La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), es partidaria de cobrar por el acceso a espacios protegidos, como se hace en Lanzarote, y también de abrir un debate sobre la implantación de una ecotasa, aunque duda de su eficacia.
En una entrevista con EFE, la consejera asegura estar de acuerdo en cobrar por visitar los espacios naturales protegidos, incluidos los residentes canarios, aunque recuerda que esto es competencia de los cabildos. Pone como ejemplo a Lanzarote, que este año tiene previsto recaudar por este concepto unos 40 millones de euros que “redundan en la gestión y protección del medio”.
En cuanto al debate sobre la implantación de una ecotasa en Canarias, distingue entre una “tasa por prestación de servicio”, como sería cobrar por el acceso a espacios protegidos, y una tasa fija, que sería lo que se conoce como ecotasa, y ahí la consejera asegura que tiene dudas, máxime al tener en cuenta “el exceso de recaudación y los problemas de gestión de los recursos” que hay en Canarias.
Opina que implantar una ecotasa “no resolvería el problema que tenemos en Canarias en materia de vivienda, de transporte... pero estoy convencida de que la patronal y las principales organizaciones turísticas están dispuestas a dar ese debate y también abrirlo el Gobierno”, afirma.
Manifestaciones contra la masificación el 20A
De León dice hacerse cargo de que “el cabreo” de los canarios “es generalizado, y con razón”, al ver que los precios de los alquileres y que la cesta de la compra “se disparan”, o que “te van a cortar el agua por la sequía”, pero critica que “algunos colectivos lo achacan todo y apuntan con el dedo a un sector”, el turístico. La consejera pasa por alto el hastío generado por el desarrollo de proyectos turísticos tales como Cuna del Alma, el hotel de La Tejita o el hotel Oliva Beach, todos con irregularidades y enclavados en lugares singulares, o protegidos. Fue precisamente el proyecto de Cuna del Alma el que encendió la mecha de las protestas hace ya dos años.
Las protestas convocadas en cinco islas, tal y como insisten en recordar sus convocantes, no son contra el turismo ni son producto de una supuesta turismofobia, sino que reclaman un cambio de modelo económico y de desarrollo, que se frene el crecimiento imparable de la actividad turística en Canarias y medidas de protección hacia la población local, como trabas a la compra de viviendas por parte de extranjeros, más protección en los espacios naturales, una tasa turística y una moratoria en este sector. Los datos oficiales, además, hacen prever que en este 2024 se superen aún más las cifras casi récord de 2023.
La consejera dice compartir y sentirse “muy identificada” con “muchas cosas” que están en el trasfondo de las manifestaciones convocadas el 20 de abril para reclamar un nuevo modelo turístico, como por ejemplo la protección del entorno. Además, admite que la industria del turismo “es mejorable, tiene retos y está dispuesta a asumirlo”, pero advierte de que “no podemos atacar a los turistas que vienen pasar sus vacaciones y son ajenos a esta realidad. Con eso solo beneficiamos a competidores directos (...) Cuidado con esas imágenes, que no benefician a nadie, y menos a la clase trabajadora”, advierte.
La consejera de Turismo pide a los colectivos ecologistas que se sienten a debatir y lamenta que no hayan respondido a sus ofrecimientos, que son previos, según ella, a la convocatoria de las manifestaciones del 20 de abril, las cuales respeta “profundamente”, y afirma compartir “parte de sus mensajes”.
Entiende que algunas propuestas, como la prohibición o restricción de la compra de viviendas por parte de extranjeros, “son irrealizables”, teniendo en cuenta que en la UE “hay dos libertades sagradas, la de tránsito y la de establecimiento y de empresa”. Olvida la consejera que medidas similares ya se han tomado en otros territorios de la UE, como las ciudades de Ámsterdam y Utrech, en Países Bajos, que han limitado la compra de viviendas (las que cuesten menos de 587.000 euros aunque se quiere aumentar ese límite) a quienes no vayan a residir en ellas, lo que ha frenado la compra de inmuebles por parte de especuladores e inversores.
En otras cuestiones, ha dicho la consejera, “estamos dispuestos a hablar, los empresarios turísticos los primeros”.
Jéssica de León sostiene que “el cambio” de modelo turístico en Canarias “ya ha empezado” al embarcarse el ejecutivo regional en un “ambicioso proceso de reforma del bloque normativo”, con el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda (que no contempla ninguna medida para controlar qué perfil comprará las viviendas que se construyan, por lo que estas pueden acabar en manos de inversores, fondos, etc., ni ninguna medida para las 200.000 viviendas vacías que hay en las islas) y la futura ley de la vivienda vacacional. Esta última, ahora en exposición pública, deja en manos de los ayuntamientos el controlar la proliferación de viviendas vacacionales y no incluye ninguna tasa para estos propietarios ni inspecciones para controlar que la propia ley se cumple. Este mismo Gobierno sigue autorizando la construcción de hoteles y celebra que las plazas aéreas para el verano hayan subido un 10% (más de 12 millones) mientras ha declarado ya la emergencia habitacional, la hídrica y la energética en las islas.
Según De León, mientras que el número de camas hoteleras y extrahoteleras “ha decrecido un 12%” desde 2016, “por la puerta de atrás se han habilitado 220.000 plazas de viviendas vacacionales. Si se pone en números, eso son 500 hoteles de 400 plazas”.
“Se nos ha ido un poco la capacidad de las manos. Esa presión sobre la vivienda genera un cabreo generalizado que comparto”, de ahí la futura ley que ordenará esta actividad. “Estamos dando debates valientes”, reivindica la consejera.
Y añade: las manifestaciones del 20 de abril “hablan bastante de hacia dónde tenemos que ir en Canarias. Por mucho coste político que pueda tener, soy consciente de ello, es una decisión que había que tomar”.