Hace prácticamente un año, en julio de 2020, se creó en Santander un comité de expertos que debía evaluar la continuidad o no del minizoo de La Magdalena. No hay todavía una conclusión y el Ayuntamiento sigue manteniendo la instalación con actuaciones que los regionalistas califican de “parcheo” y que van encaminadas a darla continuidad. El minizoo ha sido objeto de denuncias ciudadanas y de organizaciones conservacionistas por el estado de conservación de los animales.
El PRC de Santander se ha mostrado muy molesto ante la postura de “mutismo” y “parcheo” que sigue adoptando el equipo de gobierno (PP-Cs) respecto a la instalación municipal del mini zoo de La Magdalena a tenor de un nuevo contrato menor aprobado en la última Junta de Gobierno local por valor de 40.000 euros, para retirar la arena que se acumula en las piscinas, un problema que ya reflejaba un informe municipal sobre el estado de las instalaciones.
El pasado mes de diciembre se llevaron a acabo mejoras en la dotación municipal de manera encubierta, tras ser aprobado por el equipo de gobierno una partida económica para el suministro, la instalación y el mantenimiento de las bombas de dicha instalación.
Para el portavoz regionalista, José Maria Fuentes-Pila, es evidente que el equipo de gobierno continúa con su idea de mantener las instalaciones del minizoo de La Magdalena, “sea como sea”, a pesar de que en sesión plenaria nos vendieran que se estaba “a la espera” de los informes del comité de expertos encargado de evaluar la viabilidad de esta instalación.
El regionalista recuerda que fue en julio de 2020 cuando se creó dicho comité de expertos y a pesar de haberles reclamado en varios ocasiones que avanzaran algún dato de dicha evaluación, en febrero de este año “volvimos a reclamar dicho informe, sin recibir respuesta alguna”.
“Estamos ante un cúmulo de despropósitos por la falta de claridad, el mutismo y la desviación de responsabilidades de quienes siguen dilatando en el tiempo un problema con una política de parches cuando en realidad dichas instalaciones debieran estar cerradas desde hace tiempo dadas las condiciones que presentan”.
Fuentes-Pila insiste en que siguen sin conocer qué plazos maneja el Ayuntamiento para dar una respuesta definitiva a unas instalaciones que cuestan más de medio millón de euros al año -unos 30.000 euros por animal. “Este recinto está pidiendo a gritos redefinir sus usos, y ya está bien de echar el balón para adelante para ver si la gente se olvida porque no va a pasar”.