El magistrado Salvador Alba se enfrenta a la expulsión de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias. El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca Herrera, ha propuesto la máxima sanción prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para el juez que maniobró junto a un empresario al que investigaba con el objetivo de perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell, a la que sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales en la lista de Podemos.
El promotor de la Acción Disciplinaria considera que Alba debe ser apartado de la carrera judicial por una falta muy grave contemplada en el artículo 417.9 de la LOPJ, que alude a la “desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.
Se trata, por lo tanto, de una falta que el órgano de gobierno de los jueces no había imputado hasta ahora a Alba, que estaba siendo investigado por otras tres, dos muy graves ( inobservancia del deber de abstención a sabiendas, la revelación de secretos) y una grave (el abuso de autoridad). Las fuentes consultadas por este periódico han señalado que, en opinión del promotor, los hechos encajan mejor en esa falta que en las otras tres con las que había calificado en un principio, de forma provisional, la actuación del magistrado.
Según han informado fuentes oficiales del CGPJ, la propuesta de sanción no es definitiva y Alba, que ya ha recibido la notificación, tiene ocho días para presentar alegaciones. Después el promotor de la Acción Disciplinaria tendrá que elevar su propuesta a definitiva. El trabajo del juez instructor debe concluir en un máximo de seis meses a contar desde la apertura del expediente. El plazo se cumplía el pasado 8 de mayo (el expediente fue incoado el 8 de noviembre), pero la tramitación se ha suspendido durante varios días en dos ocasiones por las recusaciones planteadas por Alba, ambas rechazadas.
Si el promotor de la Acción Disciplinaria continúa solicitando la expulsión del magistrado de la carrera judicial tras estudiar sus alegaciones, la decisión final recaerá en el pleno del órgano de gobierno de los jueces y no en la Comisión Disciplinaria, dada la trascendencia de la misma. El pleno del CGPJ no podrá resolver la causa mientras se siga instruyendo el procedimiento penal contra Alba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), siempre que entienda que los hechos por los que se le investiga son idénticos.
Las diligencias informativas contra Salvador Alba fueron abiertas en mayo de 2016 a raíz de una denuncia de Victoria Rosell, a la que se le añadió después la grabación difundida por varios medios de comunicación de la conversación que mantienen el presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, y el magistrado en el despacho de este último. En ese encuentro ambos prepararon una declaración del empresario en sede judicial, en calidad de investigado, para que relatara las relaciones comerciales que en el pasado mantuvo con la empresa del periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, con el objetivo de introducir una causa de abstención que condujera al archivo de la causa. En el acuerdo de incoación del expediente, Fonseca Herrera concluía que Alba desarrolló una investigación “indebida” contra la magistrada y su entorno.
El Poder Judicial puso de manifiesto recientemente las maniobras del magistrado para tratar de dilatar el procedimiento. Y es que Alba ha intentado recusar en dos ocasiones al promotor de la Acción Disciplinaria por una supuesta quiebra de imparcialidad. En ambos casos, el Consejo Permanente del CGPJ rechazó las pretensiones del juez.