Consumo ha abierto una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la ley de los consumidores y que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto esta investigación después de tener conocimiento por las autoridades autonómicas y municipales de que un número significativo de viviendas turísticas estarían operando sin licencia.
En Canarias, hace un año, la cifra oficial de viviendas turísticas era 42.651. Sin embargo, según la herramienta AirDNA, que rastrea las webs de los portales como Airbnb o Vrbo y descarga todos los anuncios, legales o no, contabilizaba entonces 45.165. Y el Ejecutivo canario, en la propia base de datos que gestiona sobre ello, contaba entonces 42.370. Estas discrepancias en las cifras desvelaban ya hace 12 meses que parte de esta actividad escapa a los controles.
La Dirección General de Consumo ha enviado ahora requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas así, según se informa desde el ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales de acuerdo al artículo 47 de la ley de consumidores y usuarios.
Ya con la información que recabe, estudiara la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.