La aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', está siendo muy desigual en el conjunto del Estado. Mientras que en algunas autonomías como la Comunidad Valenciana o Madrid el índice de sanciones es relativamente bajo, en otras, como Cantabria, Castilla y León o Canarias, el número de multas tramitadas es considerable.
En concreto, Cantabria es la comunidad que encabeza el listado de las autonomías donde más sanciones se han cursado desde que el 1 de julio del pasado año entrara en vigor esta nueva norma que otorgó mayor poder a las Fuerzas del Orden y que limitó derechos básicos de los ciudadanos como el derecho de reunión, el derecho de manifestación o la libertad de expresión, entre otros.
Entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno en Cantabria dio luz verde a 3.320 expedientes sancionadores, lo cual equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes -más del doble de las interpuestas en Castilla y León (213), la comunidad autónoma que sigue a Cantabria en este particular ránking-, según los datos obtenidos por eldiario.es a través de una petición de información al Ministerio de Interior.
En España, el número total de multas en virtud de la nueva normativa asciende a algo más de 40.000, y la recaudación por esas sanciones podría alcanzar los 18,3 millones de euros solo en los últimos siete meses.
Este diario ha contactado en diversas ocasiones con la Delegación del Gobierno para tratar de conocer cuáles pueden ser, a su juicio, las causas que colocan a Cantabria en el escalafón más alto en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana cuando, precisamente, esta comunidad presume de una baja conflictividad y un ambiente ciertamente pacífico.
Sin embargo, tras varias llamadas ignoradas, los responsables de esta institución, a cuyo frente está Samuel Ruiz (PP), se han negado a realizar este martes cualquier tipo de valoración y no han accedido ni siquiera a que este medio pueda exponer los datos facilitados por el Ministerio del Interior, al cual se remiten pese a que la competencia depende directamente de la Delegación del Gobierno.
Sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, por comunidad autónoma
Los datos se muestran por cada 100.000 habitantes. Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016
Consumo de drogas, la clave
Del total de las 3.320 sanciones tramitadas en Cantabria, cerca de dos tercios (1.972) son por consumo o tenencia ilícita de droga en lugares públicos. En el conjunto del país, el número de infracciones impuestas por este motivo asciende a 18.806. Esto supone que en la comunidad autónoma cántabra se pusieron el 10,5% del total de multas por consumo de drogas, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la población de Cantabria apenas representa el 1% del Estado.
De este modo, aquí puede estar una de las claves para que Cantabria lidere el listado de la autonomías con más sanciones interpuestas por cada 100.000 habitantes recogidas en la Ley Mordaza. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Ha existido algún operativo especial que haya alterado ese ránking o es algo habitual? ¿Son más concienzudos los agentes de Cantabria en esta materia que el resto?
En segundo lugar, la infracción que más se comete en la región se debe a la exhibición de armas en público fuera del lugar de trabajo o actividades deportivas (247), seguido de la resistencia a la autoridad o negativa a identificarse (218), las faltas de respeto a los agentes (215) y el consumo de alcohol en la vía pública (196), tal y como se puede observar en el gráfico elaborado por eldiario.es Cantabria.
Sanciones tramitadas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana en Cantabria 2015
Los datos proporcionados a eldiario.es por el Ministerio del Interior no incluyen las denuncias de las fuerzas de seguridad que todavía no han sido elevadas o fueron desestimadas por el órgano sancionador. Tampoco incluyen las de las policías autonómicas independientes, como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Por tanto, los datos de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentados.