El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado una demanda en la que se exigía que el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza hicieran frente a una indemnización de más de 16 millones de euros por la anulación del plan parcial Playa Blanca.
La anulación del proyecto de urbanización del plan parcial Playa Blanca se produjo por el propio TSJC en abril de 2009, que adoptó como fundamento que estaba extinguido desde que entró en vigor la Ley de medidas urgentes sobre el territorio en 2001 al tener destino turístico y no haber sido desarrollado por los promotores.
La empresa Inversiones Oliva, vinculada al promotor Luis Hernández, compró parcelas en el plan parcial Playa Blanca en octubre de 2005 para la construcción de promociones inmobiliarias. La empresa cuantifica en la citada cantidad el perjuicio sufrido por la anulación del plan parcial y responsabiliza a las tres administraciones.
Sin embargo, la “doctrina” judicial establece que no cabe indemnización “por pérdida del derecho a ejecutar la urbanización en caso” de que quien reclama “incumpliese los plazos para la tramitación del plan parcial”.
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