El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto al juez Salvador Alba una multa de 500 euros además de un apercibimiento por escrito como autor de una falta “leve” de consideración hacia sus compañeros por grabarles en la Audiencia Provincial.
Según informa este sábado Canarias 7, el máximo órgano rector de la judicatura en Canarias aprobó la sanción a Alba este viernes por unanimidad de los miembros presentes en la deliberación la propuesta de resolución planteada por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ejecutar el expediente abierto al magistrado.
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia había denunciado a Alba ante el CGPJ a raíz de la difusión en los medios de comunicación de la transcripción de las conversaciones grabadas por el magistrado el 23 de septiembre de 2016 en la quinta planta de la torre tres de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
Según la asociación, el juez utilizó el contenido de las grabaciones realizadas a sus compañeros para incriminar a los posibles intervinientes o para defenderse en procedimientos penales abiertos por él o contra él.
La grabación aportada por Alba, de 24 minutos de duración, recogía varias conversaciones. En una de ellas, departe con su compañero Carlos Vielba, que se había ofrecido a actuar de mediador con el presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramirez, para resolver el enfrentamiento entre Alba y el empresario, abierto después de que este último difundiera la grabación de un encuentro en el despacho del primero en la que se les escucha a ambos maquinar una declaración para perjudicar a Victoria Rosell, entonces magistrada en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas.
Fue el actual promotor, Ricardo Conde, quien elevó la propuesta de resolución que en este caso competía tomar en consideración a la Sala de Gobierno autonómica. El juez además sigue siendo investigado por seis delitos: revelación de secretos, prevaricación judicial, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función, delitos contra la Administración de Justicia, falsedad y cohecho.