Cantabria es junto a Galicia la autonomía española más opaca en cuanto a la gestión de su publicidad institucional, según el informe independiente elaborado por el Observatorio de Medios, que ha calificado a ambos gobiernos autonómicos con un cero. Castilla y León y Murcia, por contra, son las más transparentes en la gestión del dinero público que emplean bajo este concepto.
El ránking autonómico elaborado por el Observatorio de Medios ha examinado en las 17 comunidades los criterios de reparto y el destino de la inversión pública publicitaria y, en concreto, la cantidad económica por campaña, el departamento que ha autorizado el gasto, el canal y el medio de difusión, su ámbito geográfico y la población-objetivo.
Castilla y León y Murcia han obtenido 18 puntos sobre un total de 20, mientras Aragón tiene 16 puntos en el ránking de Transparencia. Entre las más transparentes se encuentran también País Vasco (13 puntos), Extremadura (11), La Rioja (10), Madrid (9), Valencia (8), Navarra (8) y Cataluña (7).
Por contra, las más opacas han sido Galicia y Cantabria, que han recibido sendos ceros. Tras ambas, les siguen en la parte baja del ránking Castilla-La Mancha y Asturias (1 punto), Canarias y Baleares (2) y Andalucía (4). Además, el informe señala que solo un 18% de las autonomías han explicado de forma transparente y con datos las cantidades asignadas a cada medio de comunicación.
Más transparencia y legislación
Javier Martín Cavanna, codirector del Observatorio de Medios y coautor del informe, ha manifestado que este primer estudio de transparencia publicitaria pone de relieve “la enorme heterogeneidad de las autonomías cuando se trata de rendir cuentas a la sociedad del destino de los fondos públicos”. También ha reclamado una normativa común a todas las comunidades, así como hacer público todo el proceso de contratación y evaluación del impacto obtenido por un órgano independiente.
Cantabria no cuenta con una legislación específica en esta materia, en un contexto en el que intervienen nuevos agentes de comunicación, como las redes sociales, y otras formas de publicidad, como los convenios o patrocinios.
En todo caso, el Observatorio ha recordado que “de poco sirve tener una legislación si no se cumple y la información no es clara y está disponible para todos los ciudadanos en la web”.
Pendientes de regulación
En Cantabria, aún está pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno el decreto regulador de la publicidad institucional, en cumplimiento del mandato que, en marzo de 2017, hizo el Parlamento de Cantabria en el sentido de tener disponible un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional.
Este debería recoger todas las actuaciones previstas por las distintas consejerías y empresas públicas, con carácter anual, para definir cada una de las acciones, su objeto, partida presupuestaria, coste, período de ejecución, herramientas y soportes, difusión, idioma, sentido del mensaje y población objeto de la campaña.
La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria tenía anunciado en consonancia la aprobación de un decreto regulador de la publicidad y comunicación institucional, así como la elaboración de un Plan Anual de Publicidad y Comunicación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dicho decreto cumplió durante la pasada legislatura los trámites internos de tramitación, pero se quedó sin aprobar por el a falta del visto bueno del Consejo de Gobierno integrado por el bipartito PRC-PSOE, mientras que el actual Ejecutivo autonómico del PP liderado por María José Sáenz de Buruaga no ha hecho ningún movimiento en este sentido durante el primer año de legislatura, pese a que era una reivindicación constante del Partido Popular cuando estaba en la oposición.