El juicio del caso Jable, que investiga una presunta trama de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas y aumentos de precios en el Ayuntamiento de Arrecife en el periodo comprendido entre 2001 y 2005, se aplaza al 11 de septiembre. Este lunes se suspendió la primera sesión después de que lo que pidiera el abogado de María Isabel Déniz, alegando que la exalcaldesa de la capital lanzaroteña, una de las principales acusadas junto al histórico y multicondenado dirigente del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, estaba convaleciente de una intervención quirúrgica a la que se había sometido a finales de marzo y no estaba en condiciones de asistir.
Ante la petición del letrado José María Calero, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió aplazar la vista a la espera de conocer el resultado del informe médico que ha encargado a los servicios forenses de los juzgados de Arrecife para conocer el estado de salud de Déniz y sus previsiones de recuperación.
Pese a que el objetivo inicial era que el juicio se pudiera reanudar el próximo lunes si los forenses no se expresaban en sentido contrario, esa revisión, según han informado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se llevará a cabo finalmente en el mes de junio, por lo que las sesiones previstas entre abril y mayo se suspenden hasta septiembre. La vista comenzará, según las mismas fuentes, el día 11 de ese mes y se extenderá hasta el 22.
El caso acumula, por lo tanto, un nuevo retraso. La instrucción comenzó en 2008 y el escrito de acusación de la Fiscalía data de 2017. El representante del Ministerio Público en esta causa, Javier Ródenas, ya había advertido de una demora “injustificada e irresponsable” en el periodo que ha transcurrido desde que se dictara el auto de apertura de juicio oral hasta el inicio de la vista el pasado lunes, lo que se traducirá en una rebaja de las peticiones de penas por dilaciones indebidas.
En Jable, la última pieza que queda por juzgar de la trama de corrupción bautizada como caso Unión, había hasta este lunes 16 procesados (uno de ellos, el exconcejal del PIL Matías Curbelo, falleció durante la instrucción). Sin embargo, en la sesión de este lunes, el fiscal Javier Ródenas retiró la acusación contra cinco de ellos, cuatro por prescripción de los hechos.
Caso Jable
En su escrito de calificación, la Fiscalía acusa a Isabel Déniz y a Dimas Martín, ambos del PIL (la exalcaldesa abandonó después este partido y se incorporó a Coalición Canaria) de orquestar una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Arrecife o aumentos injustificados de precios. Para ello se valieron de la “contribución ineludible” del secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y del jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. Los contratos investigados son los adjudicados a Tecmed (luego Urbaser) para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y a FCC por el pabellón de Argana Alta.
El Ministerio Público cree que las comisiones por el primero de ellos superaron los 300.000 euros. Fue Fernández Camero quien, según la acusación, facilitó la apertura de las ofertas de forma fraudulenta para que Arrocha pudiera advertir al gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, de que su oferta no era la mejor situada, por lo que la cambiaron y “simularon que fue presentada en plazo”. Además, se le adjudicaron dos obras por más de seis millones de euros que no estaban incluidas en los pliegos. El contrato, de diez años de duración, fue adjudicado por un importe de 2,19 millones de euros al año, aunque los precios de ese servicio y del de limpieza, que también acabó en manos de Urbaser, fueron incrementándose de forma notable (hasta un 500%) con informes favorables del jefe de la Oficina Técnica.
El escrito de acusación recoge numerosos pagos de Urbaser a políticos y funcionarios, tanto en efectivo, como en especie (relojes, joyas, bolsos, pasajes de avión, estancias en hoteles...) Según los investigadores, la exalcaldesa de Arrecife habría recibido, además de cantidades en metálico, un bolso de la marca Loewe valorado en 418 euros, un reloj Rolex de 4.750 euros o un viaje a Kenia, vía Tanzania, junto al secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y sus respectivas parejas, por un importe superior a los 15.000 euros.
La operación Jable también juzga la adjudicación fraudulenta del pabellón de Argana Alta, en Arrecife. Fue adjudicada, merced a ese presunto acuerdo corrupto liderado por Déniz y Martín, a FCC. Según la Fiscalía, esta empresa presentó una oferta a la baja (8,7 millones de euros frente a los 9,5 presupuestados) para hacerse con el contrato y, apenas un año después, el Ayuntamiento aprobó una modificación para incrementar la dotación casi en la misma cantidad. Además, posteriormente se le adjudicaron obras complementarias -no contempladas en los pliegos- por un importe de 1,31 millones y a través de un procedimiento negociado sin publicidad, lo que suponía “un incremento del 15%” sobre el precio ofertado por la empresa. También en esta rama hay un viaje pagado por la adjudicataria a Déniz, en este caso a Marruecos y en compañía de nueve familiares. El coste ascendió a 17.340 euros. El informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que Déniz había percibido entre 2000 y 2010 unos ingresos de 400.000 euros que no estaban justificados.
En la instrucción de esta causa colaboraron con la justicia tanto el delegado de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, que reconoció los hechos y aportó cuadernos y agendas donde anotaba las peticiones de los políticos y la comunicación con sus superiores, como Matías Curbelo, histórico concejal del PIL que falleció en 2018. A los acusados se le imputan los delitos de asociación ilícita, prevaricación, cohecho, violación de secretos, uso o aprovechamiento de secretos, falsedad en documento público, actividades prohibidas a funcionarios públicos y fraude.
En el escrito de acusación, que será revisado por las dilaciones, la Fiscalía pedía 13 años de cárcel y 52 de inhabilitación tanto para Isabel Déniz como para Dimas Martín, además de multas que ascendían a 363.355 y 281.244 euros, respectivamente. Para Fernández Camero solicitaba 11 años y seis meses de cárcel y 18 de inhabilitación y una sanción de 38.183 euros, y para Rafael Arrocha, 19 años y medio de prisión, 62 de inhabilitación y 1,12 millones de multa.