El director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, ha dicho este martes que el fenómeno de la vivienda vacacional “se nos puede ir” si la ley que lo regule no entra en vigor el 30 de junio de 2024.
Antes de participar en una sesión informativa sobre la consulta pública previa a la elaboración de la ley de ordenación del uso turístico de viviendas, Miguel Ángel Rodríguez ha insistido en que la vivienda vacacional no es un problema en sí, pero lo es la dimensión del fenómeno, que está creciendo de forma exponencial.
El director general de Ordenación Turística ha comentado que en Canarias hay 197.000 plazas de vivienda vacacional y ha afirmado que se trata de ver cómo se encaja esa situación con el derecho a tener una vivienda digna y adecuada a precios asequibles, el derecho a la calidad de vida.
También tiene que encajar con la preservación del patrimonio histórico, así como con la apuesta por la descarbonización y la movilidad sostenible.
El encuentro de este martes en Santa Cruz de Tenerife trata de difundir la consulta pública que el Gobierno regional lleva a cabo sobre la iniciativa de una ley de ordenación sostenible del uso de viviendas.
Se trata, ha indicado Miguel Ángel Rodríguez, de explicar en qué consiste la consulta pública, que aborda cuatro cuestiones que el Gobierno regional considera que son claves y sobre las que la ciudadanía se puede pronunciar en el portal de transparencia del ejecutivo canario.
De este modo, afirma Rodríguez, antes de elaborar la ley se escucha a la ciudadanía para que dé su visión y ver si coincide con la del Gobierno de Canarias, que figura en el informe, y también se puede decir si se quiere que la regulación sea por ley o por medio de un reglamento.
Miguel Ángel Rodríguez ha manifestado que los objetivos del Gobierno se basan en que la oferta turística de vivienda hay que regularla desde criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.
Las reuniones se realizarán en todas las islas “cuantas veces sea preciso”, ha aseverado el director general de Ordenación Turística, quien ha recordado que en los primeros cien días del gobierno regional se ha llevado al Consejo de Gobierno la iniciativa para que esté en vigor el 30 de junio de 2024.
Ha dicho asimismo que si es preciso tomar medidas, el Gobierno regional las adoptará en el caso de que ante la próxima aprobación de una ley haya muchas altas en el censo de vivienda vacacional, por lo que se prestará atención diaria al proceso.
Miguel Ángel Rodríguez ha precisado que el 26 de noviembre próximo termina el proceso de consulta pública, y se dispondrá de dos meses para analizar los resultados, de forma que en febrero de 2024 habrá un borrador que se explicará y discutirá con todos los sectores “para que nos digan si vamos por el buen camino”.
El alquiler vacacional, en cifras
Las cifras oficiales del Gobierno de Canarias cifran en 42.370 las viviendas vacacionales en las Islas. Sin embargo, una oferta importante de este sector es desarrollada a espaldas de las entidades públicas. La herramienta AirDNA, que rastrea las webs de los portales como Airbnb o Vrbo y descarga todos los anuncios, legales o no, contabiliza 45.165 domicilios turísticos en Canarias. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última actualización de su estadística experimental sobre este tema (febrero de 2023), reporta 42.651.
En este contexto, la Unión Europea (UE) ha acordado recientemente impulsar un registro comunitario de alojamiento vacacional para acabar con el baile de cifras. La pretensión de la UE es recopilar de forma armonizada datos sobre este tipo de estancias que permitan a posteriori mejorar la lucha contra el fraude y la elaboración de políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con limitación de la oferta por el presumible impacto en el alquiler residencial.
En Canarias, el anterior Ejecutivo regional reconoció hace unos meses que “la falta de equipos humanos” ha mermado las labores de inspección turística, entre las que se encuentra la supervisión de la propia normativa y, también, del reglamento de las viviendas vacacionales de la comunidad.