La Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT Canarias ha presentado este jueves una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas contra el consejero de Sanidad del Gobierno regional, José Manuel Baltar; el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el gerente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Luis Rodríguez Neyra, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación vinculado al concurso para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago.
Según explican fuentes del sindicato, son varias las irregularidades y negligencias que han rodeado al polémico concurso de ambulancias desde que se convocara a principios de 2019 para acabar con la situación de precariedad que arrastra el sector, que hasta la fecha ha mantenido un contrato formalizado en 2009, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2012 y vencido desde 2015, prórrogas incluidas.
UGT sostiene que el Gobierno ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público y los derechos de contratación, además de revelar secretos (al publicar los datos económicos de una de las empresas licitadoras -Aeromédica Canarias-). Recuerda la central que los recursos presentados contra la licitación “no han sido contestados en tiempo” y denuncia “la inexistencia de una memoria económica donde se haya podido reflejar un precio de licitación acorde a la realidad actual”. Como se recordará, la principal contratista del concurso de 2008, Aeromédica Canarias, decidió renunciar al procedimiento al no recibir respuesta antes de la fecha límite para la presentación de ofertas el recurso que interpuso contra los pliegos al considerar que con el presupuesto de licitación (cerca de 150 millones de euros) es imposible cumplir los requisitos exigidos y el convenio colectivo del sector.
Según Iván Amador, responsable del sector de Transporte Sanitario Terrestre de UGT Canarias, “el Gobierno canario sabía que actuaba contra la ley y aun así prefirió seguir con la tramitación del concurso de ambulancias”. Para el sindicato, el proceso ha estado “viciado de nulidad” desde un principio por la falta de transparencia. Recuerda que en 2008 “pasó exactamente igual” y que el proceso concluyó con “adjudicaciones a dedo, empresas sin aval y con los escándalos de los falsos autónomos”. “Desde 2011 y 2012 se realizaron recortes de unidades y dotaciones que han traído como consecuencia un aumento de las listas de espera, un incremento de los criterios para poder tener acceso a una ambulancia y demoras en los tiempos de espera que se agravan en las zonas rurales”, una situación a la que hay que añadir “la saturación de pasillos y plantas en los hospitales cuando los pacientes esperan por ser trasladados”.
Desde la perspectiva laboral, UGT denuncia la precariedad de los trabajadores, con una proliferación de los contratos temporales o en prácticas, así como de la figura del falso autónomo, a pesar de las sentencias que acumulan a este respecto las empresas adjudicatarias, y una congelación de los presupuestos desde 2013 que “ha repercutido en la calidad asistencial” y en el salario de los empleados.
El sindicato remarca que, frente a esta situación, el Gobierno de Canarias “ha venido retrasando la licitación hasta cuatro años después de haber vencido las dos prórrogas” y haber ampliado, con dos órdenes de modificación, la tarjeta sanitaria, imprescindible para que las ambulancias puedan circular, primero de los 8 a los 10 años y después de los 10 a los 12.
UGT también alude al conflicto vinculado a los técnicos de emergencias sanitarias. Sostiene que las bases infringen la legislación en materia de transporte por plantear la subrogación de los trabajadores sin reconocer su categoría profesional y su formación, encuadrándolos como “conductores de furgoneta o mozos de almacén”.
El sindicato ha promovido dos iniciativas parlamentarias para devolver a manos públicas el servicio de ambulancias en el Archipiélago. La última fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Sanidad, aunque quedó supeditada a la elaboración de los pertinentes informes jurídicos y económicos. “El Gobierno, hoy en funciones, es perfecto conocedor de la situación de desamparo del servicio, de los empleados y de las condiciones asistenciales”, subraya Iván Amador, que critica que no se apliquen “principios de eficiencia y eficacia” a una gestión que considera politizada y subordinada a la ideología de los partidos en el poder.
Estas razones han llevado a UGT a presentar la denuncia ante la Fiscalía con la intención de que se adopten las medidas adecuadas para “luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de tratos a todos los candidatos y licitadores”.