El cambio tarifario de 2012 disparó los ingresos de Aqualia en Santander por los consumos de agua de comercios, hostelería y otros establecimientos

El Servicio de Aguas de Santander se privatizó en 2006 en puertas de unas elecciones y con una lluvia de millones que cayeron en las arcas municipales como consecuencia del fuerte canon inicial, 69,2 millones de euros, que Aqualia depositó para adjudicarse el control durante 25 años. Seis años después, en 2012, el equipo de gobierno de la ciudad, del Partido Popular, modificó sustancialmente el régimen tarifario por motivos medioambientales (reducir el consumo de agua) y para ajustar el recibo del agua al consumo real y favorecer así a los que menos gastan. Transcurridos los años, se ha demostrado que los ingresos de la concesionaria se dispararon gracias a esta decisión municipal mientras los consumos corrieron parejos debido a que fallaron los cálculos sobre incremento de población y por lo tanto de consumos que se hicieron antes de la crisis de 2008, compensando de este modo unos resultados económicos deficitarios en los primeros ejercicios.

En los cinco años siguientes, de 2011 a 2015, la concesionaria Aqualia, según datos de la Intervención municipal, ingresó 8,6 millones más con la modificación de lo que hubiera ingresado si no se hubiera alterado el sistema de tarifas. El consumo no doméstico -que abarca desde actividades industriales hasta establecimientos comerciales y hosteleros de todo tipo, pasando por centros públicos y privados- recibió sobre sus espaldas la mayor carga del encarecimiento del recibo.

Nada más modificarse el sistema de tarificación, el consumo no doméstico se disparó un 56% en los recibos que no afectaban a viviendas, pasando el importe medio a pagar de 244 a 383 euros por establecimiento. Esto ocurrió el mismo año 2012, con respecto al año anterior, en que Aqualia empezó a notar en sus ingresos un alza sustancial de los mismos de entorno un 9,4%, con un incremento medio de los recibos del 10,6% (ese año también experimentó un alza el IVA que se repercutía). A diferencia de los recibos por consumo no doméstico, los de los hogares tuvieron alzas moderadas en comparación: un 4,29% los que no estaban bonificados y un descenso del 11,42% para familias numerosas, entre otros tipos.

En un año, de 2011 a 2012, los ingresos de Aqualia pasaron de 14,2 millones a 17 millones de euros, mientras el consumo anual se mantenía en similares parámetros, cuando no descendía, caso del consumo no doméstico, el que precisamente más se había encarecido.

Al cierre del quinquenio 2011-2015, la Intervención del Ayuntamiento de Santander, que realizó en 2018 un estudio económico-financiero de la evolución de la contrata, constató que la modificación de la tarifa había incrementado los ingresos de Aqualia en 8,6 millones de euros en cinco años, a los que sumaba 1,7 millones de inversiones en la red que el Ayuntamiento estima que debió acometer y no se hicieron. En 10 años, entre 2006 y 2015, Aqualia habría obtenido un superávit de 2,4 millones de euros, 800.000 euros más del máximo establecido por contrato.

Gastos inapropiados, autocontratación y recargos

No fue la única anomalía detectada. Al interventor le llamó la atención que Aqualia, en aquel entonces, computara como gastos de la concesionaria cosas que a su entender no eran imputables. Dentro del concepto 'gastos de mantenimiento' se incluían algunos relativos a pago de personal y la incorporación del servicio al proyecto Smart City. Además, la Intervención consideró que el 5% que se estaba aplicando de recargo a los recibos impagados por los usuarios debería ser ingresado en las arcas municipales y no quedárselo Aqualia.

Otro elemento de discordancia para el órgano fiscalizador fue la autocontratación de obras, es decir, que Aqualia se encomendase a sí misma la ejecución de trabajos, lo que supuso que se contabilizaran gastos por encima de los precios que el Ayuntamiento hubiera obtenido si acudiera a una licitación pública, con notables ofertas a la baja de los licitadores.

Pero es el desequilibrio entre ingresos reales y los previstos lo que hizo recomendar a la Intervención reajustar la relación, para lo cual el Ayuntamiento abrió un expediente en 2019 que se cerró al transcurrir los tres meses de plazo. Se abrió otro en abril pero llegaron las elecciones y desde entonces no se ha vuelto a saber. La complejidad de los cálculos y las alegaciones de la adjudicataria serían las causas oficiales de la demora, aunque no puede descartarse que, dado que han pasado otros cinco años desde el último informe, se espere al cierre de 2020 para tomar una decisión a la luz de los resultados.

Los grupos políticos no están dispuestos a esperar tanto. Desde la izquierda del arco político municipal se pone ya en la diana a Aqualia y se exige una fiscalización estricta de la concesión, una dinámica que no ve con malos ojos el socio de gobierno del Partido Popular, Ciudadanos, que en campaña electoral hizo del recibo del agua un caballo de batalla.