Injurias, calumnias y delito electoral. Esos son los tres delitos por los que tendrá que responder ante un juzgado ordinario el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, una vez ha sido admitida la querella interpuesta contra él en diciembre pasado por la magistrada Victoria Rosell. Soria está citado a declarar, asistido de abogado, el próximo 7 de febrero.
La querella tiene su origen en la campaña electoral de diciembre de 2015, cuando José Manuel Soria, candidato del Partido Popular por la provincia de Las Palmas, arremetió duramente contra su adversaria de Podemos, la magistrada en excedencia Victoria Rosell, aprovechando que justo el 3 de diciembre la Fiscalía de Las Palmas dio a conocer que había abierto una investigación “preprocesal” sobre el desempeño de la jueza al frente del Juzgado de Instrucción 8, que había abandonado en octubre precisamente para concurrir a las elecciones.
En todas las entrevistas y debates electorales en los que Soria participó, tanto en medios canarios como peninsulares, profirió duras acusaciones contra Rosell, a la que acusó abiertamente de la comisión de varios delitos aprovechando aquella investigación de la Fiscalía que tuvo carácter disciplinario, que finalizó el 11 de diciembre y que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por vulneración de derechos fundamentales. Hasta febrero de 2016, cuando la magistrada ya se había convertido en diputada, Soria no formuló querella por aquellos delitos que aventó durante la campaña electoral. Una acción que la querellante atribuye a una estratagema del ex ministro para evitar una acción penal como la que ahora le conducirá ante el titular de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván.
La querella que Soria presentó ante el Tribunal Supremo fue trasladada al TSJ de Canarias una vez Victoria Rosell renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en aplicación del código ético de Podemos. Esa querella fue archivada el pasado 1 de diciembre con expresa condena a un tercio de las costas a José Manuel Soria por temeridad. En estos momentos se substancian en el mismo alto tribunal unas diligencias por las que se investiga al magistrado Salvador Alba Mesa, que alimentó la querella de Soria con informes fabricados a partir de una confabulación que estalló cuando el empresario Miguel Ángel Ramírez entregó a la Justicia una grabación en la que se escuchaba a ambos preparando una declaración judicial que luego utilizó el ex ministro ante el Supremo.
Una vez vio archivada la querella de Soria en su contra, la ahora magistrada de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria interpuso la suya contra el exministro de Industria, dimitido el pasado 15 de abril tras descubrirse, a partir de la divulgación de los papeles de Panamá, que tenía empresas en paraísos fiscales. Desde entonces no se le conoce ocupación profesional alguna, lo que le incompatibilizaría para percibir los más de 4.400 euros al mes que cobra como pensión compensatoria tras su paso por el Gobierno de España.
Victoria Rosell atribuye a José Manuel Soria en su querella los delitos de injurias y calumnias, además del delito electoral, previsto en la Ley del Régimen Electoral General, donde se castigan en su “grado máximo” aquellos delitos de calumnias e injurias que “se cometan en periodo de campaña electoral y con motivo u ocasión de ella”. La máxima condena para estos casos es de dos años de prisión.
Estas fueron algunas de las afirmaciones vertidas por José Manuel Soria contra Victoria Rosell durante la campaña electoral de 2015, según la querella admitida a trámite:
- “A mí me parece conmovedor que hable de conductas reprobables la candidata de Podemos cuando ha estado en un caso favoreciendo negocios teniendo la toga”.
- “La han pillado con el carrito de los helados”.
- “Oiga, mire: la única persona que hoy en Canarias está en una lista de candidata y está siendo investigada por el Ministerio Público, por corrupción se llama Victoria Rosell, la única, no hay otra”.
- “Cuando la pillaron con el carrito de los helados, es decir, cuando ya se sabía que la fiscal le estaba diciendo: ¿por qué está dilatando usted esta instrucción? Entonces fue cuando dio el sí a Podemos, porque le habían hecho la oferta de ir en la lista. Es decir, no sólo no es que, como consecuencia de su candidatura alguien la esté persiguiendo, sino como consecuencia de que la fiscal la estaba investigando, entonces se metió en la lista”.
- “Disminuir los plazos para instruir determinadas causas creo que es algo muy sano para la justicia, porque sobre todo se evita la tentación de algunos jueces o juezas, afortunadamente minoritarios, que aprovechan el que no hay límites en la instrucción para favorecer determinados negocios, lo cual es una forma directa de corrupción”
- “De cuantas personas que ahora mismo estamos en este plató [de Televisión Española en Canarias] la única investigada por corrupción por el Ministerio Fiscal, se llama Victoria Rosell”.
- “Eso es un delito: retraso malicioso en la resolución de un procedimiento judicial. Que, además, ha tomado decisiones a sabiendas de que eran injustas: Prevaricación, con el agravante de que es Magistrada, por tanto, Prevaricación judicial, y, además que ha habido cobro de por medio. Su marido ha reconocido que ha cobrado más de 300 mil euros: Un cohecho como la copa de un pino”.
- “Porque, además, a pesar, en fin, como le decía antes, el mayor caso de corrupción que ahora mismo hay en Canarias es el de la señora ex magistrada, la Sra. Rosell
- “No hay ni un solo caso en Canarias que yo conozca que por parte de una magistrada en activo, se retrase deliberadamente la instrucción de un proceso hacia una persona que está siendo investigada, siendo lo cierto que, esa persona investigada está haciendo negocios con el marido o con la pareja, lo desconozco, pero desde luego, sí que tienen una relación desde hace mucho tiempo, mientras esa persona, está haciendo negocios con la persona que está investigando. Eso es una clarísima corrupción.
- “Es un delito en primer lugar de cohecho, porque ha habido dinero de por medio. Es un delito de prevaricación con el agravante de que es una prevaricación judicial, y, en tercer lugar, es un delito de un retraso malicioso en el proceso, pero, aparte de eso, hay otros dos delitos, que es un delito de calumnias y un delito de injurias”.
- “Es el mayor caso de corrupción que hay en Canarias en cuanto afecta a un magistrado, es más, no ha habido otro en la historia de la judicatura en Canarias, sólo éste de éste calado, y, yo espero por tanto, que se haga justicia, porque mire, está muy bien que tengamos jueces, son parte esencial de la democracia, pero justicieros y justicieras, no”.
“Pero se lo digo porque no ha habido nunca un magistrado o una magistrada que haya hecho un abuso tan grosero y tan claro de lo que es la judicatura para barrer para su casa, mientras su marido o su pareja, como usted dice, estaba haciendo un negocio”.
La fiscala, propuesta como testigo
Las normas de reparto de las querellas en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria han querido que la querella de Victoria Rosell contra José Manuel Soria haya recaído en el juzgado donde ejerce como fiscala titular Evangelina Ríos, la misma con la que la querellante ha tenido sonados enfrentamientos y la que, a partir de un anónimo auspiciado por Soria, abrió en vísperas de la campaña electoral de diciembre de 2015 una investigación (declarada ilegal por el TSJC y luego archivada por el Consejo General del Poder Judicial) contra Victoria Rosell. Evangelina Ríos está propuesta como testigo por la querellante, pero el magistrado Luis Galván no decidirá su citación hasta escuchar al investigado.