La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo, lamenta que 2024 concluya sin que “nada haya cambiado” tras “tantos años, tantas legislaturas y con multitud de resoluciones del Parlamento de Cantabria instando y prometiendo soluciones”, y siente que, a veces, “se han olvidado de nosotros”.
“Seguimos aquí, con solo la palabra y nuestro agradecimiento a quienes dan luz a esta situación de injusticia que afecta a los damnificados por las sentencias de derribo” desde hace casi tres décadas, ha señalado la asociación en el balance anual que realiza cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que considera su patrón.
Desde AMA han lamentado que más de 200 personas hayan fallecido sin ver resuelto el “grave problema ocasionado por las instituciones”, 23 fallecidos en este año.
Al respecto, recuerda que son las administraciones públicas las condenadas en más de 32 sentencias firmes que “reconocen los graves daños morales y materiales infligidos a cientos de familias”, y, “año tras año”, “seguimos denunciando que las soluciones no llegan”.
Así, la asociación recuerda que, “al poco tiempo de asumir su cargo”, la actual presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, “nos recibió y nos aseguró que pondría todos los medios para resolver los problemas” y que, a pesar de que una reunión anual le “parecía poco”, “2024 está a punto de finalizar y seguimos esperando” un encuentro.
“Es paradójico”, ha dicho el colectivo, puesto que “nuestra presidenta conoce esta situación desde hace décadas, desde que era portavoz del grupo popular”, y ha recordado que ella misma “presentó numerosas iniciativas y, desde la tribuna del Parlamento, emocionó a muchos con sus palabras de apoyo”.
Sin embargo, ha lamentado que “el tiempo ha pasado, y aquí seguimos. Muchos de los que lloraron conmovidos en aquel momento ya no están entre nosotros”.
Asimismo, AMA señala que la situación en dos ayuntamientos es “especialmente crítica” con el riesgo de que “todos los afectados desaparezcan sin una solución real”.
En concreto, ha indicado que en Argoños 240 familias dependen de resoluciones judiciales que, según expertos, “tienen altas probabilidades de ser negativas”, lo que las dejaría “en una posición aún peor que hace 20 años”.
Según ha especificado, en este municipio se están construyendo tres viviendas de sustitución, que están muy avanzadas, pero representan “apenas unas gotas en un mar de necesidades insatisfechas”.
Por otra parte, en Piélagos, “a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento”, la situación sigue siendo “complicada” y está pendiente de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual “nunca acaba de llegar”.
Viviendas de sustitución
AMA recuerda que desde hace varias legislaturas existe una hoja de ruta que, aunque acumula algunos retrasos, está avanzando en lo referente a las viviendas de sustitución.
Por ejemplo, en Arnuero éstas ya son una realidad “tangible” y se espera que se entreguen a mediados de 2025, mientras que en Escalante “todo indica” que las obras comenzarán el próximo año, a pesar de las “quejas” de algunos afectados sobre el proyecto.
Por último, en su comunicado, AMA se dirige a los representantes políticos para reprocharles que “son muchas las promesas incumplidas”, así como les recomienda que “harían bien en hablar menos, hacerse menos fotografías y ofrecer más soluciones”, y han asegurado que seguirán con sus reivindicaciones y movilizaciones.
“Dejen de gastarnos más inocentadas con resoluciones incumplidas, con sus mentiras y medias verdades”, desea para el próximo año el colectivo para las administraciones a las que les solicita que “cumplan sus promesas y gestionen los recursos públicos de manera responsable y sin dilapidarlos”.