Lejos de amainar con el paso de tiempo, el conflicto en el juzgado de guardia de Las Palmas se recrudece. La Junta de Personal de la Administración de Justicia en la provincia oriental ha interpuesto este lunes una denuncia contra tres agentes de la Guardia Civil por un presunto delito contra la libertad sindical. Como ya ocurriera en anteriores ocasiones, la Benemérita ha impedido el acceso a las dependencias judiciales a los representantes de los trabajadores que pretendían apoyar a la funcionaria a la que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital, Luis Galván Mesa, ordena expulsar cada vez que ejerce funciones de guardia, alegando “pérdida de confianza” en la empleada pública.
Ya son ocho las veces en las que se ha vetado a la funcionaria en el juzgado de guardia, en las últimas seis con participación de algún agente de la Guardia Civil. La denuncia presentada este lunes se une a la batería de acciones judiciales que la afectada, con el asesoramiento de la Junta de Personal, ha emprendido contra una decisión, la del magistrado, que los representantes sindicales califican de arbitraria y usurpadora de las funciones sancionadoras que corresponden al Gobierno de Canarias.
La concentración de este lunes ha sido la más nutrida de cuantas se han celebrado hasta la fecha para protestar contra la situación de esta funcionaria. Una representación de la Junta de Personal trató de acceder al juzgado sobre las 8.50 horas, diez minutos antes de que asumiera las funciones de guardia el magistrado Luis Galván. Según el relato contenido en la denuncia, fueron tres guardias civiles, uno de ellos subteniente, quienes volvieron a impedirles el paso.
Los trabajadores sostienen que los agentes se negaron a informarles de quién partía una orden verbal que, al igual que en ocasiones precedentes, carecía de curso escrito, de constancia documental. Una circunstancia que “lesiona reiteradamente el derecho de defensa que corresponde a esta Junta de Personal”, advierte su presidente, Luis Piernavieja. “Las órdenes no pueden ser gratuitas, tienen que sujetarse al principio de legalidad y más cuando están afectando a un derecho constitucional, como el de la libertad sindical”, añade.
También se negaron los agentes, siempre según la versión de los representantes sindicales, a identificarlos y levantar acta de los hechos descritos. La Junta de Personal había dirigido el pasado viernes un escrito al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Gran Canaria para exponerle la anómala situación que, a su juicio, se está produciendo cada ocho días en la Ciudad de la Justicia de la capital. De momento, no ha obtenido respuesta.
“No hay precedentes de algo similar en la Administración de Justicia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están continuamente vetándonos el derecho a la libertad sindical. La cosa, en vez de ir a mejor, va a peor. Ya ni siquiera se nos da explicaciones de quién da las órdenes”, lamenta Piernavieja, que recuerda que sus actuaciones están amparadas por resoluciones del “máximo órgano del Poder Judicial, por el Consejo”. Se refiere a un acuerdo adoptado por el CGPJ en abril de 1998 que revocaba una decisión análoga de un magistrado de instrucción de Barcelona, en aquella ocasión con constancia por escrito.
Los representantes sindicales acusan al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, de “mirar para otro lado” en un enfrentamiento que, advierten, está minando la salud de la trabajadora, que este lunes tuvo que acudir de nuevo a los servicios de urgencias tras sufrir una subida de tensión.
El Ejecutivo regional se ha dirigido al juez Galván para recordarle que sobre la funcionaria afectada no pesa ningún expediente disciplinario ni sanción o suspensión, por lo que no hay ninguna circunstancia que le impida realizar las guardias. Sin embargo, se ha mostrado “respetuoso” con la decisión del magistrado y con sus atribuciones en materia de dirección y organización del servicio, desentendiéndose de la resolución del conflicto y dejando toda la responsabilidad en manos del Consejo General del Poder Judicial, a quien no se ha dirigido.
El Gobierno llegó a emitir una especie de “salvoconducto” para garantizar la libertad sindical de la Junta de Personal en el juzgado de guardia, cuando estalló el caso. Sin embargo, ese documento ha quedado en papel mojado, puesto que ni el juez Galván ni la Guardia Civil le han prestado la más mínima atención.
Los representantes sindicales afirman que el colectivo de trabajadores de la Administración de Justicia se siente “agredido y desprotegido” ante esta situación. El presidente de la Junta, Luis Piernavieja, recuerda además que se está incumpliendo la normativa cada vez que el juez Galván expulsa a la tramitadora procesal de las guardias, puesto que el servicio está siendo prestado por nueve funcionarios y no por los diez exigidos. El acuerdo antes mencionado del CGPJ recogía que las guardias deben ser ejercidas “por todos los funcionarios que componen la plantilla del órgano judicial, al menos hasta las horas previstas en el referido apartado, siendo ello una obligación”.