El parque eólico de El Escudo se está desarrollando administrativamente en Cantabria como si se tratara de un “caseto de aperos”. Además, y mientras está próxima la construcción del polígono, el Gobierno de Cantabria ha frenado la construcción de naves ganaderas por el “impacto paisajístico” que puedan ocasionar, en contraposición con las decisiones que ha tomado a nivel urbanístico el Ejecutivo autonómico que actualmente dirige María José Sáenz de Buruaga (PP) sobre el desarrollo eólico en la comunidad, que concretamente en este polígono prevé la ejecución de 20 kilómetros de pistas, 25 aerogeneradores de 150 metros de altura y sus respectivas instalaciones complementarias.
Con estas y otras argumentaciones, cuatro organizaciones profesionales y la Federación de Municipios de Cantabria se han opuesto a la tramitación, en algunos casos, a través de votos particulares, aunque el expediente sigue su curso. Los colegios de Arquitectos, Ingenieros de Caminos, Ingenieros Agrónomos y Geógrafos votaron en contra del desarrollo del parque eólico El Escudo durante la Ponencia Técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), órgano clave en la validación de los desarrollos en suelo rústico.
Dicha oposición se ha basado en la “opacidad” y en las “deficiencias en la tramitación” con la que se ha desarrollado el expediente, un malestar al que se ha sumado la Federación de Municipios de Cantabria, según ha informado el grupo de colectivos vecinales contrario al desarrollo de este plan y como se refleja en el borrador del acta de la reunión de la CROTU consultada por elDiario.es.
Los colectivos vecinales afectados por la construcción del polígono eólico El Escudo llevan tiempo denunciando “las irregularidades de la tramitación de este megaproyecto energético, pero ahora se conoce que los votos en contra de los colegios profesionales en la Ponencia Técnica de la CROTU, así como sus explicaciones, suponen una dura crítica profesional a este proceso”, señalan. Una vez que la CROTU ha ratificado el proyecto, son los ayuntamientos los que deberán dar las licencias de construcción que les presente la promotora, y una vez que se concedan, empezarán las obras.
El pasado día 30 de octubre se reunió la Ponencia Técnica de la CROTU en relación con el expediente de autorización para la instalación del polígono Eólico El Escudo en suelo rústico no urbanizable que afecta a los municipios de San Miguel de Aguayo, Campo de Yuso, Luena y Molledo. El parque está promovido por Iberdrola, el Banco Santander y Biocantaber. Según se desprende del borrador del acta de la sesión de la Ponencia Técnica de la CROTU de esa jornada, la autorización fue aprobada con 10 votos a favor, seis votos en contra y dos abstenciones.
No obstante, de los votos favorables, la mayoría corresponden a cargos gubernamentales. De entre los votos en contra cabe destacar los cuatro de los colegios profesionales de Arquitectos; de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; de Ingenieros Agrónomos; y de Geógrafos. Varios de ellos emitieron votos particulares para aclarar la motivación de su voto en contra de dicha autorización.
Además, el representante de la Federación de Municipios de Cantabria pidió que constara en acta que la tramitación de la autorización de la solicitud de la instalación del Polígono Eólico El Escudo “no es la correcta”, según la Ley de Cantabria 3/2012, de Ordenación del Territorio, que dice que “la utilización de un procedimiento previsto, para la autorización de casetos de aperos de labranza, para la aprobación de un parque eólico se demuestra erróneo, aspecto que no queda justificado en el expediente analizado”, han asegurado los colectivos vecinales.
Los colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos manifestaron su voto en contra por entender que “la implantación de este tipo de instalaciones de energía renovable deben ser objeto de planificación, dado que deben satisfacer una demanda y ofrecer las suficientes garantías de estabilidad del sistema, siendo además coherentes con la planificación territorial y urbanística” y considerar que “no es admisible que la improvisación vinculada a la decisión de un operador prevalezca sobre la necesaria ordenación sectorial de la energía, la ordenación territorial y la evaluación ambiental estratégica”.
El voto particular del Colegio de Geógrafos expone varias carencias de la autorización del expediente del polígono eólico El Escudo. En primer lugar, denuncia que “la autorización de esta gran instalación productiva, de 25 aerogeneradores, líneas de evacuación, dos subestaciones y carreteras de acceso, que ocupa una amplia extensión de terreno, afecta a varios municipios y que, para dotarla de accesos e infraestructuras para la transformación y evacuación de la producción eléctrica, conlleva una gran urbanización”.
Este Colegio reitera que esta tramitación del expediente de autorización de un polígono eólico mediante el Artículo 116 de la Ley 2/2001 “carece del mínimo respaldo urbanístico”. Concluye, además, denunciando la “opacidad” del expediente de tramitación de la autorización del polígono eólico El Escudo por “las carencias con que se resuelven los informes de la Dirección General de Urbanismo y la falta de consideración hacia al proceso de participación”.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha señalado el doble rasero que tiene la CROTU al admitir expedientes como el del polígono eólico El Escudo, que se implanta en suelos protegidos con la oposición de ayuntamientos y de vecinos afectados, mientras que deniega la autorización para naves ganaderas basándose en el impacto paisajístico, “mostrando una falta de sensibilidad, conocimiento y reconocimiento hacia el sector primario que no parece tener límite”.
Continúa explicando que “tratándose de terrenos de naturaleza rústica, históricamente vinculados al pastoreo y a un uso forestal, incomprensiblemente se ha realizado una concesión por parte de la entidad gestora para un aprovechamiento diferente de lo que sería el propio, sin atender a la afección hacia el sector primario, que se verá gravemente afectado en zonas de clara y manifiesta pobreza y promoviendo una desigualdad territorial”.
“Recientemente, la CROTU ha denegado autorización para la construcción de una nave ganadera en Viaña de Cabuérniga por no adaptarse al terreno. Es decir, esta actividad tradicional y perfectamente adaptada al entorno (y al terreno) y propia de ese lugar no se autoriza, y esta, que no tiene nada que ver con el entorno, en aras a una declaración de interés social, sí puede ser, pese a que de ninguna manera se adapta al entorno ni es aceptada por las personas que viven allí, que ven afectados su patrimonio, su vida, y en algunos casos, su salud, sin que nadie lo tenga en cuenta”, defiende la organización colegial.
Asimismo, denuncia deficiencias en el proceso de evaluación de impacto ambiental “con graves lagunas en la participación ciudadana para una actuación de estas dimensiones y trascendencia social y medioambiental”. Además, señala que este polígono eólico se ubica en zonas de alto valor paisajístico, claves en las migraciones y conexiones interterritoriales, con colindancia directa con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la Zona Especial de Conservación (ZEC), y denuncia que “la ejecución de este proyecto producirá una degradación del paisaje y una transformación absoluta del entorno sin una compensación clara y real para los habitantes”.
Finalmente, denuncia que la apuesta por la sostenibilidad “se ha traducido en la práctica en la creación de un gran negocio en torno a las energías renovables y ninguna intención de cambio en nuestra forma de relacionarnos con el planeta”, enmarcando así su voto en una reflexión de mayor calado.
Los votos particulares de estos colegios profesionales señalan las supuestas irregularidades ambientales y urbanísticas del polígono eólico El Escudo, cuyos sondeos geotécnicos comenzaron el 15 de noviembre. No obstante, la autorización de sondeos se encuentra demandada por la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica ante el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, y ha sido denunciada por la asociación Territorio Cántabro ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, varias direcciones generales del Ministerio, la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
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