El magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, deberá permitir en su próxima jornada de guardia, el próximo martes, que la funcionaria a la que ha vetado durante los dos últimos meses, a la que ha ordenado expulsar de las dependencias judiciales cada ocho días a través de la Guardia Civil, pueda acudir a su puesto y prestar sus servicios.
Así lo ha decretado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al estimar la solicitud de la afectada para que levantase, como medida cautelar, esta prohibición hasta que se sustancie la demanda por protección de derechos fundamentales que ha interpuesto en contra del juez.
Un oficio emitido por el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) de la mencionada sala este jueves ordena el “inmediato cumplimiento” del auto de medidas cautelares dictado el mismo día por los magistrados Óscar Bosch, María Mercedes Martín y Javier Varona, este último como ponente de la resolución judicial.
La Sala asegura desconocer los motivos por los que el juez adoptó esa prohibición que sólo se extiende a las jornadas de guardia y que le ha ocasionado a la empleada pública un importante quebranto económico, ya que no ha podido cobrar el complemento salarial, y una merma en su salud. Tanto Luis Galván como la letrada de la Administración de Justicia de Instrucción 6 aluden a un acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2016 notificado a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para justificar su posición.
Sin embargo, el TSJC remarca en su auto que en ninguno de los documentos remitidos al tribunal consta ese acuerdo ni que se le haya notificado a la funcionaria. “Tan sólo se hace mención a un informe de fecha 8 de septiembre de 2016 dirigido a la Dirección General de Administración de Justicia, en solicitud de que se incoe un expediente disciplinario”, recoge la resolución judicial.
Como ha informado Canarias Ahora, el Gobierno regional se dirigió hace un mes al juez para informarle de que sobre la empleada pública no pesaba ningún expediente disciplinario ni suspensión o sanción, por lo que no existía ningún impedimento para que cubriera las guardias, aunque se mostraba “respetuoso” con la decisión adoptada por el magistrado, que alega “pérdida de confianza” en la trabajadora, a la que acusa de retrasos en la tramitación de procedimientos. Tanto Galván como la secretaria judicial han advertido a la demandante durante las últimas guardias de que, en caso de que no abandonase las dependencias judiciales, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.
La Sala reprocha al magistrado Luis Galván que haya actuado “por la vía de hecho” y le recuerda que cualquier medida que estime necesaria para la correcta prestación del servicio de guardia debe de estar “motivada y documentada”, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
La Junta de Personal de la Administración de Justicia de la provincia de Las Palmas, a través de su presidente, Luis Piernavieja, se ha congratulado de la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y ha anunciado que disponen de información fiable que apunta a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciará en idénticos términos.
Para Piernavieja, las instancias judiciales han comenzado a poner límites al “desafuero arbitrario” del juez Luis Galván, que, en opinión del representante de los trabajadores, se ha arrogado potestades sancionadoras que le competen al Gobierno de Canarias.
El presidente de la Junta de Personal advierte de que el órgano colegiado al que representa continuará actuando “con la misma contundencia” por el “saneamiento y la credibilidad de la Justicia” para poner fin a prácticas “inconcebibles en el siglo XXI”, como la de un juez “que piensa que un funcionario es un empleado particular o un vasallo”.
Los representantes de los trabajadores volverán a acudir el martes al juzgado de guardia para apoyar a la funcionaria afectada y comprobar el cumplimiento del auto de medidas cautelares.