El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, pide una mayor regulación de la vivienda vacacional en Canarias, pues la que hay en vigor permite que “prácticamente cualquiera” sea susceptible de este uso.
En un artículo que titula Turistas en nuestras casas y residentes en nuestros hoteles, Marichal indica que el suelo destinado a alojamiento turístico (hoteles y apartamentos) está programado y planificado para dicho uso exclusivamente, de ahí que su precio sea también superior al del residencial y esté sujeto a “un sinfín de normas” de obligado cumplimiento.
Abunda en que “no existen mayores impedimentos” para que a través de la ordenación urbanística municipal se puedan regular zonas destinadas a vivienda vacacional atendiendo, por ejemplo, a indicadores de demanda social de vivienda, “pero la inoperancia y cobardía municipal, en muchos casos, lo hace imposible”.
Pero lo peor, señala el presidente de la patronal tinerfeña, es “la explotación turística ilegal” cuando los propietarios se saltan el principio de unidad de explotación con viviendas que forman parte de un complejo turístico, algo que no permite la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (1995), que determina el sometimiento a un único explotador turístico, quien debe poseer la mayoría, cuando no el 100% de las unidades del complejo.
Sin embargo, “llevamos años asistiendo a un vergonzoso incremento de unidades que salen de la explotación turística, no para un uso privativo, que la ley permite a su legítimo propietario, sino para una explotación turística individual o colectiva no permitida”, critica Marichal.
Esto sucede, además, “con el agravante de declaraciones responsables falsas” realizadas por dichos propietarios “sin que, al parecer, recaiga sobre ellos el peso de la ley por mentir y falsear una información a la administración pública”.
“De nuevo parece que la administración no actúa o lo hace de forma insuficiente para atajar un problema que, si bien es difícil de eliminar, al menos no lo es de acotar, sancionando duramente a quien miente en una declaración responsable”, recalca el presidente de Ashotel.
Marichal afirma estar a favor de la vivienda vacacional siempre que se cumpla “la misma normativa que el resto del sector” y donde su existencia no signifique “la destrucción de empleo y la pérdida de identidad de nuestros pueblos y ciudades”.
Subraya que además de la amenaza para el sector hotelero y extrahotelero, lo es también para la disponibilidad de vivienda para uso residencial, agravada por la inflación.
Y en este punto critica la escasez de vivienda pública en Canarias y la dilación en la redacción o, en su caso, aprobación de los planes generales.
También apunta a otro factor: a los llamados fondos buitre, que durante la crisis financiera de 2008 a 2014 compraron “grandes bolsas” de vivienda ejecutadas de los bancos, “retirando una oferta del mercado para especular con ella”.
Frente a esto, propone que las administraciones pueden actuar, como han hecho algunos ayuntamientos al subir el IBI a los tenedores de vivienda vacía. “Solo saber que dos de cada 10 viviendas en Canarias están vacías da qué pensar”, desliza Marichal.