El futuro del turismo en Canarias está asegurado, dados los buenos resultados que está obteniendo esta industria, pero debe mejorar algunos aspectos para que su relación con la ciudadanía, y su propia supervivencia, no peligre. Esos aspectos son muy diversos, pero se pueden resumir en más gestión, más planificación, más protección del entorno natural, más previsión ante las amenazas del cambio climático y más escucha hacia esa ciudadanía descontenta con fenómenos tales como la turistificación de las ciudades, la falta de viviendas asequibles o la saturación en la movilidad.
Estas son algunas de las conclusiones extraídas de la celebración del I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias, organizado por Canarias Ahora y la Fundación Diario de Avisos, y que ha tenido lugar este viernes en Tenerife. El acto ha estado patrocinado por Promotur, Lopesan y Spring Hotels.
El foro ha dado voz tanto al Gobierno de Canarias y a empresarios del sector, como a expertos en distintas áreas y representantes políticos de diferentes destinos turísticos que viven una situación similar a la del Archipiélago: Barcelona, Illes Balears, Málaga y Hawái.
“Gestión, regulación, ordenación y disciplina”
El primero en intervenir fue Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Promoción y Formación del Gobierno de Canarias, que defendió la necesidad de tener una visión de futuro siguiendo el “modelo catedral”, es decir, con una buena “cimentación” y cuyos resultados perduren en el tiempo. Rodríguez admitió que quería transmitir una imagen positiva del turismo, porque aporta el 35% del PIB y el 40% empleo y porque Canarias es la comunidad que más dinero genera por turista. Por eso, ha dicho, “queremos un turismo de mayor valor añadido, no contar turistas, sino contar empleos, contar fiscalidad”.
Pero aún así, dijo, hay aspectos que cambiar. Explicó que hay un proceso de renovación de la planta hotelera en las islas y que “hay asignaturas que mejorar”. Aquí hizo una autocrítica hacia la administración, en un discurso que fue muy elogiado y recordado durante el resto de la jornada. Rodríguez indicó que el marco normativo del turismo debe ser mejorado porque contempla la vivienda vacacional, por ejemplo.
La renovación también afecta al espacio turístico para ser “más amable para el residente y para el visitante”. Destacó la falta de regulación en cuanto a campings, viviendas singulares y al turismo activo y señaló que todo lo que no está regulado “produce afecciones ambientales, sobre todo en costas”.
Respecto a los retos, subrayó la necesidad de “crear refugios climáticos” y mejorar la planificación urbanística de las islas. E invitó a hacer una reflexión sobre un posible decrecimiento. “La clave está en saber qué queremos, que es bienestar del residente, y a partir de ahí viene el bienestar del turista”.
Por último, afirmó que para que todo esto se ponga en marcha debe haber más disciplina: “Canarias tiene un enorme problema con hacer cumplir las leyes”.
Diagnóstico del sector: mejorar la comunicación, la gestión y exportar conocimiento y experiencia
A continuación, el Foro acogió la primera mesa de debate, en la que participaron Mónica Palacios, directora de promoción de producto, Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis de Turismo de Canarias, José Alba, director general de la división hotelera del Grupo Lopesan, Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels.
Todos ellos coincidieron en que el sector vive un momento dulce pero apuntaron que para que pueda hablarse de “bonanza” esos buenos datos de visitantes y gasto deben mantenerse en el tiempo.
Mónica Palacios explicó que el turismo está creciendo en todo el mundo por, entre otros motivos, cuestiones sociológicas y esa búsqueda de una “experiencia de viaje” se ha traducido en un turismo de mayor calidad.
“La industria ha cambiado”, dijo, “especialmente en lo referente a la sostenibilidad”. “Se están desarrollando proyectos muy importantes por parte de las empresas turísticas que la ciudadania desconoce”.
José Alba incidió en que Gran Canaria tiene 50.000 camas menos que hace unos años, pero al mismo tiempo la vivienda vacacional no ha dejado de crecer, sin estar regulada. “Eso crea una distorsión de la realidad del sector”. Además, concluyó que todo lo que está regulado tiene aspectos muy positivos, “lo que no, no tan positivo”.
Miguel Villarroya incidió en la necesidad de “regular rápidamente esa oferta que no está ordenada”. Y aportó varios datos: hay 15.000 alojamientos de vivienda vacacional en Tenerife solo en el último año, lo que supone 60.000 plazas más desde 2023. “Hay que ordenar urgentemente”, concluyó.
Como retos, Palacios indicó que para el sector sigue siendo la descarbonización, la sostenibilidad, y Alba añadió la mejora del marco jurídico, la ordenación del territorio y la administración para que haya “más claridad”. Y subrayó la necesidad de que todos los actores turísticos contribuyan “por igual” al desarrollo de la economía canaria, algo que “no ocurre ahora”.
Respecto al cambio de modelo demandado por las protestas del 20A, Palacios apuntó que “eran más bien cuestiones sociales, como la dificultad del acceso a la vivienda, la movilidad, el transporte, el desabastecimiento de agua o la turistificación”. Sin embargo, añadió que el número de turistas no se ha incrementado respecto a 2017, mientras que sí lo ha hecho la población.
José Alba opinó que las reivindicaciones del 20A se habían “pervertido” y que se protestaba contra el sector turístico sin que este fuera responsable de algunos de esos problemas, que tienen más que ver con una mala gestión por parte de las administraciones. Y puso como ejemplo que el grupo al que representa (Lopesan) paga un 25% por encima del convenio colectivo, genera más electricidad de la que consume y parte de los productos que utiliza en sus establecimientos son producidos en sus propios huertos de kilómetro cero. “No todas las empresas actúan como Lopesan, por eso hay que buscar soluciones y mejorar los planes de ordenación, en vez de culpar o responsabilizar al modelo turístico regulado”, dijo.
Villarroya opinó que se buscó “un culpable” y que este fue la industria hotelera, “que no tiene culpa de que se hayan creado 100.000 plazas turísticas de viviendas vacacionales en los últimos cinco años”.
Por último, Alba señaló que la industria ha comunicado “fatal” sus logros y que no ha sabido “hacer atractivo” el sector a la ciudadania, por lo que invitó a hacer una reflexión, algo en lo que coincidió Villarroya. Además, como potencia turística, afirmó que hay que mejorar la profesionalización y exportar talento, formación y experiencia.
Hawái: mismos problemas al otro lado del mundo
A continuación, el Foro dirigió su mirada hacia un archipiélago que, a pesar de encontrarse al otro lado del mundo, afronta problemas muy similares a los de Canarias en relación con un turismo de masas. Keani Rawlins, vicepresidenta del consejo del condado de Maui (Hawái, EEUU), explica en una entrevista realizada por la periodista Dácil Jiménez cuáles son esos problemas, qué medidas han tomado en sus islas y cuáles han sido los resultados obtenidos.
Expertos muestran la otra cara del turismo en Canarias
A continuación intervinieron tres expertos invitados: el documentalista Felipe Ravina, la catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón, y el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Matías González.
Ravina comenzó dejando claro que respecto al futuro de Canarias “no hay que buscar enemigos, sino trabajar en conjunto”, y expuso “para dar un poco de perspectiva” los datos de visitantes de países como Brasil o Argentina, o archipiélagos como el de Galápagos, todos con un número de turistas muy inferior al de Canarias. Con ello quiso reivindicar que “el número se nos ha ido totalmente de las manos” y está afectando no solo a los espacios naturales sino también “al modo de vida” de la gente. “Es un problema de número, porque este es un territorio limitado, con unos recursos limitados”.
Expuso con datos los daños medioambientales que está sufriendo Canarias por la creciente presión sobre sus ecosistemas: “En los últimos 50 años hemos perdido el 90% de nuestra biomasa”.
Y señaló especialmente los millones de litros de aguas residuales que se vierten cada día sobre ecosistemas protegidos. “Todo eso el turista lo ve cuando bucea y eso afecta al valor añadido, esos problemas de gestión pueden afectar al turista que viene buscando unas islas en buen estado”.
Esas cifras de llegadas de turistas, como se vio en el 20A, “crean un sentimiento de rechazo. El hartazgo es cada vez mayor, no por el turismo, sino por la falta de gestión”.
A esto se suman los atascos y el colapso de los espacios protegidos. “Disciplina”, dijo, recordando lo explicado en la primera mesa del Foro, y señaló entonces el proyecto Cuna del Alma: “No contempló hasta 10 especies protegidas en sus informes. Es responsabilidad del Gobierno parar proyectos que no cumplen la ley”.
“Son muchos factores que influyen en el hartazgo” y “el fracaso” de las administraciones y de la industria es que “este paraíso ha dejado de serlo, gente que deja de sentirse orgullosa y empieza a sentir vergüenza”. Todo esto, explicó, hizo que el 20A se sumase mucha gente a las protestas.
Por todo ello, consideró imprescindible que no se aumenten las plazas turísticas, tampoco los residentes. Añadió que el principal reclamo al turista son nuestros espacios naturales, por ello, “lo mejor que le podría pasar al turismo y al residente es que nuestros espacios naturales se protejan”.
El 'valor añadido', en peligro
Matías González inició su intervención lanzando una pregunta a los asistentes: “¿Estamos preparados para afrontar los retos de los que se ha hablado aquí?”. En su opinión, para iniciar una mejora es necesaria una mayor coordinación entre departamentos dentro de la administración, y puso varios ejemplos sobre los distintos problemas que conlleva el reparto de competencias y que algunas consejerías trabajen de manera independiente a otras en cuestiones que atañen a ambas. “Hay demasiada inercia en los mecanismos de las administraciones, distintas competencias, hacen falta colaboraciones interadministrativas”, señaló.
“El turismo es mucho más de lo que hacemos en nuestra empresa”, espetó antes de reflexionar: “Si es cierto que lo que importa es la experiencia para un turista, hay que aceptar entonces que la rentabilidad de esa empresa (hotel) no depende solo de lo que esa empresa hace dentro de sus instalaciones, sino también fuera (playas, restaurantes, montes, etc.). Por tanto, habrá que invertir más en la preservación y conservación de la naturaleza. Creo que hay un deficit en la necesidad de definir lo que es común en el turismo”, explicó, en referencia al uso de carreteras, hospitales, aceras, energía, recursos, etc..
Por todo ello, prosiguió, “necesitamos reorientar esta industria, que nos da de comer y condiciona nuestras vidas en muchos sentidos, porque transforma también nuestros hábitats naturales y humanos”.
Sin embargo, señaló que la industria debe también “escuchar” a la sociedad sobre cuánto quiere verse expuesta a la interacción con el turista. “Nos falta una comprensión de la naturaleza compleja de este fenómeno que es el turismo. Hay que gestionar mejor esas interacciones”.
El litoral, doblemente amenazado
La catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón centró su intervención en los daños causados al litoral de las islas por la urbanización descontrolada y por la fragilidad del mismo.
La experta destacó que solo el 3% del territorio sigue siendo playa duna, una zona que ha sido históricamente “el oscuro objeto de deseo de la construcción”, por lo que no se lo ha conservado ni protegido. “Ocupamos el litoral con fondo de barranco, se colmata ese barranco y se pasa al siguiente. Eso provoca importantes alteraciones en la dinámica”, lo que afecta también a las construcciones, que muestran “problemas” con el tiempo.
“Es como el cuadro de Saturno devorando a sus hijos”, ha expuesto. “Todo esto nos dice que nuestra manera de relacionarnos con el litoral debe ser revisada”.
Gran parte del litoral está “artificializado, alterado”. Si esto se examina junto a las zonas de vertidos residuales se ve “una intensa relación”.
Hay que añadir la subida del nivel del mar por el cambio climático. Entonces la experta advirtió: “No les quiero asustar, pero les recomiendo ver el proyecto de Grafcan donde se pueden ver las zonas inundables de Canarias en un futuro por la subida del nivel del mar. Buena parte de ellas son turísticas”.
E hizo cinco propuestas: reciclar el territorio litoral degradado; mejorar el tratamiento y la reutilizaron del agua; no hacer nuevas intervenciones en el litoral en zonas susceptibles de ser inundadas; no edificar en cauces de barrancos, no edificar en laderas con pendiente superior al 50%.
“Hay que planificar para la incertidumbre”, por lo que no ocupar más litoral sabiendo que es sensible es lo más responsable y lo más coherente.
Cómo afrontan Barcelona, Baleares y Málaga sus problemas con el turismo
A continuación, David Bondia, del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Barcelona, expuso el panorama actual en la ciudad condal y explicó, entre otras cuestiones, la afectación del turismo de masas a los derechos de los vecinos. Junto él debatieron Iago Negeruela, exconsejero de Turismo de Baleares, quien impulsó durante su mandato en la pasada legislatura medidas tales como una tasa turística; y José María Romero, investigador del proyecto EMCROTUR de la Universidad de Málaga. Este expuso cómo afronta esta ciudad la llegada de millones de turistas mientras lidia con la amenaza del cambio climático y su afectación a las zonas costeras.
Bondia relató que Barcelona fue abanderada del intento de regulación del alquiler vacacional. “Se puso un límite a las viviendas vacacionales y que no todas estuvieran en el centro”. Además, expuso que desde 2022 hay un nuevo plan urbanístico cuyo diseño busca “un equilibrio entre residentes y turistas”.
Además, hizo hincapié en que respecto a las viviendas vacacionales hay que distinguir entre las que tienen licencia y las que no. “En esto Barcelona lo está haciendo muy bien. Hay un equipo de informadores y una web para saber quiénes tienen y quiénes no”. Pese a todo esto, siguen proliferando y muchas sin licencia.
El objetivo, detalló es decrecer en el numero de licencias porque este tipo de alojamientos afecta a la convivencia: “Ahí es donde intervenimos”.
Desde el Síndic del Greuges han identificado varios “derechos fundamentales para los residentes que se han visto alterados por la mala gestión del turismo”, como son el derecho a una convivencia pacifica, el derecho al espacio público, el derecho a la vivienda, el derecho al descanso, el derecho a la movilidad, o el derecho a la seguridad.
Respecto al 20A, Bondia expuso como propuesta para mejorar la convivencia turismo-residente que “hay que poner a los ciudadanos en el centro y dejar de hablar de turismofobia y hablar de ciudadofilia, amor a la ciudad”.
En Baleares, explicó Iago Negueruela, el impuesto turístico lleva implantado ocho años y cuando hubo un cambio en el Govern no se derogó. “Eso demuestra que ha funcionado”. Por ello, “hay que hacer políticas valientes, pese a las fuertes críticas que se reciben al principio. También pasó con la moratoria turística”.
Negueruela animó a “parar y pensar; no parar para pensar mientras todo crece. Ni la tasa ni la moratoria han tenido consecuencias negativas para el sector”, explicó.
Además, detalló que cuando dirigía la Consejería de Turismo de Baleares intervinieron “fuerte” para mejorar salarios y condiciones en el sector. “Así la perspectiva social se integra mejor, eso es también mejorar el mensaje. Ver qué se exige, y no solo pensar en que se comunica mal, sino que a lo mejor no se da lo que la sociedad reclama”, argumentó.
Negueruela añadió que hay otro debate: el crecimiento poblacional. “No podemos seguir con una turistificación que afecta a todo y que someten a mucha presión a los ciudadanos en las ciudades”.
Otro de los límites impuestos en Palma fue a los cruceros.
“El turismo seguirá creciendo”, dijo. Por eso “el debate real es que hay que limitar y reducir. La sociedad lo está pidiendo. Lo que la gente reclamaba (tanto en el 20A como en Baleares recientemente) era principalmente la vivienda, con limitación a los alquileres”. En definitiva, expuso, hay que garantizar derechos básicos, que el turismo aporte más y que las administraciones gestionen mejor.
José María Romero expuso la situación de Málaga y afirmó que es “especial” porque está muy atrasada en cuanto a regulación. “Ahora solo se busca incrementar el número de visitantes, con proyectos de rascacielos por la ciudad y mercantilización incluso de los museos. También hay una gran proliferación de viviendas turísticas. De 2016 al 2023 han aumentado en más de un 2.000% en el centro de Málaga, o sea, que en el centro hay mas plazas turísticas que residenciales”.
La consecuencia es que se ha perdido población en el centro histórico. “Esa turistificación crea un exceso enorme en los precios del alquiler, pero también molestias en los espacios públicos y en la vida diaria de los habitantes. Las viviendas vacacionales se están extendiendo por todo el litoral, con una perdida del 14% en las zonas costeras”, relató.
“No somos conscientes de lo que está pasando”, alertó. “Es una nueva pandemia, la situación es tremendamente grave y afecta a muchos sectores, no solo a los residentes”, añadió y expuso que en Málaga, “por desgracia, no se está haciendo mucho contra la turistificación de la ciudad”. Las consecuencias, insistió, “serán tremendamente graves. Nos cuesta entender la velocidad de lo que está ocurriendo”.
Por ello, animó a pensar qué futuro se quiere. En esta línea, afirmó que uno de los escenarios es el colapso; otro es “el decrecimiento ordenado”.
Tanto a él como a su grupo de expertos en la Universidad malagueña les pareció que “el 20A fue un punto de inflexión” y tras él ya “ha habido protestas también en Baleares y ahora las habrá en Málaga”. Por ello, insistió: “Hay que replantearse las cosas de otra manera, no esperar al colapso”.
Conclusiones
El foro finalizó con una mesa de conclusiones integrada por Rafael Yanes, ex diputado del Común en la pasada legislatura; Alfredo Díaz, jefe pedagógico de la Fundación César Manrique, artista lanzaroteño cuyo legado medioambiental es siempre reivindicado en la defensa del patrimonio natural y cultural de las islas; y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.
Yanes resaltó como conclusión principal que se abre un debate en el que los principales actores de la industria han mostrado su predisposición a escuchar. “Por qué estamos aquí, por el 20A, que mostró un descontento por varios aspectos, principalmente vivienda y transporte colectivo, aspectos en los que la administración ”se ha desentendido“. ”No se ha apostado por la vivienda pública“, señaló.
Además, destacó que debe haber “intervenciones valientes, como limitar las plazas, exigir camas elevables y la ecotasa o impuesto, porque hacen falta impuestos para garantizar los derechos de los menos favorecidos”, ya que Canarias presenta las peores cifras del país en numerosos indicadores sociales, como pobreza o dependencia.
Y añadió que hay “una asignatura pendiente: que el residente entienda que el turismo es bueno para su vida, porque genera dinero que mejora su calidad de vida; pero los números dicen otra cosa: la renta de Canarias está por debajo del 60% de la europea”. Por ello, explicó el rechazo de la sociedad cuando en los medios se ve que llegan más y más turistas mientras el residente sigue sufriendo los peores datos sociales del país. “¿Dónde está yendo la rentabilidad de esa actividad turística? Ese es el principal punto de discrepancia entre industria y sociedad, explicó. Por ello, ”debemos ver al turismo como provechoso y que haya una convivencia efectiva. Pero eso no ocurre“ por la mala gestión que ha habido.
Alfredo Díaz destacó de la jornada que hay una “incertidumbre”: “Todas las voces que hemos oído tienen su mirada, el debate es interesante, pero el tiempo corre, el debate es urgente y nos ha cogido el toro. El tiempo se acabó, hay que actuar”, apremió.
Respecto al 20A, afirmó que cualquier sociedad que se precie se debe alegrar por que la población se manifieste por sus preocupaciones. Pero incidió en que el “modelo desarrollista no puede dejar de crecer, porque es su naturaleza”. Por ello, destacó que se hubiese escuchado durante la jornada de “parar”, “decrecer”, “una idea que viene de atrás”. Díaz expuso que ya César Manrique tenía en los años 80 un manifiesto “durísimo que pedía parar”. “De lo que hablaba era de que para poder organizar bien las cosas, primero hay que parar. Pero ahora estamos a caballo y es imposible”, insistió.
La administración, incidió, “no resuelve porque no hay una solución definitiva, solo tiene un diagnostico aproximado. Las decisiones se toman tomando conciencia. Primero hay que definir el problema, aunque sea una obviedad. Entonces podrás buscar una solución. Tiene que ser así, pero con la urgencia del tiempo”, explicó.
“Si queremos que estas islas tengan futuro hay que proteger el patrimonio natural. Es lo que hicieron Manrique y Cerdá, proteger el valor de lo singular. El viento, los volcanes, en el caso de Lanzarote… Somos únicos e irrepetibles, como nuestros espacios. El respeto a nuestro entorno debe regir en las islas. ¿Por qué no copiamos ese modelo de Manrique y Cerdá? Funcionó, y podría volver a funcionar”, concluyó.
Por último, Carlos Sosa expuso tres conclusiones: la primera, que Canarias no está sola en esta situación y, por tanto, la búsqueda de soluciones podría ser mas fácil porque hay muchos territorios “ocupados y preocupados por estos temas”; en segundo lugar, la falta de gestión ha sido señalada como uno de los principales problemas. Por ello, se preguntó cómo es posible que las diferentes administraciones no hayan detectado no solo el malestar, sino los problemas estructurales que tenemos; y por ultimo, la ciudadanía empieza a ser el centro el centro del debate.
En esta línea, el periodista afirmó que todos “tenemos una responsabilidad” y expuso que el 20A fue “una reacción de la ciudadanía, lo que demuestra que esta puede tomar la palabra cuando quiere. Y debería hacerlo más, no solo cada cuatro años”.
“El 20A ha provocado un cambio, una cierta autocrítica en el sector. Ilusiona ver que la gente toma conciencia del valor de su entorno y de su barrio”. Las administraciones, concluyó, “tienen que recoger el guante”.