La condena en firme a Salvador Alba por conspirar contra Victoria Rosell, magistrada en excedencia y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, supone su inmediata expulsión de la carrera judicial. Según han confirmado fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se tramitará en cuanto sea comunicada por los cauces oficiales la sentencia del Tribunal Supremo que confirma los seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación que se le han impuesto por la comisión de los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial.
Además, deberá devolver las cantidades que percibió, como retribución básica, durante el periodo en el que ha permanecido cautelarmente apartado, una cifra que supera los 75.000 euros.
El órgano de gobierno de los jueces decretó la suspensión cautelar de funciones de Salvador Alba como magistrado el 19 de junio de 2018, tras tener conocimiento del auto de apertura de juicio oral dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En aquel momento ya había una propuesta de expulsión de la carrera judicial. La había elevado al pleno del CGPJ el entonces promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca Herrera, al entender que Alba había incurrido en una falta muy grave de desatención en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de sus competencias judiciales. La decisión definitiva pendía, no obstante, de la causa penal que acaba de quedar resuelta con la sentencia, ya firme, del Tribunal Supremo.
El artículo 191 del Reglamento de la Carrera Judicial establece que los jueces o magistrados suspendidos de forma provisional quedarán privados del ejercicio de sus funciones, pero tendrán derecho a percibir una retribución básica, sin complementos, que en el caso de Salvador Alba ascendían a 1.841,59 euros netos al mes. Una cantidad que resultaba de sumar el sueldo base (1.874,38 euros) y los trienios (656) y aplicarle las retenciones por IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), la mutua judicial (MUGEJU), la cuota de la asociación y los denominados derechos pasivos (reservado para pensiones vitalicias por jubilación, a favor de las familias o por incapacidad permanente). Según han confirmado a este periódico fuentes oficiales del CGPJ, la condena en firme obliga a Alba a devolver las cantidades percibidas.
La Sala de lo Penal del Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por Alba contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que lo condenó por utilizar su paso por el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria para tratar de conseguir datos e información que perjudicase a su antecesora en el cargo, Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Aparte de las penas de prisión e inhabilitación para el cargo de juez o magistrado, la sentencia le ha impuesto una multa de 12.000 euros.y una indemnización de 60.000 a Rosell por los daños morales ocasionados como consecuencia del “acuerdo corrupto” para perjudicarla.