaña de Ciuca; los sobresueldos concedidos a empleados públicos vinculados con la alcaldesa o su partido, y los contratos menores adjudicados a dos asesores. 

La cuarta fue archivada en septiembre del año pasado. Se trata de una pieza en la que estaban imputados Onalia Bueno y Mencey Navarro por ordenar a una funcionaria deshabilitar el acceso remoto que había dado a la Guardia Civil tras aquel registro para que pudiera acceder a la documentación intervenida. El juez Rodrigo Álvarez sobreseyó el caso al entender que la conducta no era reprochable porque los políticos “no tenían conocimiento de que se había instalado un acceso remoto”, pese a que había quedado constancia de esa acción en un acta firmada por sus abogados. El juez también asumió la tesis de la defensa de que esa desconexión “apenas duró entre quince y veinte minutos” y que la alcaldesa y su número dos ordenaron restituirla tras consultarlo con sus abogados y después de que la funcionaria les informara de que se lo había comunicado al sargento de la Guardia Civil y que este le había advertido de que podían incurrir en un delito de obstrucción a la justicia. 

El mismo día en que firmaba el auto de archivo, el magistrado admitía a trámite el recurso presentado por Isabel Santiago, exconcejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, contra la imposición de una fianza de 5.000 euros para ejercer la acusación popular.

De las causas aún en instrucción, una de las piezas investiga el acuerdo que alcanzaron, a través de un proceso de mediación intrajudicial, el gobierno de Mogán y Luis Oller, administrador de la constructora Cornisa del Suroeste y de Aguas de Arguineguín, para poner fin a varios conflictos que mantenían por el cobro de facturas. Un pacto que se cerró con un saldo favorable para el empresario, a quien la Guardia Civil sitúa como financiador de la campaña electoral del partido de Onalia Bueno en 2015. Los investigadores sostienen que esa mediación se simuló con el objetivo de devolverle los favores en aquellos comicios. 

El fiscal Erik Quintana ya ha pedido el archivo sin haber tenido la posibilidad de escuchar durante la fase de instrucción a la testigo principal de la policía judicial, Patricia H., jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en aquella época. Esta empleada pública figura desde el inicio de este procedimiento por error con la condición de investigada y como tal se ha negado a declarar. Y es que fue ella quien denunció las presuntas irregularidades y presiones para favorecer al empresario en aquel proceso, del que terminó siendo apartada. 

La defensa de Bueno solicitó en marzo el sobreseimiento de la causa que versa sobre el nombramiento y aumento del complemento específico de ocho empleados públicos a los que la Guardia Civil relaciona con la alcaldesa o su partido. Esos sobresueldos fueron otorgados a finales de 2015, a los pocos meses de que Ciuca accediera al poder, y con carácter retroactivo, una decisión que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló y calificó de “anómala e incomprensible”. Entre sus beneficiarios, además en dos ocasiones (se le volvió a modificar en 2019), figura un primo de Bueno. También el coordinador general del Ayuntamiento, Salvador Álvarez, mano derecha de la alcaldesa. La defensa sostiene que los hechos están prescritos. Esas subidas salariales fueron aprobadas a pesar de las advertencias de la Dirección General de Función Pública. A pesar de ello, el Ayuntamiento siguió pagando esos incrementos salariales en los años sucesivos. 

Otra de las piezas investiga los sucesivos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Mogán a dos asesores. Entre 2015 y 2020 el gobierno liderado por Bueno convirtió a Rayco Guerra y a su empresa familiar, Arpiplan, en contratista único en servicios veterinarios y de salud pública. En este periodo se les concedió más de 275.000 euros. En octubre de 2019, Guerra fue nombrado asesor de la corporación. Entre otras, en materia de urbanismo. La Guardia Civil destacaba en su informe que Guerra no tiene ningún tipo de formación en este ámbito y que sólo dispone de un título de Educación General Básica. Dos días antes de su designación, el Ayuntamiento había contratado como asesor de urbanismo y política territorial a Jesús Romera Espeja, que había ocupado puestos de responsabilidad durante los gobiernos de CC. Los investigadores sostenían que se habían fraccionado esos contratos menores, una práctica que no está permitida en la administración pública. 

Otro defecto de forma puede terminar anulando las diligencias practicadas en esta pieza. Y es que la fiscal Mercedes del Castillo se ha adherido a un escrito de la defensa que considera que los plazos de instrucción están vencidos. El juez dictó el auto de prórroga en enero de 2024, ocho meses después de que lo solicitara la acusación popular (la exconcejala de NC Isabel Santiago) y la propia representante del Ministerio Público. 

Lo mismo ocurrió en las diligencias abiertas contra el primer teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro, por los contratos menores que adjudicó de forma encadenada a su socio del despacho de abogados para la defensa del Ayuntamiento. El pasado 13 de mayo la Audiencia de Las Palmas archivó de forma provisional esas diligencias porque el juez instructor había dictado fuera de plazo la prórroga a la instrucción. En esta ocasión, ya se había dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral. Con el añadido en este procedimiento del cambio de criterio del fiscal, Jorge López Tineo. En 2021, había presentado un escrito en el que defendía que, aunque la prórroga hubiera sido extemporánea, él la había pedido en tiempo y forma y que, en cualquier caso, ese defecto formal no disminuye las posibilidades de defensa del investigado. Tres años después, opina lo contrario y, por tanto, evita el juicio al número dos de Onalia Bueno.

Aparte de estos procedimientos, Onalia Bueno también ostenta la condición de investigada en otra causa que investiga los contratos menores adjudicados a dedo a dos productoras emparentadas, Etiqueta Azul y 21 Bombillas.